España, Alemania, Francia, Holanda e Italia aprobarán el tipo mínimo del 15% a multinacionales para sortear el chantaje de Orbán

Las principales economías de la UE están dispuestas a sortear el bloqueo de Viktor Orbán y poner en marcha el impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas. Así lo han declarado España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos este viernes en el marco de la reunión de ministros de Finanzas de la UE que se celebra en Praga.

En una comparecencia conjunta en Praga, la vicepresidenta Nadia Calviño ha afirmado: “Hay que incorporar en el ordenamiento europeo los compromisos del G20 y la OCDE. Tenemos que avanzar. En estos momentos necesitamos asegurarnos de que no hay una competencia a la baja y que las grandes empresas contribuyen a los costes de la guerra”.

Los cinco países quieren que se aplique ya la imposición mínima efectiva global en 2023, que sólo depende de Hungría. “A medida que la inflación golpea con fuerza el poder adquisitivo de nuestros conciudadanos, las empresas deben pagar la parte que les corresponde de la carga para aliviar el impacto de la crisis energética mundial”, dicen los cinco responsables de las finanzas de Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos: “Por eso, reafirmamos hoy nuestro compromiso reforzado para implementar rápidamente el impuesto de sociedades mínimo efectivo global. Es una palanca clave para una mayor justicia fiscal a través de una lucha más eficiente contra la optimización y la evasión fiscal”.

Los ministros recuerdan que en el Ecofin de junio de 2022, 26 de los 27 Estados miembros de la UE “expresaron su voluntad de implementar este importante paso hacia la justicia fiscal, y nuestro primer objetivo sigue siendo lograr un consenso. Si no se alcanza la unanimidad en las próximas semanas, nuestros gobiernos están totalmente decididos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos preparados para implementar la tributación mínima efectiva global en 2023 y por cualquier medio legal posible. También estamos totalmente comprometidos a completar el trabajo sobre la mejor reasignación de los derechos fiscales de los beneficios de las grandes multinacionales mundiales con el objetivo de firmar una convención multilateral para mediados de 2023”.

La declaración está firmada por Christian Lindner, ministro de Finanzas de Alemania; Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía de España; Bruno Le Maire, ministro de Economía de Francia; Daniele Franco, ministro de Economía de Italia; y Sigrid Kaag, ministra de Finanzas de los Países Bajos.

Chantaje de Orbán

Como recuerdan los cinco ministros, junio era el mes en el que la UE tenía previsto aprobar el impuesto del 15% a las multinacionales. Pero no. En la reunión precedente del Ecofin, los ministros de Finanzas constataron el veto polaco, que dependía, en realidad, de que la Comisión Europea desbloqueara su fondo de recuperación –36.000 millones de euros–, cosa que acabó haciendo a condición de que Polonia abordara la descolonización política del sistema judicial.

Polonia consiguió ese desbloqueo y, a continuación, levantó el veto a la nueva imposición. Pero, ahora, el veto viene de su viejo aliado, Hungría, que también tiene bloqueado su plan de recuperación por su deriva autoritaria, que ha llevado incluso a la Comisión Europea a activar el mecanismo de condicionalidad por la corrupción detectada en la gestión de los fondos europeos.

El veto de Orbán al impuesto va de la mano de las tensiones de Budapest con los 26 por las sanciones a Rusia.

“Hungría no puede apoyar la propuesta de directiva para un tipo mínimo global en este momento, el trabajo no está listo, creo que tenemos que seguir con los esfuerzos para encontrar una solución”, dijo en el Ecofin el ministro de Economía húngaro, Mihály Varga.

Así, Orbán cumplía finalmente su amenaza de vetar un impuesto mínimo del 15% sobre las compañías multinacionales en línea con el acuerdo alcanzado a nivel internacional en la OCDE el pasado verano.

La propuesta de la OCDE de octubre pasado consistía en dos pilares.

El primer pilar fija que el 25% de los beneficios de las empresas con una facturación superior a los 20.000 millones de dólares (unos 19.000 millones de euros) y una rentabilidad superior al 10% tendrían que pagar impuestos en los países en los que tienen su actividad. Según la OCDE, el pilar uno afectaría a cerca de las 100 mayores multinacionales –Google, Facebook, tecnológicas, etc– y generaría unos 125.000 millones de dólares (119.000 millones de euros) en ingresos anuales a los países y territorios afectados.

El segundo pilar, que se debatía este viernes en el Ecofin, introduce un tipo mínimo global del 15%, que se aplicaría a empresas con ingresos superiores a los 750 millones de euros. El Observatorio Fiscal de la UE calculó que los países de la UE podrían ingresar unos 80.000 millones de euros anuales con la reforma.