España es uno de los países europeos con la legislación más restrictiva respecto al número de horas extra que se pueden realizar al año. A la vez, la normativa es la menos generosa con los empleados. La mayoría de regulaciones contemplan un abono superior de ese tiempo de más dedicado al trabajo, según un informe presentado este jueves por UGT. “Es un anomalía”, ha denunciado el vicesecretario general de Política Sindical de la unión, Fernando Luján.
Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias son todas aquellas que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. La norma solo establece que pueden ser compensadas, como mínimo, por igual valor que la hora ordinaria, si se negocia mediante convenio colectivo o por contrato individual. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha llegado a interpretar que a estos tiempos no hay que aplicarles los complementos extrasalariales lo que, de facto, hace que los trabajadores cobre menos. En caso de no abonarse, deberán compensarse con tiempos equivalentes de descanso retribuido en los siguientes cuatro meses. En el primer caso, solo pueden realizarse 80 horas al año, mientras en el segundo ni siquiera se computan.
“Retribuirla como una hora ordinaria es una anomalía. En el resto de países europeos se abonan al menos, en el caso francés, un 10% por encima. Hay otros que llegan al doble, al 100%. Y la media está entre el 30 y el 50%”, ha explicado Luján. Del Informe sobre la regulación de la jornada en Europa se desprende un “alto grado de heterogeneidad” sobre este asunto pero, “en general, los Estados miembro prevén que las personas trabajadoras sean compensadas con un tarifa salarial superior a la normal”, indica. De las 29 legislaciones analizadas, tan solo una decena, entre ellas España, no compensan las horas extra por encima de las ordinarias. Las otras son Croacia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Rumanía y Estonia. En el otro extremo, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Malta o Polonia llegan a pagar primas de hasta el 100%, que en el caso de Lituania llega hasta el 150% en días festivos.
En un contexto de negociación colectiva para reducir la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales para 2025, que beneficiaría a 12 millones de trabajadores, desde el sindicato recuerdan que “pese a que la jornada legal en Europa es muy similar a la española, en los países más avanzados, como Alemania, o incluso Francia, la real está en el entorno de las 35, porque se traslada a la negociación colectiva, donde los sindicatos tienen una presencia fuerte”.
El informe de UGT sitúa a España como duodécimo país de la Unión Europea, además de Noruega y Reino Unido, por límite de jornada laboral, con una jornada laboral media de 38,4 horas. En lo alto de la lista, están Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Bélgica, Chipre, Chequia, Italia y Países Bajos. Si se cruza esta lista con los datos de productividad de Eurostat, el resultado es llamativo: ocho de ellos estaban por encima de España en este indicador en 2022. “Los países que tienen las jornadas laborales más largas no son los más productivos, todo lo contrario”, han insistido desde el sindicato.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2023, en España, tan solo realizan horas extra unos 900.000 asalariados, el 5% del total. De ellos, menos de medio millón las cobran. Pero, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo, adelantados este miércoles por El País, la Inspección realizó en el último ejercicio más de 35.500 intervenciones, que se saldaron con un 12% más de infracciones detectadas que en 2022. En total, fueron 14.292. Además, 147.861 trabajadores se vieron afectados por incumplimientos de tiempo de jornada y horas extra, el ejemplo más evidente de que la realidad laboral no va siempre de la mano de la legislación.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, agradeció a la Inspección de Trabajo su labor para “perseguir a quienes vulneran derechos laborales” y recordó, a través de su cuenta de X (antes twitter) que “toda persona trabajadora que no tenga garantizadas unas condiciones dignas puede denunciarlo anónimamente” en el buzón que este departamento puso en marcha en 2013 como 'Buzón de Lucha contra el Fraude' y que en 2018 se adaptó al formato actual. En el último ejercicio con datos disponibles, el de 2022, había impuesto, tras notificaciones recibidas por esta vía, 17 millones de euros en multas. Además de la reducción de la jornada, el Gobierno pretende reforzar también las normas de control horario, para garantizar que este se ajusta a la realidad de las personas trabajadoras.
El informe de UGT pone, según su secretario general, Pepe Álvarez, “negro sobre blanco los argumentos que han ido manteniendo las organizaciones sindicales”. De hecho, en enero presentaron ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una demanda para que se aumente la remuneración de las horas extraordinarias. En concreto, el sindicato reclama a este ente, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Social Social Europea, que se bonifiquen las horas extra con, al menos un 25% más del valor de las ordinarias. Lo hace acogiéndose al artículo 4, por el que las partes, incluida España, se comprometen a “reconocer el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares” para “garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa”.
“A nosotros nos gustaría poder retirarla (la demanda), si somos capaces de establecer una reforma con la que la ley esté de acuerdo con el derecho comunitario, porque la legislación europea, a la que recurrimos, nos es propia”, ha reconocido Álvarez, en referencia al la negociación entablada entre sindicatos, patronal y Gobierno para reducir la jornada laboral. En la misma línea, ha insistido en la oportunidad de utilizar ese canal de diálogo para regular “todo lo que tiene que ver con las horas extraordinarias, que no solo coticen, sino que sean un instrumento que sirva de coeficiente reductor para la edad de jubilación”, ha puesto como ejemplo.
En la línea del diálogo social, Álvarez ha reconocido que “hay un tiempo para negociar con al CEOE”. Un tiempo que ha acotado a “antes de las vacaciones de verano”. “Si en ese periodo hay acuerdo (para la reducción de la jornada laboral), lo tendríamos que plantear de manera común ante el ministerio, para que hiciera las reformas legislativas pertinentes. Si no hay acuerdo, queremos que el Gobierno plantee ante el Congreso de los Diputados la modificación legal”, ha señalado, tras insistir en que la oportunidad de entablar las conversaciones que se vienen produciendo en los últimos meses se ha dado por el acuerdo entre PSOE y Sumar, que ha permitido que la patronal “se abra” a la negociación.
En medido de estas negociaciones y tras el proceso abierto ante el Comité europeo, que puede alargarse aún “por un tiempo de dos años, por lo menos”, desde el sindicato esperan tener en los próximos días una resolución sobre la denuncia al Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Social por “los bajos costes del despido” en España.
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