Los ministros de Recursos Hídricos de Etiopía, Egipto y Sudán empezaron hoy una cuarta reunión para resolver la disputa por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) en el Nilo Azul, que enfrenta a El Cairo y Adís Abeba.
“Deseo un final exitoso para esta reunión”, afirmó el ministro etíope de Recursos Hídricos, Sileshi Bekele, en su cuenta oficial de la red social Twitter ante del inicio del encuentro en un hotel de Adís Abeba.
“Hasta ahora, hemos abordado todos los problemas importantes, pero hasta que alcancemos un acuerdo todo está abierto. Etiopía busca el uso equitativo y razonable del Nilo y que todos salgan ganando”, señaló el ministro.
“Esta es nuestra última oportunidad”, advirtió Sileshi después en su declaración de apertura de la reunión, la cuarta y última de una ronda de negociaciones entre ministros del ramo y comités técnicos impulsada tras la mediación de Estados Unidos en noviembre pasado.
El titular etíope de Recursos Hídricos también avisó de que “demasiada interferencia política e indecisión impidió los avances en las negociaciones” en el pasado, y abogó por dar “soluciones técnicas a problemas técnicos”.
Por su parte, el ministro egipcio de ramo, Mohamed Abdel-Aty, aseguró que su país está de acuerdo en los “ingredientes básicos” de un pacto, pero matizó que persisten “diferencias” sobre cuestiones como el “umbral de sequía”.
La reunión, que acaba este jueves, antecederá a otra de los ministros de Exteriores y Recursos Hídricos prevista en Washington a mediados de este mes.
Egipto está haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo sobre la presa, que considera una “amenaza a la seguridad nacional” porque el proyecto puede reducir notablemente el agua que llega a sus campos y presas desde Etiopía a través de Sudán.
Etiopía empezó su construcción en 2011 para garantizar recursos hídricos al país del Cuerno de África, que además planea exportar electricidad para generar riqueza e impulsar su desarrollo, y prevé que la obra quede terminada en 2023.
Egipto, Etiopía y Sudán acordaron en 2015 que la construcción de la presa no debía afectar a la economía, al caudal del río y a la seguridad hidroeléctrica de ninguno de los tres Estados ribereños, pero desde entonces sólo se han producido discrepancias.