En rueda de prensa, tras reunirse con los sindicatos UGT y CC.OO, en que ha firmado un manifiesto, Sánchez Legrán ha subrayado que defender a Facua en estos momentos supone “defender la libertad de expresión”, y ha asegurado que su organización “no se va a callar”, al tiempo que no van a renunciar a “defender a los consumidores ante los abusos de empresas y gobiernos”.
Así, el presidente de Facua ha vinculado la advertencia de ilegalización presentada por el Gobierno al apoyo que brindaron a las centrales sindicales al sumarse a la última huelga general convocada por los mismo. “El Gobierno ha encajado mal nuestra lucha contra los abusos”, ha reiterado.
“Quieren constringir nuestra actividad sólo aspectos mercantiles, y no que desean que opinemos en muchas materias que afectan a los ciudadanos como la sanidad o medioambiente”, ha apostillado.
Con todo, el representante de Facua ha manifestado que “no va a aceptar las amenazas del Gobierno”, a lo que ha añadido que seguirán con sus respectivas actuaciones que “consideren legitimas y amparadas por la Constitución”.
Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha reivindicado que se trata de “una campaña de acoso por parte del Gobierno”, en consonancia con la incomodidad que le generan las actuaciones promovidas por Facua “en legitimo desacuerdo de su actividad”. De esta forma, el líder sindical ha admitido que es un “intento de amordazar a la sociedad civil, que desde hacia mucho tiempo que no se habían dado tan groseros ”.
Asimismo, Toxo ha dicho que “no hace falta ser avispado” para observar que las últimas acciones del Gobierno en este sentido están dentro del propósito de preparar a la sociedad española para el ''shock al que se les va a someter cuando se produzca el rescate a la economía española.
Por ello, Toxo ha apremiado al Ejecutivo a que retire de “forma inmediata” todas las actuaciones que amenazan con conducir a la ilegalidad más absoluta a una “organización tan importante” como Facua.
A su vez, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha estimado que el Gobierno “pretende utilizar a Facua como cabeza de turco para imponer la ley del silencio, y ha asegurado que la posible ilegalización de esta organización supondría un ”precedente mortífero“ para la libertad de expresión.
“Consideramos que el Gobierno se equivoca gravemente al aplicar estas medidas, no va a conseguir los objetivos que pretende, dado que el clima y la incertidumbre de rechazo van a ir en aumento”, ha sentenciado Méndez.
Tanto los responsables sindicales como el presidente de Facua han aprovechado la reunión para exigir al Gobierno un referéndum sobre los recortes que está llevando a cabo en materias como la educación o la sanidad pública.