El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos presentados por todas las empresas concesionarias de las nueve autopistas que quebraron en la crisis financiera de 2008, fallando en contra del cálculo que ha hecho el Gobierno de su rescate, por lo que este coste seguirá aumentando.
Actualmente, el Ejecutivo ha cifrado en 1.021 millones de euros el rescate de ocho de esas nueve autopistas, importe resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.
Pese a que todavía hay margen respecto al coste total que previó el Ejecutivo, de 3.305 millones de euros, el revés del Supremo tumba parcialmente la fórmula que se aprobó para calcular este importe, por lo que la factura total podría disparar esta cifra. Además, contra estas sentencias no cabe recurso.
Según las últimas sentencias consultadas por Europa Press, algunas de las fórmulas utilizadas por el Gobierno para calcular ese coste han sido anuladas, después de que el Supremo así lo haya decidido al considerar que no eran procedentes.
Por ejemplo, no se podrá minorar del importe a pagar a las empresas el 25% abonado por la Administración a los expropiados o se estimará como inicio de la amortización el día en que la vía se puso en servicio o en el que se inició el cobro de peajes.
También se tendrá en cuenta que las inversiones realizadas por el Estado para poner a punto las carreteras rescatadas nunca harán alusión al estado en el que estaban cuando se abrieron, sino en el que se encontraban cuando se procedió a su liquidación.
En total, se trata de nueve sentencias que estiman parcialmente las pretensiones de las empresas, siete de ellas como respuesta a los recursos presentados por las siete concesionarias de las nueve carreteras, otro presentado directamente por Sacyr, ACS e Iberpistas (Abertis) y otro de Bankia, que también formó parte de una concesión.
En concreto, de la radial 4 (Ferrovial y Sacyr), la M-12 (OHL), la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), la AP-36 (Ferrovial, Europistas y Budimex), las radiales 3 y 5 (construidas bajo una única sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS), la radial 2 (Abertis, ACS, Acciona y Globalvía) y la AP-7 en la circunvalación a Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) y entre los municipios de Cartagena, en Murcia, y Vera, en Almería (Globalvía y Ploder).
Los rescates más caros son los de las carreteras situadas fuera de Madrid, como es el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que asciende a 320 millones de euros, aunque el Estado ya pagó 411 millones en una primera resolución provisional; el de la Circunvalación de Alicante, que asciende a 308 millones; y el de Cartagena-Vera, de otros 283 millones de euros.
Ya en Madrid, el coste del rescate de las Radiales 3 y 5, ideadas para descongestionar el tráfico en las autovías de Valencia y Extremadura, asciende a 119 millones, el de la AP-41 a Toledo a 53 millones y el de la M-12 al Aeropuerto de Madrid Barajas a 46 millones de euros.
Por el momento, el de la R-4 es de cero euros, dado que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura. Por su parte, la novena autopista, la R-2, todavía no ha obtenido su Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).