La escena era casi la misma, solo que medio año después. En marzo, con el presidente del Gobierno y, el pasado miércoles, con la vicepresidenta Nadia Calviño, el Ejecutivo abordaba junto a los líderes sindicales y patronales la necesidad de “un pacto de rentas” para afrontar el deterioro económico derivado de la guerra en Ucrania. Un pacto que en todo este tiempo no ha pasado más allá de un título, critican los sindicatos, sin una mera reunión específica ni propuestas del Ejecutivo y con la negociación salarial rota con los empresarios. Seis meses después, el horizonte económico ha empeorado y, sin un verdadero pacto de rentas, no está en juego solo quién soporta más daños de la crisis de inflación, sino que el frenazo de la actividad sea incluso más brusco por el golpe en el consumo y el riesgo de impago de hipotecas, entre otras consecuencias.
La primera vez que oímos hablar del ‘pacto de rentas’ acababa de comenzar la invasión rusa de Ucrania y la guerra estaba en sus primeros compases. El presidente Pedro Sánchez afirmó en el Congreso que la respuesta de la UE contra Rusia tendría consecuencias: “Van a tener un coste y van a exigir sacrificios”.
Sánchez reclamó entonces “un gran pacto de rentas” a empresarios y sindicatos del lado de “los costes salariales”, con menores incrementos de sueldos, y de “la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas”. Todo ello para “evitar caer en una espiral de precios, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga en riesgo la recuperación económica”.
Pero tras una primera reunión en marzo para emplazar a este acuerdo, “no ha habido nada”, insisten en CCOO y UGT. Ni una reunión tripartita para abordar qué debería incluir este pacto, ni un envío de propuestas por parte del Ejecutivo. Hasta este miércoles, cuando Nadia Calviño ha vuelto a insistir en la necesidad del pacto sin concretar de nuevo su contenido, explicaron los sindicatos.
Hasta ahora todo ha girado en torno a la petición de un pacto salarial a los agentes sociales, que está bloqueado desde su ruptura hace meses. La patronal se niega a compensar la inflación en los próximos años mediante cláusulas de revisión salarial y los sindicatos aceptan ahora alzas moderadas, para no generar bucles inflacionistas en estos momentos, pero insisten en que las cláusulas a posteriori son indispensables para evitar el empobrecimiento de los trabajadores. En CCOO y UGT reiteran: el pacto salarial es necesario, pero no es el único elemento de un pacto de rentas. Y el Gobierno no está avanzando ni dando pasos para facilitarlo, lamentan.
El daño de la crisis golpea a los trabajadores
Los propios sindicatos mayoritarios y distintos economistas advierten de que la ausencia de un pacto de rentas ha supuesto hasta el momento que la distribución del daño de la inflación entre beneficios empresariales y salarios no sea un reparto, sino que el golpe ha recaído sobre una de las partes, la de los trabajadores.
Esta conclusión la confirmó este mismo jueves el Banco de España con la publicación de la Central de Balances Trimestral (datos de 920 empresas). La institución observa que, en el primer semestre de 2022, “la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta, reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta”. Y que esta evolución “se tradujo en una mejora de la rentabilidad de las compañías [la capacidad de convertir los ingresos en beneficios]”.
“A pesar del notable avance de los costes de producción, los excedentes empresariales [los beneficios] se expandieron a un ritmo elevado, y se registraron ya niveles muy similares o incluso algo superiores a los existentes antes de la crisis del COVID-19”, continúa el Banco de España. Por supuesto, hay diferencias por sectores, dado que algunos sí sufren el incremento de la energía. Mientras, en positivo destacan la industria y el comercio y la hostelería, y más en concreto “las generadoras de energía eléctrica”, con mejoras de los márgenes de hasta 25 puntos porcentuales.
Solo mantener los márgenes ya “es mucho”, según distintas fuentes económicas, en un contexto del 10% de inflación (según el IPC). Lo admite incluso el Ministerio de Asuntos Económicos al observar el deflactor del PIB. Se trata de otra forma de medir las subidas de precios, y que en el segundo trimestre se quedó en el 3,6%, mostrando la contención de los sueldos, como lo hacen también otros indicadores, como el 2,6% que apenas suben los salarios en los convenios negociados.
Y que no haya reparto del daño derivado de la inflación tiene efectivamente implicaciones para la capacidad adquisitiva de las familias, para la equidad… y por último para la actividad en general. Esta derivada de fondo obliga a superar la idea de que la parte más interesada en el pacto de rentas, o en un acuerdo de subidas en salarios, es la de los trabajadores.
Ampliando la perspectiva, el golpe que asesta la inflación al consumo de los hogares, y que exacerba la ausencia de un pacto de rentas, supone agravar el frenazo que ya sufre el crecimiento en un contexto de elevada incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania y por la escalada de la crisis energética. En definitiva, evitar la pérdida de poder adquisitivo de las familias es un problema de todos. También de los empresarios. Y por supuesto, del Gobierno.
Es un problema macroeconómico. Más relevante ante la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés de referencia para “enfriar” la economía y luchar así contra la inflación. La institución busca encarecer las hipotecas y el resto de préstamos para frenar el consumo y la inversión, y así dejar de alimentar las subidas de precios.
El BCE no se esconde, asume el riesgo de provocar una recesión y un aumento del desempleo, lo que subraya la importancia de alcanzar el pacto de rentas. Este jueves, en el boletín económico que publica cada mes, la institución admitió que “los nuevos datos indican que, en general, la evolución de los salarios sigue siendo contenida [en el conjunto de la eurozona en este caso]”.
Bloqueo en la negociación de salarios
Septiembre, como punto de reinicio de curso tras las vacaciones de verano, ha resucitado el debate del pacto de rentas y la negociación salarial, que han urgido reabrir los sindicatos. Pero esta última se antoja muy complicada por el bloqueo de los empresarios, que ya mandan incluso el mensaje de que no es necesario.
La postura de las patronales se asienta en varios factores. Por un lado, la mencionada carga de la inflación en los salarios, mientras aguantan los beneficios en las empresas, pero por otro –y no menos importante– porque la CEOE vive ahora elecciones internas para la reelección de su presidencia. Su líder, Antonio Garamendi, se presenta de nuevo al cargo y necesita llegar a noviembre con el apoyo de las organizaciones empresariales, algunas de las cuales han sido muy críticas con él por cerrar acuerdos con el Gobierno de coalición y los sindicatos.
En los meses previos a su reelección, desde el diálogo social ven casi imposible que Garamendi y la CEOE realicen algún tipo de acercamiento en el tema salarial, pese a la importancia del momento económico. Más aún, cuando nos adentramos en otro proceso electoral clave, el político, que cuenta con un Partido Popular renovado con Alberto Núñez Feijóo al frente, con el que muchos empresarios se encuentran más cómodos.
Antonio Garamendi ha mostrado un acercamiento a Feijóo, “un líder serio”, como le calificó en una reciente entrevista en El Mundo. Mientras, el dirigente de la patronal ha endurecido el tono contra la coalición de gobierno, que también ha elevado la presión sobre los empresarios. Desde el presidente Pedro Sánchez, hasta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, son varias las voces que critican a la patronal por no subir los salarios y su rechazo a los impuestos extraordinarios a empresas como las energéticas, con ingresos disparados por el incremento de precios.
CCOO y UGT ya han avisado de que preparan un calendario de movilizaciones para forzar a las empresas a negociar. Prevén un “otoño caliente”. Los sindicatos consideran “inevitable” aumentar la conflictividad laboral, con huelgas y manifestaciones coordinadas, ante la cerrazón de los empresarios. “Subir los salarios es prioritario”, reiteran los líderes de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que reciben también desde Europa una llamada a la movilización. De fondo, el temor a que los trabajadores vuelvan a pagar una crisis, alerta la Confederación Europea de Sindicatos, con el recuerdo reciente de la crisis financiera y de sus consecuencias.
La máxima de las centrales sindicales pasa por recomendar subidas de sueldo ahora alrededor del 3,5%, muy por debajo de la inflación por encima del 10%, pero con el compromiso de que se compense la diferencia a los empleados en los próximos tres años mediante cláusulas de garantía salarial. Si la patronal se niega a cualquier tipo de compensación, Unai Sordo advirtió de que “eso nos lleva a plantear una subida salarial del 8% y eso sí que puede generar una espiral de inflación”.
Se han aprobado medidas, pero se reclaman más
Ante el nuevo emplazamiento al pacto de rentas, desde los sindicatos reiteran su predisposición a negociar. Sobre todo a los empresarios, a los que exigen altura de miras por el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de la población y el perjuicio para la marcha de la economía en su conjunto, no solo de los hogares. También al Gobierno, con una negociación real de qué medidas pueden englobar el pacto de rentas y qué papel tiene el Estado y los fondos públicos en este.
El Ejecutivo ya ha ido desplegando varias medidas para repartir renta y aliviar los daños de esta crisis inflacionaria entre los más vulnerables, reconocen en los sindicatos. Medidas como el aumento del 15% del ingreso mínimo vital, el tope a la subida de los alquileres y los impuestos extraordinarios de las empresas energéticas y la banca, por ejemplo. Pero en CCOO y UGT recuerdan que no han sido negociadas ni dialogadas con los agentes sociales, por lo que no existe ese ‘pacto’ que reclaman desde el Gobierno.
Las centrales sindicales urgen a abordar con seriedad el debate, con diálogo y más medidas, que en su opinión serán necesarias para afrontar lo que viene. Por ejemplo, una subida del salario mínimo más elevada de lo previsto, requieren ambos sindicatos, así como apoyar más con fondos públicos a los hogares que atraviesan dificultades económicas por la inflación. Ya sea con transferencias directas o con fondos de rescate, que UGT propone para las hipotecas. “Más medidas y dialogadas”, insisten en los sindicatos.
La amenaza de una recesión en la eurozona es cada vez mayor, con el riesgo de un corte del suministro de gas ruso, que sitúa a Alemania y a otras economías del norte en la peor situación. En mejor posición se encuentra España, que vive un momento más intenso de la recuperación. Por un lado, por ser el país entre los grandes que iba más retrasado. Y, por otro, por la explosión del turismo en el primer verano sin restricciones por la COVID.
Sin embargo, de lo que no cabe duda tampoco en nuestro país, pese a estar menos golpeado directamente por la guerra en Ucrania, es de los países que más ha sufrido un frenazo de la recuperación. Eso se debe a la crisis energética y la inflación en general, además de a la política monetaria del BCE, que ha decidido a reducir los precios aunque se caiga temporalmente en recesión.
Este mismo viernes, el INE confirmó que el PIB de España creció un 1,5% en el segundo trimestre –el doble que la eurozona–. Estadística también revisó que precisamente en este arranque de año la actividad se contrajo un 0,2%, “por el impacto de la pandemia, los paros del transporte y el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania”.
Ahora mismo, incluyendo la actualización de estas cifras, de cara al tercer trimestre, la estimación en tiempo real de la AIReF apunta a otra caída del 0,2%, detrás de la que habría ya un retroceso del consumo y de la inversión de las empresas. Aunque todavía quedan muchos datos por recoger, según admite la propia Autoridad fiscal, que depende del Ministerio de Hacienda.