El Gobierno está diseñando medidas para que la edad real a la que se jubila la población en España, ahora de 64,6 años, se aproxime a la legal para hacerlo, los 65 años y 10 meses este 2020 y que se irá ampliando hasta los 67 años en 2027. El ministro José Luis Escrivá apuesta sobre todo por dos vías: endurecer la jubilación anticipada y fomentar la “demorada”, es decir, que se siga trabajando voluntariamente pasada la edad de jubilación. Esta última opción es bastante poco utilizada en España, el segundo país de la UE con la menor tasa de trabajadores de 65 o más años, un 2,4%, solo por detrás de Luxemburgo.
La tasa de empleo a partir de los 65 años en España es del 2,4%, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2019, frente a una media en la UE del 6,4%. España solo se sitúa por detrás de Luxemburgo, con un 2,3%, mientras que países de nuestro entorno presentan datos más elevados, como Francia 3,3%, Portugal 11,5%, Grecia 3,7% e Italia 5%.
Salvo en algunos casos concretos, en España no es obligado retirarse llegada la edad legal de jubilación, pero pocas personas optan por seguir trabajando pasado ese horizonte. Más allá de la decisión personal de querer seguir en activo, suele haber dos motivaciones principales para continuar trabajando: intentar aumentar la cuantía de la pensión que se va a recibir en la vejez y, en el caso de los trabajadores con salarios muy elevados, ahorrar algo más en sus últimos años de carrera laboral antes de pasar a cobrar la pensión, que disminuirá notablemente sus ingresos ya que está topada con un máximo, de 2.683,34 euros en 2020.
Entre las actuales herramientas para prolongar la vida laboral destacan los incentivos económicos a demorar la jubilación, de entre un 2% y un 4% de aumento de la pensión por cada año trabajado de más, pero que no alcanzan el 5% del total de pensiones, según los datos presentados por el ministro Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo. La pensión mejorada nunca podrá quedar por encima de la pensión máxima establecida cada año. Por otro lado, está la jubilación activa, por la que los trabajadores pueden compatibilizar el empleo y recibir parte de la pensión (el 100% en caso de los autónomos con al menos un trabajador contratado) cuando cumplan algunos requisitos, como haber superado la edad ordinaria de jubilación.
Los últimos datos anuales de la EPA, de 2019, indican que los trabajadores de 65 o más años suponían 211.400 personas del total de 19,8 millones de trabajadores. La mayoría son hombres, 122.800 trabajadores, y el 42% (88.600) son trabajadoras. Hay que destacar que algo más de la mitad de los trabajadores con más de 65 años en España son autónomos, según las cifras del último trimestre de 2020, mientras que en general los trabajadores por cuenta propia suponen el 16,5% del conjunto de trabajadores en España. Uno de los motivos detrás de esta extensión de la vida laboral de los autónomos puede radicar en que las las cuantías de las pensiones de los trabajadores por cuenta propia son más reducidas, por lo que los aumentos de la jubilación demorada resultan más atractivos.
Por sectores de actividad, los que más trabajadores a partir de 65 años tienen son el comercio (42.400 personas según la última EPA), las actividades sanitarias y de servicios sociales (26.800 trabajadores) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (26.700 personas). Por ocupaciones, los que más alargan sus carreras pasada la edad de jubilación son los técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
El ministro Escrivá ha anunciado que impulsará dos líneas de actuación para fomentar la jubilación demorada: mejorar los incentivos económicos de aumento de pensión y la complementariedad del empleo y la pensión que se conceden a día de hoy y, por otro, dar más publicidad a estas herramientas. El responsable de la Seguridad Social advirtió de que son muy desconocidas por la población y cree que esto explica en parte el limitado uso de ellas. Dado el aumento de la esperanza de vida y el reto que supone el envejecimiento de la población, con un peso creciente de la población anciana frente a la que está en edad de trabajar, las instituciones europeas reclaman a los países que impulsen el “envejecimiento activo”, con una prolongación de la vida laboral.
Hay que mirar al mercado de trabajo
Los ocupados de avanzada edad están aumentando en los últimos años sobre todo empujados por el aumento de las trabajadoras. “Es una cuestión generacional”, recuerda el economista Florentino Felgueroso, dada la incorporación más tardía de las mujeres al mercado laboral. El investigador de Fedea, al igual que la profesora del departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares Inmaculada Cebrián López, señalan a elDiario.es que alargar la vida laboral debe ir acompañado necesariamente por medidas que modifiquen algunos problemas del mercado de trabajo que dificultan que las personas se mantengan en activo a edades avanzadas. “Tratar de ajustar lo que ocurre tras la vida activa en el mercado de trabajo no podrá tener buenos resultados si lo que ocurre en los años previos a ese momento no lo es”, advierte Cebrián López.
La docente y Florentino Felgueroso destacan una cuestión fundamental para poder prolongar los años trabajados: la formación a lo largo de la vida laboral. “Si a partir de los 40 y tantos desconectas, a la velocidad que van los cambios técnicos y tecnológicos en la actualidad, vas a estar totalmente desplazado en el mercado de trabajo al cabo de unos años. No podrás alargar la vida laboral si no alargaste previamente la formativa”, sostiene el economista, que recuerda que España va muy retrasada en este sentido respecto a otros países europeos. La formación y recualificación, advierten ambos economistas, pueden permitir que las personas de avanzada edad sean recolocadas y funciones más adaptadas a sus posibilidades. “Esto es fundamental cuando hay sectores que pierden peso en la economía, como pasó con la construcción y hay que ver qué sucede ahora con la hostelería”, apunta Felgueroso.
El investigador de Fedea recuerda además que en otros países existen fórmulas, como los 'bonus malus', que “premian a la empresa por mantener trabajadores de edad avanzada o incluso penalizan en cas de despido” y que también podrían explorarse en el caso de España. Desde UGT denuncian que muchas empresas “expulsan” a las personas mayores de 50 años para sustituirlas por trabajadores con menos derechos y salarios, por lo que abogan por “reformar el despido, para causalizarlo y evitar estas situaciones en las que se puede despedir sin apenas causa”, denuncia Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato.
Porque otro de los principales problemas laborales de los trabajadores en edades previas a la jubilación es la escasa capacidad de retorno al mercado de trabajo, en la que coinciden todas las fuentes consultadas. Prácticamente la mitad de las personas desempleadas de más de 50 años son parados de larga duración, es decir, que llevan más de un año en esta situación. Una de cada tres lleva buscando empleo más de dos años.
La falta de oportunidades laborales a estas edades avanzadas provoca que para muchas personas que se descolgaron del mercado laboral el acceso voluntario a la jubilación anticipada sea la única salida, subraya Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, por lo que pide mucha cautela ante el anuncio de Escrivá de endurecer este mecanismo. “Lo que no puede ser es que se expulsa a estas personas del mercado de trabajo, les dejo con el subsidio de mayores de 55 años, que es de una cuantía muy muy limitada (430 euros) y luego les dificulto el acceso a la jubilación anticipada. Esto hay que discutirlo mucho”, destaca Bravo.
Aunque el ministro ha explicado que los nuevos desincentivos a la jubilación anticipada estarán centrados en las pensiones más elevadas, el representante de CCOO afirma de que este colectivo es “una minoría” entre quienes optan por jubilarse antes de la edad ordinaria. CCOO se abre a revisar el mecanismo de penalizaciones, pero Carlos Bravo recuerda que los beneficiarios de pensiones más elevadas, que se ven menos resentidos por las penalizaciones con el sistema actual, han contribuido con bases de cotización muy altas. “Esta gente ya tiene una penalización entre lo que contribuyen y lo que reciben, porque la pensión máxima está muy por debajo de sus bases de cotización”, destaca.
Una visión transversal, que relacione el sistema de pensiones con el mercado de trabajo, es la premisa que exigen todas las voces consultadas para articular realmente una estrategia efectiva que prolongue los años trabajados en España. Pero también importantes políticas como los cuidados y las medidas de conciliación, recuerda Inmaculada Cebrián López, que subraya la necesidad de gobernar con perspectiva de género para evitar que ahondar aún más en la desigualdad de las pensiones de hombres y mujeres. La brecha salarial que enfrentan las mujeres provoca que muchas “opten por salir del mercado de trabajo cuando ya no les compensa, es decir, cuando el salario percibido no es suficiente para cubrir los costes que les supone mantenerse empleadas, entre otras cuestiones, por ejemplo, por no tener un salario suficiente para cubrir los costes de cuidado de las personas dependientes”, ejemplifica la docente.