Dos informes demoledores coincidieron este jueves. De madrugada, Oxfam Intermón lanzaba una advertencia internacional: “Hay que frenar la codicia de las grandes empresas”. Porque, según defiende la organización, “resulta obsceno que hayan obtenido miles de millones en beneficios 'caídos del cielo' [o extraordinarios] mientras miles de personas tienen dificultades para hacer frente a los precios de los alimentos o de productos básicos como medicamentos o calefacción”.
A mediodía, el Banco de España daba más cifras sobre el daño de la crisis de inflación y de los aumentos de los tipos de interés, y alertaba de que, en nuestro país, casi 2 de cada 10 hogares entre los más vulnerables no tiene dinero suficiente para cubrir las necesidades esenciales ni durante apenas un mes.
Los datos publicados por la institución monetaria desvelan que las familias que no llegan ni a pagar los gastos básicos no paran de crecer, según se observa en el gráfico. “La elevada inflación y el endurecimiento de la política monetaria [las subidas de los tipos de interés] del Banco Central Europeo (BCE) están teniendo, en los últimos trimestres, un impacto adverso sobre la situación financiera de los hogares”, lamenta en su informe.
“A pesar de que la renta bruta disponible nominal de los hogares ha sido en 2022 un 6,8% superior a la del año 2020, la inflación ha provocado una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 4,5% en ese período, lo que ha limitado la capacidad de ahorro y de gasto de las familias españolas”, continúa el Banco de España.
Este histórico 'mordisco' a la capacidad de compra está coincidiendo con la agresiva escalada de los tipos de interés, que está encareciendo la financiación en general, las hipotecas, los préstamos para el consumo... Y el resultado es que si en 2020 un 3,4% del conjunto de familias españolas solo tenían dinero para aguantar un mes pagando alimentos, los suministros de agua, electricidad o telefonía, el alquiler o sus hipotecas, actualmente esta situación de absoluta fragilidad alcanza el 4,1%.
Entre los hogares con menos ingresos, esta situación crítica ha pasado de afectar al 14,6% a hacerlo a un 17%. Entre estas mismas familias más pobres (el 20% con menos renta disponible en nuestro país), el porcentaje de las que su dinero da para cubrir los gastos básicos por solo un año, ha crecido del 21,5% en 2020 al 25,9% en estos momentos por la inflación y el encarecimiento de la financiación.
El Banco de España concluye que la mayor vulnerabilidad de los hogares con menores ingresos exige “la introducción de medidas de política económica focalizadas en apoyar a este colectivo”. Además, señala que sus cálculos “no han tenido en cuenta algunos elementos relevantes que han afectado a la evolución de la situación financiera de los hogares en los últimos trimestres”, en referencia al 'escudo social' desplegado por el Gobierno.
En concreto, según destaca la institución monetaria, “las ayudas desplegadas en forma de transferencias de renta a los hogares con ingresos bajos, el incremento puntual de las pensiones no contributivas, la introducción del ingreso mínimo vital, o la reforma del código de buenas prácticas [de la banca] habrían contribuido, entre otras medidas, a amortiguar algunos de los efectos presentados en el informe”.
Recientemente, en otro documento, avisó de la mitad de los inquilinos está en riesgo “de pobreza o de exclusión” por los alquileres disparados y los bajos salarios. Y celebra que la nueva Ley de Vivienda pone “un mayor énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler”.
La “codicia” de las empresas
La otra 'cara' de esta crisis de crisis precios son los bancos, las energéticas y en general las grandes empresas. El mismo informe del Banco de España recoge que las entidades financieras han duplicado en solo dos años el dinero que cobran a las familias por firmar una hipoteca.
Oxfam apunta que si se compara las ganancias empresariales de 2021 y de 2022 respecto a los años previos a la pandemia, “28 de las principales compañías del IBEX 35 vieron cómo sus beneficios aumentaban de manera espectacular”. Concretamente, “en relación al promedio de los cuatro años entre 2016 y 2019, estos fueron un 39% y el 43% superiores, respectivamente”, calcula la organización.
“Tan sólo en 2022, las 5 principales empresas energéticas españolas vieron cómo sus beneficios aumentaban un 165% respecto al promedio observado entre 2016 y 2019”, prosigue Oxfam. “Por su parte, las cinco principales entidades bancarias obtuvieron unos beneficios en 2022 cercanos a los 32.000 millones de euros, un 38% superior al promedio observado durante los años previos a la pandemia”, añade.
“Las grandes empresas están aprovechando para subir precios y obtener beneficios desmedidos, saqueando a las personas bajo el pretexto de una policrisis. Las grandes farmacéuticas, los gigantes energéticos y las grandes cadenas de supermercados engrosaron descaradamente sus márgenes de beneficios tanto durante la pandemia como durante la crisis del coste de la vida. Lo más preocupante es que los Gobiernos lo han propiciado con la falta de regulación y de una imposición progresiva”, denuncia la organización catalana.
Impuestos extraordinarios
“En diciembre de 2022, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y como han hecho otros países europeos, el Gobierno español aprobó un gravamen temporal sobre las empresas energéticas y adicionalmente sobre las entidades de crédito. Con estos nuevos impuestos se esperan recaudar hasta 7.000 millones de euros en dos años. Estos recursos adicionales serán destinados a financiar las medidas puestas en marcha para apoyar a los hogares más vulnerables frente a la subida de precios y del coste de la vida”, explica Íñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón.
“Dado el ineficiente diseño del actual modelo de impuesto sobre sociedades, lleno de agujeros, este tipo de gravámenes deberían aplicarse más allá de estos dos sectores de actividad. Deberían considerarse todos los sectores de actividad, ya que sólo se aplicarían sobre los beneficios inesperados como resultado de circunstancias ajenas, y considerar la introducción de este tipo de impuestos de forma permanente, para que actúe como un amortiguador automático que se activaría en crisis futuras o situaciones inesperadas, con un fuerte impacto distributivo en la sociedad”, sostiene este experto.