La industria farmacéutica se revuelve contra los planes de ahorro en medicamentos con receta, un negocio de 10.000 millones anuales
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha empezado a publicar esta semana los resultados de la primera parte de un trabajo ingente: la revisión del gasto público (spending review) que se hace en España. Es la primera vez que se acomete en este país esta tarea extendida en otras naciones europeas con mejor desempeño económico. En el caso de España, el análisis de los 30.000 millones de euros de gasto público anual tiene su origen en el compromiso asumido con la Comisión Europea en 2016. La finalidad es llevar a cabo una revisión integral del gasto en todas las administraciones para detectar posibles ineficiencias y solapamientos.
Y los primeros resultados de su análisis han levantado ampollas en el sector farmacéutico, afectado por el informe sobre medicamentos subvencionados con receta médica, un gasto que asciende a 10.000 millones anuales, un 16% del total del gasto sanitario en España. Los representantes de esta industria consideran que podrían sufrir un “grave daño” de aplicarse las recomendaciones de AIReF.
Fuentes conocedoras de la elaboración de estos informes muestran en conversación con eldiario.es su sorpresa por estas declaraciones y recalcan que durante todos estos meses de trabajo se ha dado la oportunidad a la industria de dar sus opiniones, algunas de las cuales se han tenido en cuenta, por ejemplo en el caso de la patronal Farmaindustria. En su opinión, la única explicación puede ser que estas empresas crean que sus márgenes de negocio pueden verse afectados. Según las citadas fuentes, la mayoría de los actores implicados a los que se ha acudido han respondido con una actitud de escasa o nula colaboración.
En su informe, la AIReF argumenta que se podrían ahorrar entre 1.000 y 2.000 millones de euros entre 2020 y 2022 con una mejor gestión de los procesos de subvención de medicamentos con receta, y que podrían utilizarse para otros propósitos como, por ejemplo, que las subvenciones con recetas se otorguen en función de la renta y sin distinguir entre trabajadores y pensionistas, lo que probablemente produciría un aumento de gasto.
Entre las medidas de ahorro que proponen destaca implementar en toda España, con matices, las llamadas subastas de medicamentos que se empezaron a usar en Andalucía en 2012 y que ahora quiere eliminar el nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno. Estas subastas suponen comprar a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria pública para conseguir reducir el gasto farmacéutico, ajustando el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión.
Además, pretenden definir un nuevo sistema de precios de referencia en el que se considere la indicación terapéutica además del principio activo y modificar la composición de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios para corresponsabilizar a las CCAA en la toma de decisiones. En general, según la AIReF en España se consumen muchos medicamentos en comparación con otros países similares, con gran disparidad entre autonomías.
Entre los motivos observados para un mayor gasto en España no se encuentra el precio de los medicamentos, similar al de otros países, pero sí un elevado consumo por habitante y un porcentaje de medicamentos genéricos que es creciente, pero que no llega a los niveles de otros países.
Para la patronal de la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, estas y otras medidas de ahorro “supondrían un grave daño” para su sector y un “claro perjuicio” para las inversiones en I+D biomédica. Aseguran que el análisis “deja de lado” los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes para “centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad”.
“Además, ignora la complejidad del proceso de innovación, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento, y obviando otros condicionantes críticos de una actividad administrativa tan importante como es la regulación económica del medicamento. En suma, propone un enfoque exclusivo sobre el coste, sin considerar la cualidad de inversión que tiene el gasto en medicamentos”, alegan.
Adicionalmente, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), a través de su Observatorio del Medicamento, prevé un descenso medio de facturación de 70.000 euros anuales para cada farmacia así como una caída del beneficio antes de impuestos de 18.000 euros anuales, debido a las medidas propuestas por la AIReF, junto a otras iniciativas de ahorro del Gobierno incluidas en sus comunicaciones a la Comisión Europea.
Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, con el tema concreto de las subastas de medicamentos los márgenes de rentabilidad se han estrechado en las farmacias andaluzas frente a las del resto de España, pero solo en el 20% de las farmacias con un mayor margen, es decir, las más grandes, y que precisamente son las que más se benefician de los descuentos que ofrece la industria.
El Gobierno de momento ha dicho que “estudiará” los informes de AIReF y los ha recibido de manera “positiva”, según la ministra portavoz Isabel Celáa. Son análisis en los que la Autoridad Fiscal recomienda determinadas políticas, pero su aprobación y puesta en marcha son facultad del Ejecutivo, en un proceso en el que la industria farmacéutica aún puede tratar de intervenir para influir en aquellas medidas que consideran más perjudiciales para sus intereses.
