“Esto se veía venir”. Alfredo, viticultor manchego, reconoce que hace tiempo que las cifras de vinos etiquetados como crianzas, reservas y gran reserva de la Denominación de Origen (D.O.) Valdepeñas no cuadraban. “Hace años, vimos que faltaba transparencia. No nos daban los datos del parque de barricas, de cuánto vino había embotellado, del volumen que estaba saliendo”, añade José Ángel. Ni Alfredo ni José Ángel se llaman así, pero prefieren no dar sus nombres. “Entre nosotros nos conocemos”, dice uno de ellos.
Ahora sus denuncias han subido de nivel. Los consejeros delegados de los principales grupos bodegueros de Valdepeñas tendrán que declarar en diciembre ante la Audiencia Nacional en condición de investigados por presunta estafa a los consumidores. Son Félix Solís y José García Carrión, propietarios de dos gigantes del vino, que tienen presencia en varias denominaciones, marcas reconocidas y que, además, son dos empresas que han basado su negocio en las exportaciones, lo que coloca a la D.O. Valdepeñas en entredicho y, de rebote, daña la imagen del vino español.
La conexión entre estos dos empresarios vinícolas va más allá de lo qué ha pasado con los caldos manchegos. En los últimos años se han sucedido denuncias cruzadas y acusaciones de publicidad engañosa en una relación que trasciende lo meramente corporativo. “No exagero si digo que hay cierta animadversión entre ellos”, indica una de las fuentes consultadas.
Para entender qué ocurre entre estas dos empresas hay que partir del caso que ahora se verá en la Audiencia Nacional.
Simplificando, las cifras no cuadran. “Nosotros veíamos que faltaba vino de crianza. Había un parque de barricas que no se correspondía con el vino que se estaba comercializando”, señala uno de los viticultores.
Entre 2017 y 2019, se comercializaron, supuestamente, vinos donde el contenido no coincidía con el etiquetado. Algunos se vendían como reserva y otros, como gran reserva. Sin embargo, no habrían cumplido los requisitos de elaboración, ni de periodo de envejecimiento, según refleja el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
El magistrado habla de un descuadre de hasta 15 millones de litros de vino y constata que las cifras no coincidían con las que las empresas indicaban al Consejo Regulador.
“El problema eran las tirillas”, explica el mencionado viticultor. Se refiere a las etiquetas que cualquier consumidor puede ver en una botella que cuente con denominación de origen. En ella, se tiene que indicar la procedencia del vino, su calidad y características, si es joven, crianza, reserva o gran reserva. Es la forma de saber la vida de estos caldos y una garantía de calidad.
“El Consejo Regulador te dice 'tú tienes tantas barricas, tanto vino, entonces puedes vender tantas botellas'. El problema es que no cuadraban las cantidades de vino, las tirillas y las botellas”, repite. “Estamos hablando de un posible fraude al consumidor, porque compraba un producto pensando que se trataba de algo que no era, porque la calidad, el tiempo en barrica, no era lo que ponía”.
Qué algo no iba bien en esta denominación de origen manchega se comenzó a entrever antes de la pandemia.
En verano de 2019, organizaciones agrarias como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, denunciaron ante la Fiscalía de Ciudad Real que se habría comercializado vino de Valdepeñas con etiquetados que no se corresponderían con el contenido. La Fiscalía trasladó el caso a la Audiencia Nacional ante presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. Y es ahí donde entran las empresas y salta por los aires la Denominación de Origen manchega.
García Carrión se sumó a las denuncias presentadas por las asociaciones agrarias y señaló a su principal competidor, Félix Solís. Una acusación que parece haberse vuelto en su contra. En concreto, según la Audiencia Nacional, García Carrión también habría comercializado vinos sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni el periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella.
Ese descuadre, de barricas, botellas y etiquetas hizo que en 2021 la Junta de Castilla-La Mancha interviniese la D.O. Valdepeñas. En julio de ese año, la Junta se hizo con su gestión de “forma extraordinaria y temporal, hasta que los agentes de la Denominación sean capaces de ponerse de acuerdo”, aseguró entonces el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. También se resquebrajó la Asociación Interprofesional, en la que estaban presentes las principales organizaciones agrarias. “Estaban las denuncias cruzadas, las dudas, la falta de información y de transparencia, así que nos levantamos de la mesa”, indica uno de los agricultores.
Este mes de noviembre, el consejero Martínez Arroyo también tendrá que declarar, en condición de testigo, ante el juez Calama. Las fuentes consultadas creen que su testimonio será clave para dilucidar qué se sabía, cómo ha estado funcionando la Denominación de Origen y el consejo regulador, qué papel han tenido las empresas y, también, las certificadoras –en este caso, Sohiscert y Liec– que son las que tenían que garantizar la trazabilidad y la calidad de los caldos.
La Consejería de Agricultura no ha contestado a las preguntas de elDiario.es. Tampoco García Carrión y Félix Solís. En el caso de las empresas, la respuesta a la investigación de la Audiencia Nacional llegó en forma de sendos comunicados.
En su nota de prensa, García Carrión afirma que la Audiencia Nacional ha citado a “los representantes legales de las compañías investigadas siguiéndose el trámite procesal legalmente establecido, no suponiendo ello la asunción de ninguna responsabilidad por García Carrión” y que la compañía fue la primera en denunciar los hechos investigados. También, niega cualquier “participación y responsabilidad” en estos y adelanta que “ejercerá todas las acciones que le asisten para constatar que toda su actividad se ha realizado al amparo de la legalidad vigente”.
Mientras, el grupo Félix Solís afirma que acudirá a declarar el próximo 11 de diciembre y que la empresa lleva 70 años en la D.O. Valdepeñas “firmemente comprometida con el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones de la denominación de origen, que garantizan la alta calidad y trazabilidad de nuestros vinos”. “En el caso de Félix Solís, las supuestas discordancias que se investigan entre las cantidades de vino comercializadas entre 2017 y 2019 y lo reflejado en las declaraciones de aptitud de dicho periodo, se justifican, entre otros motivos, por no haber tenido en consideración las existencias de vino en almacenes, extremo que será acreditado en el proceso de instrucción”, adelanta.
El presunto fraude ha puesto el foco en dos grupos empresariales con alto peso en la D.O. Valdepeñas, aunque su presencia en el mundo del vino y de la alimentación van más allá de este territorio. Sobre todo, son conocidos por sus marcas. García Carrión es dueño de Pata Negra, Viña Arnáiz, el cava Jaume Serra y Don Simón, que también emplea para la venta de zumos o gazpacho. De hecho, afirma ser quien impulsó en España el vino en brik. Mientras, Félix Solís está detrás de etiquetas como Viña Albali o Los Molinos, entre otras.
Las últimas cuentas de las compañías que se pueden consultar en el Registro Mercantil reflejan el peso de las exportaciones para ambas empresas y su presencia internacional. Por ejemplo, Félix Solis cuenta con participadas para comercializar sus vinos en China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Chile o Rusia. Mientras que García Carrión refleja filiales encargadas de la comercialización en Reino Unido, Estados Unidos o Marruecos.
Esas cuentas, constatan que de los 299 millones de euros de cifra de negocios de la sociedad de cabecera, Félix Solis Avantis, en el año 2022, más de 155 llegaron de fuera de España. Y, en el caso de García Carrión, de los 941 millones de facturación que registró en 2021 –las últimas cuentas públicas– casi 379 procedieron de exportaciones, según se puede consultar en la web InsightView.
En esas cuentas, ambas compañías también reflejan lo que tienen ahorrado para hacer frente a posibles contingencias, incluidas las judiciales. Félix Solís recoge que, al finalizar el último año, mantenía “registrada una provisión de 4,44 millones de euros en relación a determinados procedimientos contenciosos con base en la estimación de la dirección apoyada en sus asesores legales”, pero no concreta a qué procedimientos se refiere. Mientras, García Carrión reflejaba en sus cuentas provisiones por importe de más de 19 millones de euros “por reclamaciones en curso, entre las que se incluyen demandas laborales”, que no desglosa.
Después de estas cuentas, García Carrión demandó a Rami Aboukhair, quien fue consejero delegado de Santander en España, por abandonar el grupo pocos meses después de ser nombrado consejero delegado, según recogió Europa Press.
La demanda del presunto fraude vinícola que verá la Audiencia Nacional no es la única entre estos dos grupos bodegueros. Este verano, Félix Solís demandó a su competidor por lo que entiende es competencia desleal, en concreto, le acusa de mentir en sus anuncios sobre el precio al que comercializa sus marcas, según El Confidencial. Y Félix Solís ha tenido que acudir este año a los tribunales por un presunto delito de extracción ilegal de agua en la comarca de Campo de Montiel, que denunció un agricultor.
“Son dos compañías que buscan vender a volumen”, explican fuentes de una organización agraria. “Sus márgenes proceden de esos grandes volúmenes, más que de vender con precios muy altos y eso también ha preocupado a los productores porque siempre ha habido tensiones por los precios que marcaban a los viticultores, que no son precisamente altos”, añaden.
Ahora, los viticultores reclaman que la Denominación de Origen Valdepeñas vuelva a la normalidad lo antes posible. En total, esta tiene 14 bodegas inscritas. “Lo que nos gustaría es que todo esto se resuelva cuanto antes, que vuelva a garantizarse la trazabilidad y la transparencia, que la D.O. retome la promoción de nuestros vinos y que remonte”, indica uno de los viticultores consultados.
También la Federación Española del Vino, que representa al conjunto del sector bodeguero, aspira a que todo se aclare. “Evidentemente, nunca es positivo que se publiquen este tipo de informaciones que además pensamos que no corresponden en absoluto con la imagen del sector, que en términos generales es muy positiva tanto dentro como fuera de nuestro país. En cualquier caso, pensamos que es importante ser prudente en estos momentos, respetar la presunción de inocencia siempre y escuchar a todas las partes implicadas, que han manifestado ya su total colaboración con la justicia para poder explicar los posibles desajustes a los que se hace referencia”, indica.
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En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.