Los destrozos medioambientales del padre de una diputada

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido a los juzgados de Primera Instancia de Puerto del Rosario (Fuerteventura) una denuncia solicitando la imputación del empresario agroalimentario Alfredo Alberto Hernández, padre de la diputada del PP Celia Alberto y ex alto cargo de ese partido en el Gobierno de Canarias, por la posible existencia de delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

Alberto es un personaje conocido en esa isla, presidente y máximo accionista de la quesera Ganaderos de Fuerteventura, que produce el queso 'Maxorata' de leche de cabra semicurado con pimentón. La Fiscalía le acusa de quintuplicar el tamaño de una granja de cabras “en suelo rústico y de forma ilegal”, sin las preceptivas licencias municipales y autonómicas, y de realizar vertidos de purines (residuos orgánicos) en un barranco cercano “al menos en dos ocasiones”, lo que implica “la posible comisión” de un delito contra el Medio Ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal.

En el escrito de denuncia, la fiscal Clara Serrano pide al juzgado que “se tome declaración en concepto de imputado a Alfredo Alberto Hernández y a la entidad Agropecuaria Fuerteventura, SL”, de la que es administrador junto a uno de sus hijos. Esta empresa es la titular de la explotación ganadera, situada en el valle de Jaifa, en el término municipal del Puerto del Rosario.

Según la fiscal, la granja, perteneciente a la empresa desde el 31 de julio de 2013, fue “legalizada” previamente, en abril de 2011, por un decreto del Gobierno de Canarias y tenía a 30 de enero de 2012 “una única construcción techada de 240 m2 y 480 m2 de corrales” que posteriormente la empresa de Alberto quintuplicó sin las preceptivas licencias.

Según la Fiscalía, “en la actualidad, existen varias construcciones techadas ocupando una superficie de 1.055 m2, así como 1.145 m2 de cochineras y 1.411 m2 de corrales”, levantadas, según informes remitidos por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, “en fechas recientes –2015 y 2016– y, por tanto, por el titular actual, Agropecuaria Fuerteventura, SL”. Esa ampliación, que ha permitido a la granja contar con unos 850 ejemplares de ganado caprino, se ha llevado a cabo “en suelo rústico y de forma ilegal, al carecer de la preceptiva licencia municipal y calificación territorial” exigidas por las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.

“Además, de esta ampliación edificatoria y constructiva cabe deducir una ampliación de la explotación ganadera que, por tanto, no estaría amparada por el decreto” que legalizó la granja en 2011, señala la Fiscalía.

Respecto a los excrementos de las cabras, “queda acreditado, por la denuncia del SEPRONA [Guardia Civil] así como por el informe del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que la entidad Agropecuaria Fuerteventura, SL ha llevado a cabo vertidos de purines al barranco del valle del Jaifa” procedentes de un depósito cercano con una capacidad de unos 135.000 litros.

Esos vertidos, según Fiscalía, se produjeron “al menos en dos ocasiones” en fechas próximas al 21 de marzo y 20 de septiembre de 2016. Aunque “en principio, se trata de dos vertidos aislados”, las fotografías realizadas por la Guardia Civil en la denuncia que formuló “se aprecia claramente el crecimiento de la vegetación en zonas próximas al depósito de purines que se desborda, así como en las escorrentías y en el barranco del valle del Jaifa”. Según el Seprona, los vertidos pudieron “afectar tanto al terreno y/o condiciones del cauce receptor del lugar, así como a las aguas superficiales o subterráneas de la zona”.

“La existencia de dos vertidos de purines constatados, unido a las constantes denuncias” de una finca vecina y el “constatado aumento de la explotación ganadera sin autorización para ello, obligan a considerar la posible comisión del delito previsto en el artículo 325” del Código Penal “por el vertido de purines al barranco de Jaifa”, concluye la Fiscalía.

El mejor queso del mundo

Alfredo Alberto, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito, lleva treinta años vinculado al negocio del queso, aunque entre 2007 y 2008 hizo un breve paréntesis a su trayectoria como empresario al convertirse en director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, que entonces tenía como vicepresidente al popular José Manuel Soria. Acabaría dimitiendo por “motivos de salud”.

En la década de los 90, Alberto compró y reflotó Ganaderos de Fuerteventura, empresa que en 2016 facturó 13,1 millones de euros y que hace unos días volvía a alzarse en Wisconsin (Estados Unidos) con el premio a mejor queso del mundo (World Championships Cheese) en la categoría de “mezcla de tiernos y semicurados con sabores”.

A preguntas sobre este asunto, un portavoz de Ganaderos de Fuerteventura asegura que las acusaciones de la Fiscalía “son rotundamente falsas, pues la empresa ha ejecutado las obras de la granja con todas las licencias administrativas exigibles” y sostiene que “no han existido vertidos de purines”.

Celia Alberto, que no ha querido atender a eldiario.es, es diputada en el Congreso desde 2011. En 2014 participó como ponente por su partido en la reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental que entró en vigor ese año y que entre otras cosas rebajó las garantías a las que deben hacer las empresas para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales.

“La mejor defensa del medio ambiente se lleva a cabo a través de aquellas políticas que fomentan de una forma real y factible la compatibilidad entre el respeto a nuestros recursos naturales y la actividad humana”, dijo Alberto durante la defensa del Proyecto de Ley, en la que arremetió contra “una falsa pose ecologista que critica todo y no propone nada”.

Alberto, que fue apoderada de Ganaderos de Fuerteventura hasta noviembre de 2016, saltó a los titulares el año pasado por votar en contra por “error” de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Unos meses después, fue fotografiada en un restaurante en actitud cariñosa con el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal.