El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado cuatro años de prisión para el empresario hotelero Enrique Sarasola Maralunda, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, por un delito contra la Hacienda Pública por la actividad de varias sociedades opacas que puso en marcha Enrique Sarasola Lerchundi, de manera que en el caso de la mujer se habría cometido un delito relativo al Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2002, y en el caso de los dos hombres, al Impuesto de Sucesiones.
Las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública ascienden a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido. Por su parte, la cuota defraudada a la Hacienda Pública por Cecilia Marulanda en su IRPF asciende a 2.379.758,53 euros.
El representante del Ministerio Público reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2.379.758,53 euros mientras que a sus hijos la cantidad asciende a los 916.452,10 euros cada uno. Además, les exige el pago de una multa a la viuda de diez millones de euros y a los hijos les pide cuatro millones a cada uno, según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa.
El escrito de acusación sostiene que hasta el 2 de noviembre de 2012, fecha en que fallece Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S.A., domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos en las siguientes cuotas de participación: el 32,24 por ciento de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80 por ciento a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04 por ciento a la sociedad Azulintas BV, sociedad domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100 por ciento por la sociedad Scoupe International N.V., sociedad domiciliada en Curaçao (Antillas Holandesas).
Esta mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales.
De manera que a través de esta estructura “opaca”, según la Fiscalía, compuesta por dos sociedades holandesas la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos SA, al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.
A su muerte, Sarasola Lerchundi dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV, sociedad domiciliada en Curaçao, se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, entidad panameña constituida a instancias suyas por la madre y abuela, respectivamente, de los acusados, “con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte”.
De este modo dispuso que a su fallecimiento, el Protectorado de dicha Fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos SA, titularidad de Azulintas-Scoupe International NV.
De manera que al fallecimiento de Enrique Sarasola Lerchundi, sus hijos Fernando y Kike pasaron a ser propietarios de la mitad de ese 40,04% que correspondía a su padre de participación en Hipódromos y Caballos SA a través de la estructura Azulintas-Scoupe Internarional NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810,59 euros.
“Ninguno de los acusados declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español”, advierte el fiscal en su escrito.
Por su parte, Cecilia Marulanda Ramírez no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04% de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas-Scoupe, y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621,18 euros.