El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya “reformas fiscales estructurales” que suban los impuestos a los más ricos y eliminen subvenciones a las empresas. En su informe sobre la región europea, el organismo que dirige Kristalina Georgieva recomienda también “una priorización del gasto” para lograr “el ajuste necesario” por las nuevas reglas de la UE, reactivadas este año, tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia.
En pleno debate sobre “la reforma fiscal pendiente” de España, que se está dando en paralelo a las negociaciones del Gobierno con sus socios sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, el FMI refuerza a los expertos y partidos políticos que piden cambios en los impuestos de nuestro país para hacerlos más progresivos —“que los que más tienen, aporten más”— y más eficientes.
“La gestión del ajuste fiscal necesario, al tiempo que se abordan las crecientes necesidades de gasto [defensa, transición ecológica y digital o reducción de las desigualdades], requiere una priorización del gasto y reformas fiscales estructurales”, señala el informe “europeo” del FMI, publicado este jueves. Este texto llega un par de días después de que el organismo presentara su informe “global” de perspectivas, que elevó la proyección de crecimiento de España y la situó como la economía que liderará el avance del PIB entre las grandes de la eurozona en los próximos ejercicios.
“A corto plazo, para proteger la recuperación, el ajuste debe dar prioridad a las partidas de bajo multiplicador fiscal, por ejemplo, la eliminación de las subvenciones a la contratación y las medidas fiscales que benefician a los hogares de renta alta”, detalla el FMI este jueves.
“Sin embargo, con el tiempo, las reformas fiscales deben promover reasignaciones de los programas de gasto existentes para reflejar las prioridades políticas actuales, así como crear 'colchones' [ahorros, reduciendo el déficit (los desequlibrios presupuestarios) y la deuda] a partir de una mayor eficiencia del gasto, una mejor focalización, y una mayor recaudación ampliando la base impositiva, cerrando las brechas fiscales y mejorando la digitalización en la Administración [la Agencia Tributaria, en España]”, continúa el Fondo Monetario Internacional.
Sobre el gasto, el organimo multilateral considera que es necesaria “una mejor priorización presupuestaria de los programas de transferencia”. Por ejemplo, “la transformación de medidas de apoyo de base amplia (como las medidas generales de apoyo a la crisis energética) en programas basados en las necesidades liberaría recursos que podrían destinarse a la reducción del déficit y a gastos prioritarios como la inversión en infraestructuras y la mejora y recualificación de la mano de obra”, opina.
Las reactivadas reglas fiscales de la UE buscan que los países reconstruyan sus 'colchones' fiscales, tras dispararse los desequilibrios por la pandemia y la crisis de inflación, imponiendo límites al crecimiento del gasto público. En otras palabras, que mejoren sus cuentas públicas para que puedan tomar medidas como las que han sido necesarias estos años. En España, desde la financiación pública de los ERTE, pasando por las bajadas del IVA de la electricidad o de los alimentos, hasta las distintas ayudas directas a las empresas o a las familias más vulnerables.
Ante el impacto de este renovado corsé comunitario, las recomendaciones del FMI van en línea con las discusiones internacionales, a nivel del G20, sobre los impuestos mínimos gobales y coordinados a las grandes empresas y a los ultrarricos.
Del mismo modo, el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos). Este objetivo está incluido en el Plan Fiscal y Estructural que el Ejecutivo de coalición ha enviado a Bruselas el 15 de octubre, y que es la primera exigencia importante de las nuevas reglas fiscales europeas.
Más concretamente, este documento incorpora “una reforma fiscal”, con “medidas nuevas” —según aclaran desde el Ministerio de Economía—, que servirán para rebajar el déficit público en un horizonte que se alarga siete años, de 2025 a 2031. Sin embargo, se desconocen los detalles de esta “reforma” en un contexto de debilidad parlamentaria del Gobierno.
Lo poco que se daba por hecho —la transformación de los gravámenes temporales a la banca y a las energésticas en impuestos permanentes— está en el aire, según ha admitido este mismo jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Junts, que se ha alineado con Repsol, ha avisado de que se opone a este compromiso del Gobierno de coalición.
En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, el documento del Plan Fiscal y Estructural incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE. Es decir, el compromiso de elevar la contribución fiscal respecto al PIB, que se sitúa en el 36,8% a cierre de 2023, cerca de cuatro puntos por debajo del promedio europeo.
Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas” para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno sobre el que la Comisión Europea se tendrá que pronunciar a finales de noviembre, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía.