El Fondo Monetario Internacional (FMI) preguntó a Rodrigo Rato por las inversiones realizadas a través de tres de sus empresas en octubre de 2007, mes en el que cesó de su cargo al frente de la institución y cinco años antes de que se acogiera a la amnistía fiscal. Según consta en el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la consultora PwC, en los servicios prestados para el FMI, requirió a Rato información acerca de una veintena de fondos de inversión que figuraban en la cuenta de la sociedad Red Rose, cuya titularidad declaró voluntariamente a Hacienda el exministro en 2013.
El documento pone el foco en la mercantil, que atribuye al exvicepresidente del Gobierno desde finales de los noventa, y asegura que “es totalmente opaca y tiene como socios a testaferros”, a diferencia de lo manifestado por Rato, que declaró que fue constituida en 2005, cuando residía en el extranjero.
El atestado, de 321 páginas y al que ha tenido acceso Efe, señala a Red Rose dentro del entramado investigado desde 2015, y expone que, desde sus inicios, ha registrado importantes cantidades de dinero “de origen desconocido”, introducido en España a través de préstamos o de sus propias cuentas personales. Movimientos que el exministro declaró de forma voluntaria en 2011 y 2012, según obra en el informe pericial que presentó al juez para demostrar el origen de los fondos y del que el Instituto Armado no hace mención.
La UCO destaca los 300.000 euros percibidos directamente por Rato procedentes de Red Rose y relata que Hacienda no conoció la propiedad de la sociedad hasta después de la amnistía fiscal, aún cuando el exvicepresidente del Gobierno “parece ser que la declaró años antes” en su etapa en Washington.
Movimientos de dinero
Sobre los movimientos de dinero, cifra en 9,1 millones de euros los fondos que salieron de Red Rose entre 1999/2000 y 2012 –por lo general a otras mercantiles con sede en España–, y añade los 4 millones destinados a una de las sociedades familiares, Aurosur. Además, se refiere a dos sociedades, una irlandesa y otra panameña, aunque no llega a identificar si son distintas o la misma.
Lo que sí recoge es que el FMI, organismo al que Rato accedió como director gerente en junio de 2004, también se interesó por los destinos en los que las mercantiles Kradonara y Vivaway realizaban sus inversiones inmobiliarias, requerimiento que el exministro satisfizo ese mismo día, cuando señaló a PwC que se limitaban al territorio español.
Los agentes identifican como eje del presunto blanqueo a este “binomio” societario, un tándem que el exvicepresidente del Gobierno conformó en 2006 tras comprar la española Kradonara motivado, exponen, por la inspección iniciada aquel julio por Hacienda, que no logró atribuir la titularidad de Red Rose.
Circunstancia que, a tenor del atestado, le salvó de tener “consecuencias tributarias distintas” a las resueltas por los tribunales administrativos ya que, según los datos de la Agencia Tributaria, las cuotas defraudadas serían constitutivas de delito.
Las empresas
De ahí que la Guardia Civil deduzca que Rato “podría buscar el alejamiento de las empresas que acaparan los fondos de las transacciones que introducen estos montantes en España”, interponiendo para este fin ambas sociedades “opacadas”. A través de Vivaway-Kradonara se habrían introducido 7,8 millones de euros, de los cuales 2,4 millones se desconoce su procedencia puesto que al tratarse de sociedades extranjeras en antiguos paraísos fiscales como Panamá, y con domicilio en Ginebra (Suiza) y Gibraltar, los investigadores no han tenido acceso a sus cuentas.
Rato declaró Vivaway a la Hacienda española en 2013, si bien antes aparecía en los registros públicos británicos, al ser una sociedad domiciliada en el Reino Unido.
Respecto a las entradas, explica la UCO que el que se conozca que los fondos partían bien de Red Rose o de Westcastle, otra de las sociedades vinculadas al exministro, no significa que se sepa su origen ni su naturaleza. Asimismo, sostiene que la intención de Rato no fue otra que dominar, a través de Vivaway -con domicilio en Middlesex (Inglaterra)- las sociedades del entramado de las que dispone en España.
Una labor para la que se serviría de Kradonara, sociedad española “opaca en su accionariado y en sus órganos sociales” de la que se ha buscado información “a toda costa”, por medio de dos paraísos fiscales: la isla de Guernsey (Reino Unido) y Gibraltar. De este modo, concluye, Rato interpuso entre el origen de los fondos y el ingreso de éstos en España una estructura de sociedades opacadas “administradas por fiduciarios y sostenidas por testaferros” y con cuentas en territorios de riesgo fiscal.
Conducta de la que infiere “una voluntad ocultadora” propia del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, especialmente por el empleo de testaferros, siempre negado por el exministro, que refrendaría la intención de encubrir bienes, insisten los investigadores.