Si preguntan al común de los trabajadores en España, la inmensa mayoría les responderá que no existen planes de pensiones en sus empresas. Una situación que el ministro José Luis Escrivá se propone cambiar, en línea con la situación en otros países europeos. Su equipo ha incluido en la reforma de pensiones que negocia en el diálogo social una regulación para impulsar los planes de pensiones de empleo, el llamado “segundo pilar” de las pensiones, como pidió el Pacto de Toledo. Esta semana ha presentado un borrador de la legislación, que aún debe negociarse pero que despeja las dudas sobre las intenciones del Ministerio.
A continuación, recogemos algunas preguntas y respuestas sobre la propuesta de regulación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y acerca de cómo suele funcionar esta modalidad de planes de pensiones colectivos.
¿Qué son los planes de pensiones de empleo?
Puede que sea la primera duda que surja a muchas personas ante esta nueva reforma legal. Los planes de pensiones de empleo, también llamados colectivos, los ponen las empresas a disposición de sus trabajadores para que se adhieran si así lo desean, de manera voluntaria. Con ellos, los empleados tendrán un complemento a la pensión pública cuando se jubilen.
Sus condiciones se acuerdan a través de la negociación colectiva y hay diversas fórmulas. Para el cobro del montante acumulado en los años de trabajo, de golpe o de manera gradual, y también sobre cómo se realizan aportaciones al fondo de pensiones del trabajador, que suelen proceder de la empresa como parte de las retribuciones al empleado (más allá del salario), pero que también pueden incluir las aportaciones económicas de los propios trabajadores.
¿Cuántos trabajadores tienen planes de pensiones?
Alrededor del 10% del total, en torno al 13% si solo tenemos en cuenta a los asalariados. En términos absolutos, algo menos de dos millones de beneficiarios, frente a los 7,5 millones de partícipes de los planes de pensiones individuales. En general, junto a casi un millón de empleados públicos, los planes de pensiones de empleo sobre todo se han desarrollado en grandes empresas y, en especial, en el sector bancario.
El Gobierno, así como el Pacto de Toledo, recomiendan extender más este segundo pilar de las pensiones, como ocurre en otros países de la UE. La Seguridad Social destaca que hay países de nuestro entorno con porcentajes muy superiores de cobertura entre sus trabajadores: un 19,6% en Italia, un 24,5% en Francia, un 39,9% en Alemania y un 59,6% en Bélgica, expuso el ministro en una rueda de prensa.
También ocurre en Euskadi, donde este tipo de planes alcanza a la mitad de los trabajadores, gracias al desarrollo de las entidades de previsión social complementaria, las llamadas EPSV, un “modelo de éxito” para el Ministerio y referencia también para el Pacto de Toledo.
¿Qué quiere hacer el Gobierno?
El Ejecutivo quiere impulsar estos planes colectivos en España, hasta llegar incluso a una cobertura de “más de la mitad de trabajadores”, ha llegado a afirmar José Luis Escrivá. Una de sus principales premisas pasa por dar acceso a esta herramienta colectiva de ahorro a trabajadores que no accedían a ella: autónomos, empleados de pymes y trabajadores públicos de administraciones de menor tamaño.
¿Cómo se pretende extender estos planes?
La estrategia del Gobierno incluye varias líneas de acción. En primer lugar, aumentar las ventajas fiscales a las aportaciones a estos fondos de pensiones colectivos, en detrimento de las que existían para los planes individuales. El ministro tacha estos últimos de “muy regresivos”, como concluyó la AIReF en un estudio de la época en la que Escrivá presidía el organismo. Casi el 70% del beneficio fiscal recaía en el 10% más rico. Este traspaso de beneficios fiscales comenzó este año y está previsto que avance en los Presupuestos de 2022.
En segundo lugar, el Ministerio de la Seguridad Social va a aprobar una reforma que incluye dos medidas más destacadas: la regulación de fondos públicos de pensiones y la creación de una nueva figura de planes de empleo que queden bajo el paraguas de los futuros fondos públicos (los “planes de empleo simplificados”).
¿Como será el fondo público de pensiones?
El ministro Escrivá anunció desde hace meses que el Gobierno pondría en marcha un macrofondo público de pensiones (que parece que serán varios fondos) para crear competencia desde el sector público, que rebajara las comisiones a los ahorradores de estos planes y que además posibilitara su contratación a colectivos de trabajadores hasta ahora excluidos.
La propuesta enviada por el Ministerio a los agentes sociales plantea una regulación de los fondos públicos de pensiones, que se crearían desde una comisión de la Seguridad Social (que definiría cuestiones fundamentales como su estrategia de inversión), pero que serían gestionados por empresas privadas. A través de la negociación colectiva, se podrán acordar planes de pensiones de empleo que utilicen estos fondos públicos en lugar de otros del sector privado.
¿Qué empresas tendrán acceso a gestionar estos fondos públicos?
Parece que grandes empresas y, sobre todo, grandes bancos que son los que hoy en día lideran el sector de planes de pensiones. Tanto individuales como colectivos. Se convocarán concursos públicos a los que podrán presentarse las compañías.
El borrador legal plantea que las entidades gestoras para acceder a este concurso deberán “tener un volumen de patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones (...) superior a 1.000 millones de euros” o ser una mutua con provisiones que “superen los 1.000 millones de euros”.
¿Qué atractivo pueden tener los fondos públicos respecto los privados?
Menores comisiones para los trabajadores respecto a los planes de empleo individuales. El Ministerio plantea que la comisión máxima alcance el 0,5%, cuando las de los planes privados individuales superan generalmente el 1%.
El Gobierno plantea además que en estos fondos sea una comisión del Ministerio de la Seguridad Social quien diseñe la estrategia de inversión del dinero de los participantes, una cuestión muy relevante. El borrador legal contempla que en todo caso el dinero será invertido “en interés exclusivo de partícipes y beneficiarios” y destaca la apuesta por las “finanzas sostenibles”, con medidas como “la vivienda social, los microcréditos o el control de la cadena de suministros”. Este marco podría atraer a algunas personas que desconfíen de las estrategias de inversión de grandes empresas del sector.
¿Quién controla el funcionamiento de los fondos público?
Como la gestión de los fondos públicos queda en manos privadas, es relevante destacar que se creará una Comisión de Control Especial que es la que vigilará el funcionamiento de todos los fondos de titularidad pública y el cumplimiento de sus normas.
El borrador de la ley contempla que la comisión esté formada por 17 miembros, con una mayoría absoluta de la Administración. La propuesta contempla nueve miembros nombrados por la Seguridad Social, cuatro propuestos por los sindicatos más representativos y otros cuatro, por las patronales mayoritarias.
¿Cuándo se crearán los fondos públicos?
Parece que aún quedan bastantes meses. Ahora el Ministerio está diseñando la regulación para llevarla al Consejo de Ministros antes de que termine el año. El compromiso con Bruselas, dentro del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, es que la tramitación parlamentaria concluya en el segundo trimestre de 2022.
Una vez aprobada la regulación, llegaría el momento de conformar los fondos públicos y que las empresas concursaran para hacerse con su gestión. Así que, como decían, el proceso fácilmente se puede demorar a finales de 2022 o, incluso, el año 2023.
¿Creados los fondos públicos, cualquier trabajador puede acceder a un plan de empleo?
No. La reforma crea la figura de los “planes de empleo simplificados”, con la intención de que los acuerden empresas, administraciones y coletivos de autónomos utilizando los fondos públicos, pero estos deben acordarse previamente en la negociación colectiva.
Es decir, el primer paso es que empresas y trabajadores de los sectores, de las administraciones públicas y de asociaciones de trabajadores por cuenta propia acuerden establecer planes de pensiones para los trabajadores. Algo que hasta la fecha no ha cundido, como se apuntaba. Pactado esto, las empresas y los trabajadores cubiertos por estos acuerdos podrán acceder a estas herramientas de ahorro.
¿Pueden acceder al fondo público quienes ya tengan un plan de empleo?
Sí, las empresas que ya ofrecían planes de pensiones a sus trabajadores pueden tramitar “su adaptación” para entrar en los fondos públicos. Tanto aquellos de empresas privadas, como los de Administración, que deben pasar a cumplir las especificadades exigidas a los planes de empleo simplificados, indica la propuesta legal.
Los planes asociados de los autónomos desaparecerán. El texto da cinco años a los trabajadores por cuenta propia para que conviertan estos planes en planes de empleo simplificados o en planes individuales.
¿Por qué recelan los sindicatos?
Las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, que están en la mesa de negociación de la reforma de pensiones, han advertido al Ministerio de la Seguridad Social de que esta reforma no es prioritaria. Antes, insisten, la mesa debe resolver cuestiones como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización de los becarios y la equiparación de pensión de viudedad de las parejas de hecho a la de los matrimonios, entre otras medidas.
Aunque no quieren entrar a valorar la medida, fuentes sindicales advierten de que el Ministerio recoge en este borrador cambios en cuestiones centrales de los planes de pensiones de empleo hasta el momento. Por ejemplo, que la Comisión de Control Especial deje la mayoría absoluta a la Administración, cuando son las empresas y los trabajadores quienes están poniendo el dinero en estos fondos y quienes hasta el momento tenían el poder de decisión en los planes de empleo.
¿Y qué dicen los empresarios?
Las patronales han guardado silencio tras la presentación del borrador legislativo. En el pasado, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de posibles acciones judiciales por “competencia desleal” del fondo público.