El Gobierno ha acordado escasos cambios fiscales en las cuentas de 2020. Solo se había avanzado uno, un tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades para grandes empresas que supondrá unos 400 millones de euros más de ingresos. Hubo que esperar al final de la rueda de prensa de este jueves de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para conocer otra medida más: un nuevo recorte a los beneficios fiscales de los planes individuales privados de pensiones. El objetivo es trasladarlos a los planes de empleo de pensiones que el ministro Escrivá quiere impulsar con un macrofondo público.
Como recomendó el Pacto de Toledo, el Ejecutivo anunció el año pasado su intención de fomentar los planes de pensiones de empleo. Estos se conocen también como “planes complementarios”, que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión pública cuando se jubilen. Desde los Presupuestos de 2021, el Gobierno aumentó los beneficios fiscales de estos planes colectivos, eso sí, en detrimento de los que tenían hasta la fecha reconocidos los planes de pensiones individuales.
Además de las desgravaciones fiscales, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se comprometió a crear un macrofondo público de pensiones vinculadas al empleo para impulsar esta vía de ahorro y que se extienda al conjunto de trabajadores. No solo de las grandes compañías, que son los que por el momento más acceden a ellos en España, sino también entre los trabajadores públicos, autónomos y empleados de pequeñas empresas. El límite temporal que se dio el Gobierno para crear el marco legal que regule este fondo está acercándose: finales de este año.
Traspaso de 500 euros en el límite
La vía para incentivar ese traspaso del ahorro de los planes individuales a los de empleo utilizada por el Gobierno está centrada en eliminar las ventajas fiscales que tienen los primeros y que bonifican en la declaración del IRPF las aportaciones. Hasta 2021, se podían invertir hasta 8.000 euros anuales a estos productos. En los presupuestos de este año, el listón se redujo a 2.000 euros. Para los de 2022 serán 1.500 euros. Las aportaciones de más que se hagan podrán estar penalizadas. En el caso del límite para los planes de empresa pasan de 8.000 a 8.500 euros anuales.
Estos incentivos estaban en tela de juicio desde hacía tiempo, por su impacto y por beneficiar más a aquellos con más rentas y que hacían mayores aportaciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo el pasado año un análisis de bonificaciones fiscales existentes en España y que había que eliminar o repensar. Una de ellas era esta, que afectaba a la recaudación en el IRPF. El organismo, que presidió el ministro Escrivá entre 2014 y 2020, aseguraba que esta medida no cumplía con el objetivo para el que fue diseñado, que en el origen era incentivar el ahorro complementario al sistema público de pensiones. Cifraba en más de 1.600 millones el coste para el Estado por los menores ingresos, siendo el 66% del beneficio fiscal acumulado únicamente por el 10% con rentas más altas, una medida claramente regresiva.
La decisión de limitar los beneficios fiscales para los planes individuales ha sido ampliamente criticada por las distintas patronales afectadas, las de banca (AEB y CECA), las aseguradoras (Unespa) y las de los fondos de inversión (Inverco), todas ellas gestoras de estos vehículos. Se unieron hace un año en un comunicado en el que tildaron de “discriminatoria” la medida y que “contraviene” a la tendencia internacional. La CEOE fue un paso más allá y anunció que llevaría a la justicia el fondo público por “competencia desleal”.
Las estadísticas de Inverco, la patronal de los fondos de inversión privados, señalaban en su informe del primer semestre del año que hay algo menos de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales, con un patrimonio acumulado de 86.200 millones, y casi 2 millones en los planes de empleo, con un patrimonio de 37.000 millones.
La Seguridad Social ha justificado su plan del fondo público de pensiones vinculado al empleo indicando que en España hay un 13% de trabajadores cubiertos por estos planes complementarios, frente a un 19,6% en Italia, un 24,5% en Francia, un 39,9% en Alemania y un 59,6% en Bélgica. Escrivá aseguró que aspira a que “más de la mitad” de los trabajadores estén vinculados a estos planes complementarios.
Dos meses para regular el fondo público
Junto al impulso fiscal, el Ministerio de Seguridad Social está trabajando junto a la Vicepresidencia económica en la regulación de los fondos de pensiones públicos, para la que las cuentas públicas de 2021 dieron “el plazo máximo de doce meses”. El margen concluye al final de este ejercicio, en dos meses. Tras cerrar el primer bloque de la reforma de pensiones, el Ministerio que dirige Escrivá está abordando algunos flecos que quedaron pendientes de este pacto con sindicatos y empresarios, como el mecanismo de equidad intergeneracional, y otras materias urgentes entre las que se encuentra la regulación de este macrofondo.
A la espera de conocer la propuesta del Gobierno en la mesa de diálogo social, los Presupuestos de 2021 adelantaron algunas de sus características. El proceso de selección de las entidades que gestionarán el fondo público –ya que la Administración no tiene capacidad para ello, según la Seguridad Social– se hará a través de “concurso competitivo abierto”. El macrofondo estará regido por una comisión de control y se da poder de vigilancia a la Administración Pública. La política de inversiones del organismo “no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, por ejemplo.
El ministro Escrivá y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, han adelantado también algunos de sus planes de funcionamiento, como la posibilidad de que exista una “adscripción automática” para futuros trabajadores y que cuente con comisiones mucho más reducidas que las de los planes individuales, que generen competencia a la baja en los precios del mercado. En los próximos meses conoceremos al menos la letra pequeña que regirá al macrofondo, del que aún se desconoce cuándo echará a andar.