Garoña tras el aval del CSN: repuestos caducados, bidones radiactivos corroídos y una denuncia anónima

Repuestos caducados desde hace tres años; un empleado de la brigada contra incendios que dice que en la zona de Protección Radiológica no se oye la megafonía; una denuncia sobre las condiciones de trabajo en un almacén que custodia bidones radiactivos corroídos; quejas del personal durante el reprocesamiento de esos bidones, uno de los cuales cae desde una altura de tres metros y desparrama parte del contenido por el suelo...

Son episodios ocurridos en la central nuclear de Santa María Garoña (Burgos) tras el visto bueno que, contra sus propias directrices previas, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) otorgó en febrero a la prórroga de la licencia de la planta, la más antigua de España y parada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, desde finales de 2012.

El último acta de inspección trimestral del CSN señala que en el primer trimestre no hubo “sucesos notificables” en Garoña y “en todo momento” se cumplieron sus Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y los requisitos para su situación actual de parada. Pero recoge varias “desviaciones”, casi todas relacionadas con el Almacén Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) de Garoña.

El 24 de marzo a las 10.15 horas se produjo un “incidente radiológico” con un bidón con agua radiactiva, “sin tapa y al que se le coloca un cierre provisional de aluminio”, extraído de ese almacén. Como informó Europa Press, pendía de una grúa cuando cayó al suelo accidentalmente desde una altura de tres metros. Se vertieron unos tres litros de desechos, según el titular de la instalación, que “inmediatamente” cubrió con plástico la zona del derrame e instaló un recinto cerrado con plásticos para recuperar el vertido en su interior, cosa que ocurrió a las 18.30 horas de ese día. Los operarios retiraron unos 2 o 3 centímetros del asfalto afectado.

Según el CSN, de acuerdo con la normativa vigente, el suceso, comunicado con “retraso” a la sala de control, no fue “notificable” porque se produjo en una zona clasificada radiológicamente cuyos límites de dosis están establecidos y estos no se superaron. Nuclenor, la sociedad que tiene la titularidad de Garoña, subrayó el miércoles que el incidente no tuvo “ninguna incidencia en el exterior de dicha área” y “en ningún momento ha supuesto un riesgo para las personas ni el medio ambiente”.

El incidente del bidón culminó una cadena de hechos que arranca el 10 de febrero. Dos días después del dictamen favorable del CSN, se registra una “denuncia anónima” y confidencial de personal de la planta relativa a “condiciones laborales en los trabajos del ATR”, el almacén que custodiaba el bidón siniestrado. Ese día, Nuclenor “decidió incluir los trabajos del ATR dentro de la planificación general de la planta, generándose un plan de trabajos específico, sujeto a gran variabilidad debido a la gran cantidad de imprevistos que van surgiendo”.

Fuentes de Nuclenor, que aseguran que “en ningún caso estamos hablando de combustible gastado, ni de componentes del reactor o de la piscina”, explican que el ATR “es una instalación clasificada como zona controlada, con control de accesos, lectores dosimétricos y un pórtico a la salida para impedir la salida de contaminación. Está diseñado para la manipulación de este material y para las contingencias que su manejo pueda generar. En su interior se almacenan residuos de baja y media actividad debidamente acondicionados (ropas de trabajo, equipos obsoletos, etc…) en su mayoría en el interior de bidones si la capacidad lo permite”.

Respecto a la denuncia, señalan que “en el hallazgo incluido en este sistema interno de comunicación se hacía referencia a la posibilidad de sustitución de una herramienta que se empleaba para mover los bidones, una pértiga. Como consecuencia del hallazgo, la empresa ha instalado un brazo hidráulico y ha implantado mejoras organizativas adicionales en los trabajos de procesado”.

El ATR consiste en una serie de silos o celdas cubiertas con 2.396 bidones de concentrados radiactivos y otros 414 de barros y lodos inmovilizados con microcel (una espuma de celulosa microcristalina) y yeso. Este tratamiento dejó de emplearse en 1982. Se constató, según el CSN, que su comportamiento en condiciones de humedad “era deficiente” y no cumplía “los requisitos de aceptación por parte de Enresa”, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España.

Garoña tiene pendiente extraer esos bidones para enviarlos al almacén de residuos de media y baja actividad de Enresa en El Cabril (Córdoba) desde hace, al menos, siete años, tal y como refleja un acta de marzo de 2010. Su actividad radiológica “se debe fundamentalmente a Co-60 [Cobalto 60] y CS-137” [Cesio 137], altamente radiactivos. El acta que ha publicado ahora el CSN recoge que, durante los trabajos de reacondicionamiento, se detectó que “algunos silos contienen bidones que han perdido la integridad y el residuo se encuentra disperso por el interior del silo”. 

“Se estaba procesando la celda O, con unos bidones en estado de conservación muy irregular” y con el material radiactivo “contenido en una bolsa de plástico”. “En numerosos casos esta bolsa no estaba cerrada en su parte superior, de modo que el residuo entraba en contacto con la tapa metálica del bidón y la corroía totalmente”. Cada bidón tiene 220 litros de capacidad.

“El residuo, una vez en contacto con la atmósfera, aumentaba de volumen y rebosaba, afectando entonces a las paredes laterales del bidón”, señala el acta. Hay “casos en los que la tapa ha desaparecido”, como el del bidón que se cayó el 24 de marzo: el aro metálico que sujetaba el cierre provisional de aluminio que se le colocó se rompió.

Durante los trabajos en la celda O, el mal estado de los bidones impidió utilizar el método normal de extracción, con una pinza suspendida de un puente grúa. “A medida que fue avanzando la extracción en el silo y empezaron a aparecer bidones con un alto grado de deterioro fue precisa la entrada de operarios a la casamata del ATR”, un compartimento estanco para proteger al personal de la radiación.

“Quejas del personal”

Equipados con protección respiratoria y vestimenta especial, los operarios se introdujeron en la casamata “para desde sus laterales y empleando pértigas metálicas, empujar los bidones para que adoptasen una postura que los hiciese susceptibles de ser sujetados por la pinza” de la grúa. “A medida que se iban extrayendo bidones, los que se sacaban eran progresivamente en peor estado, precisando de entradas a la casamata cada vez más frecuentes y prolongadas, lo que motivó las quejas del personal”, recoge el acta, que no precisa la fecha de este episodio.

El documento dice que, según el servicio de Protección Radiológica, “no se ha producido un aumento en los rechazos en el pórtico de vigilancia de contaminación en el punto de acceso a zonas exteriores que pudiese ser achacable a los trabajos de extracción de bidones”.

La dosis más elevada, en personal encargado de movimiento de bultos y limpieza del ATR, fue de 562 microsieverts en 153,28 horas. El físico nuclear Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, recuerda que supone el 10% de la dosis anual que puede recibir un trabajador de una central nuclear. En su opinión, el estado de esos bidones refleja la “dejadez generalizada” de los dueños de Garoña en el mantenimiento de la central. 

Otra de las “desviaciones” que recoge el acta se detectó el 22 de marzo. “Se reparó en que todos los repuestos a instalar” de las correas de un extractor “presentaban fechas de caducidad sobrepasadas”. Una de ellas caducaba en noviembre de 2013. “Los operarios no concedían importancia a dicha circunstancia”, relata el documento. Ese día, también se celebró un simulacro de incendios no programado. Un miembro de la Brigada de Primera Intervención se presentó indebidamente equipado. “En su descargo afirmó que en la zona de PR [Protección Radiológica] la megafonía no se escuchaba con claridad”, dice el inspector.

Fuentes de Nuclenor subrayan que desde la puesta en marcha del sistema de alertas por colores del CSN en 2007, el organismo “no ha clasificado ningún hallazgo derivado de estas inspecciones mayor que verde, es decir, todos ellos han tenido un impacto mínimo en la seguridad de la central y la protección radiológica”.

Este acta es la primera que se publica desde que el 8 de febrero el pleno del CSN avaló la reapertura de Garoña pese a tener pendientes desde hace años unos 200 millones de euros de inversiones. Una de sus propietarias, Iberdrola, no quiere realizarlas. Dice que los impuestos del Gobierno a la generación nuclear llevan a estas plantas a pérdidas. La decisión definitiva del Ejecutivo sobre la renovación de la licencia de Garoña llegará previsiblemente este verano. Posiblemente, en agosto.

Antes, el 8 de junio, los dueños de la central de Almaraz (encabezados por Iberdrola) debían activar el proceso de renovación de la licencia de esta planta más allá de los 40 años y en julio le tocaba a Vandellós (Endesa). Pero ya no hay prisa: el Gobierno ha cedido a la presión de las eléctricas y les dará dos años para decidir sobre la renovación, según avanzaron el viernes El Independiente y El Economista.