Gas Natural Fenosa, la tercera eléctrica española, ha recurrido el concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid, el mayor de España a escala local, para exigir que se anule o se deje sin efecto una “diabólica” cláusula que premia a las comercializadoras que venden electricidad libre de emisiones de CO.
El recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, interpreta que esta cláusula es “una prescripción técnica diabólica que no debe de admitirse porque ya existe otro requisito medioambiental similar, esto es, las Garantías de Origen” de que el 100% de la energía que consuma el ayuntamiento será renovable. Según Gas Natural, equivale a una “duplicidad injustificada de exigencias técnicas ambientales”.
Como muchos otros concursos municipales, este contrato exige que el 100% de la energía consumida tenga garantía de origen renovable. Pero, además, el pliego otorga una valoración extra de hasta cinco puntos (sobre un total de 100) a los licitadores en función de una etiqueta que otorga cada año a las comercializadoras la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en función de las emisiones de la energía que compran para venderla a sus clientes.
Este sistema se basa en siete categorías (de la A a la G) y el Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena premiará a las que en 2016 estuvieron por encima de la media española, que es la D. Dará cinco puntos a las ofertas de las que tengan una A por comprar su energía a plantas sin emisiones (de energía renovable, pero también nuclear); la B obtendrá dos puntos y la C, uno.
Con este criterio, Gas Natural no obtendrá ningún punto (tiene una E), al igual que Endesa, que tiene la F y es el adjudicatario del actual contrato, de la época de Ana Botella, que expira en diciembre. Iberdrola (B), Acciona (A) y decenas de pequeñas comercializadoras están por encima de esa media. El pliego se refiere a emisiones de CO por kilovatio hora generado, pero no a los residuos radiactivos de alta actividad, a los que la CNMC también otorga un baremo de etiquetas.
Esos puntos pueden acabar decantando el concurso, porque las comercializadoras tienen escaso margen para competir en precio, principal criterio de valoración.
Gas Natural cree “adecuado” exigir que la energía consumida sea 100% renovable, pero premiar a las suministradoras que menos CO emiten, señala, “tiene como objetivo único y evidente favorecer a las empresas comercializadoras pequeñas en detrimento del resto de empresas comercializadoras que llevan más tiempo en este sector”, según su recurso.
Son “dos cláusulas ambientales análogas vinculadas directamente y de forma exclusiva a las energías renovables, es decir, se cualifica doblemente este aspecto medioambiental” del suministro “sin justificación alguna”. “Este criterio de valoración se ha introducido con el objetivo único de favorecer a unos licitadores frente a otros” y debe anularse “por no ajustarse a Derecho” e incumplir la normativa europea y española, argumenta.
Alternativa denegada
La compañía que preside Isidro Fainé pide que se anule todo el concurso o se modifique esa “diabólica” cláusula, permitiendo presentar “soluciones alternativas al etiquetado de la electricidad que cumplan de forma equivalente”.
La empresa, que en marzo pasado logró forzar junto a Endesa la anulación del concurso eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona por la inclusión de una cláusula contra la pobreza energética, ha planteado “presentar un proyecto renovable 100% de venta de energía eléctrica producida por parque eólico en los primeros 6 meses del contrato”, pero el Ayuntamiento de Madrid lo ha rechazado.
En su respuesta al recurso, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Consistorio subraya que “existen antecedentes de contratos con idéntico objeto” que han utilizado el etiquetado de electricidad como criterio de valoración. En concreto, cita un contrato de la junta de Castilla y León que tuvo en 2013 entre las adjudicatarias a Gas Natural; y otro del Defensor del Pueblo al que se presentó esta empresa “sin que se tenga constancia de recurso alguno” y que ha sido adjudicado recientemente a Gesternova.
El Ayuntamiento, que enmarca la inclusión de esta cláusula en su Plan A de cambio climático y en el doble objetivo de fomentar las renovables y reducir las emisiones de CO subraya en sus alegaciones que “un elevado porcentaje del 77% de las comercializadoras tiene etiquetas A, B ó C en al año 2016” y que el requisito del etiquetado de la electricidad es un criterio de valoración no “obligatorio”.
La postura del Consistorio se resume en un reciente artículo de Carlos Esteban, jefe de servicio de contratación de energía y eficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid, que cree que la exigencia de 100% renovable “no es suficiente” porque aunque en España se produce un 40,8% de energía renovable, “solo se certifica el 25%, con lo que las compañías eléctricas no tienen problema en vender a sus clientes, e incluso regalar”, esos certificados, “dado que compran mucha más energía renovable de la que les piden”.
“Solamente cuando al menos un 40% de los todos los consumidores exijamos que nuestra energía sea renovable empezará a tener algún efecto en la producción eléctrica y en la contaminación que genera”.
76,8 millones de euros
El recurso fue presentado el 2 de agosto ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que tiene quince días hábiles para resolver. El contrato, por un plazo de dos años prorrogable hasta cuatro, está valorado en 115.842.662,18 euros, de los que dos tercios (76.855.651,13 euros) corresponden a cuatro lotes para el suministro de electricidad equivalente al consumo de unos 50.000 hogares. El resto, 38.987.011,05 euros, IVA excluido, es para el suministro de gas, al que no aplica ese criterio del etiquetado.
El delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, dice que el recurso, que “era esperable”, es “técnicamente muy débil” y que en el consistorio están “muy tranquilos en cuanto a la solvencia técnica de los pliegos”. Según el concejal, el ayuntamiento está “facilitando que entren comercializadoras no tan habituales en otras grandes licitaciones” y “aplicando de manera estricta y entusiasta las directivas” que recomiendan dividir los concursos por lotes para incentivar la competencia en los concursos públicos.
Introducir esos criterios, concluye Sánchez Mato, “no sólo es políticamente correcto sino imprescindible si queremos ser como administraciones públicas consecuentes con nuestros planes” en materia medioambiental. Por su parte, Gas Natural no ha querido hacer comentarios.