La multa de la Generalitat a Airbnb enfría el alquiler vacacional entre particulares en pleno estío
Me voy de vacaciones, ¿puedo alquilar mi piso durante ese tiempo? La respuesta no es ni sí, ni no. Depende de la comunidad en la que uno viva. Esta misma semana se ha sabido que la Generalitat de Catalunya ha multado a Airbnb y se reabre así el debate sobre la regulación de alquiler de viviendas para uso turístico. Tras la modificación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) del año pasado, había quedado en manos de las comunidades. En la actualidad, solo Cataluña ha regulado este aspecto con una nueva normativa; en Madrid y Andalucía se aprobará pronto.
El Ejecutivo catalán ha multado con 30.000 euros a la plataforma de alquiler de casas que intermedia entre particulares que quieren alquilar su piso y turistas que buscan alojamiento. El Gobierno catalán considera una infracción “grave” que la compañía estadounidense anuncie en su web apartamentos que no han sido debidamente inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña y que además ofrezca habitaciones en viviendas particulares, algo que prohíbe la normativa de la comunidad. Incluso se plantea que no se pueda acceder a la web desde esta comunidad en el caso de que no se retiren los apartamentos.
La norma catalana –la primera en regular este aspecto con el Decret 159/2012, de 20 de noviembre- parece ser la referencia que están tomando las regulaciones en proceso de negociación en otras comunidades, según las fuentes consultadas. En este sentido, el problema residiría principalmente en el alquiler de habitaciones sueltas en domicilios particulares. Eso no se permite en Cataluña -en gran parte la multa de Airbnb se debe a esto- y es previsible que también se impida en Madrid, donde la nueva regulación está muy cerca de ver la luz después de haber pasado ya por el consejo consultivo.
Cabe recordar que la Generalitat ha sido la primera también en pedir el cese de actividad de Uber, la aplicación para conductores. Uber y Airbnb reciben las mismas críticas por parte del sector, que denuncia que los usuarios se lucran sin pagar impuestos sustituyendo otros negocios regulados que sí soportan esos costes.
Airbnb ha respondido con un comunicado a la multa del Gobierno catalán y ha asegurado que esta sanción “frenará” a la ciudad de Barcelona como destino. La capital catalana es actualmente la tercera ciudad más popular del portal solo superada por Nueva York y París. Además, el portal ha asegurado que se encuentra estudiando “alternativas legales” a la sanción. Respecto al impacto económico que supone el negocio, la empresa recordó que genera 128 millones de euros y 4.000 puestos de trabajo anuales en la Ciudad Condal, según un estudio en el que participaron profesores de Esade y el IESE.
La sanción, según apunta el abogado Miguel Ferré en su blog Leyes para la Economía Colaborativa, sería el resultado de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Ferrer señala que esta multa a Airbnb supone un fracaso en el diálogo con los actores implicados, aleja a Barcelona de las innovaciones de la economía colaborativa y crea un mercado negro.
Registro de apartamentos
Registro de apartamentosEn el caso de los apartamentos que se alquilan completos, Cataluña creó un registro donde es necesario apuntar el inmueble que se alquilará. Algo similar está previsto que recoja el decreto madrileño donde será necesaria una comunicación responsable a la Consejería de Turismo, una placa identificativa del apartamento e informar sobre la calidad del mismo.
“Somos bastante optimistas con la normativa, que ya está muy avanzada”, explica David Tornos, presidente de Asotur, la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico de Madrid, que apunta que no pueden ser iguales los requisitos que se piden a los establecimientos hoteleros que a los apartamentos. “Cada hotel aloja a muchas personas y se presentan servicios de restauración, por lo que son necesarias otras normativas de seguridad y sanidad”, matiza.
En el caso de Andalucía, el consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez, aseguró en febrero que su comunidad sería la siguiente en establecer unas normas para regular la explotación turística de viviendas privadas. El decreto también incluiría la creación de un registro de apartamentos de inscripción gratuita, pero que conllevaría el cumplimiento de una serie de estándares de calidad, higiene, seguridad y servicios ofertados. Frente a estos nuevos decretos, Baleares ha optado por regirse por una normativa anterior, bastante restrictiva a la hora de poner en alquiler apartamentos particulares, donde no se permite la prestación de servicios turísticos y la comercialización de estos alquileres por canales o portales.
Las nuevas normativas llegan cuando el enfrentamiento entre los establecimientos tradicionales y las nuevas formas de alojamiento es patente; mientras que los primeros cargan tintas contra un negocio que consideran ilegal, los segundos piden una regulación que les permita salir de la alegalidad en la que aseguran que se encuentran.
Exceltur, el lobby turístico, en la última valoración de la rentabilidad del sector aseguraba que la rentabilidad socioeconómica –donde incluyen no solo los beneficios de las empresas, sino también el incremento de puestos de trabajo- se estaba viendo “limitada por la explosión y merma de ingresos que para los operadores está generando el crecimiento exponencial de la economía sumergida en forma de nuevas ofertas de servicios turísticos no reglados y de explotación alegal (en alojamiento turístico en viviendas, transporte y restauración)”.
Frente a esto, las empresas con un nuevo modelo de alojamiento se defienden. “Las nuevas formas pueden coexistir con las empresas existentes. Existe un consumidor que demanda este tipo de alojamientos, que están teniendo éxito no solo por una cuestión de precio”, explica José Luis Zimmerman, director general de la Asociación Española de la Economía Digital (adigital) que integra a empresas del sector de la economía digital y que entre sus asociados se encuentran compañías como Airbnb o HomeAway. Zimmerman también critica que no exista una regulación a nivel estatal porque “cualquier norma que se multiplique por 17 es mala para un negocio nacional o extranjero”.
