Esta semana se cumplen dos años de la venta ejecutiva de Banco Popular al Banco Santander por el precio simbólico de un euro, ostensiblemente para evitar una suspensión de pagos del Popular que habría sido catastrófica. En estos dos años ha habido más bien poca información oficial sobre la gestión de la crisis del Popular, en gran medida porque las autoridades supervisoras y de resolución, españolas y europeas, se han escudado en su deber de confidencialidad para no dar demasiados detalles.
Pronto estuvo claro que sólo sabríamos cómo murió el Banco Popular como resultado de procesos judiciales, predeciblemente iniciados por los inversores damnificados por la quita de 6.000 millones de euros de acciones y 2.000 millones de euros de bonos subordinados que acompañó a la venta del Popular al Santander. Y así ha sido. Aunque el caso que se sigue contra los últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, aún está bajo secreto de sumario, en la segunda semana de abril se incorporó a la causa un informe pericial de expertos del Banco de España que naturalmente se filtró inmediatamente.
El informe responde a tres cuestiones: si la documentación sobre la que se basó la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 estaba manipulada o deformada; si las cuentas anuales de los dos ejercicios anteriores se ajustaban a la normativa contable; y determinar las causas de la resolución del banco en 2017.
Pero quizás lo más interesante del informe sea que detalla las medidas que el propio banco y las autoridades europeas tomaron para atajar —sin demasiado éxito, por lo visto— la crisis de liquidez del Banco Popular durante los tres meses anteriores a su resolución.
La primera pregunta que se puede responder definitivamente es si fue necesario declarar el banco “inviable o con probabilidad de serlo” (en la jerga regulatoria) o pudo haber continuado funcionando algunos días más, con esperanza de encontrar un comprador o ampliar capital. La respuesta es que la situación del banco a cierre del día 6 de junio era insostenible y hacía necesario su cierre. Según el informe, el banco tenía 600 millones de euros en su cuenta del Banco de España, pero tenía que hacer frente a 1.300 millones de euros de salidas ya comprometidas para el día siguiente. No habría podido abrir sus sucursales el 7 de junio en ningún caso.
La segunda pregunta que se puede responder es por qué no obtuvo Banco Popular liquidez adicional del Banco de España para continuar funcionando. Tras el fallo del Popular se supo que el banco había presentado garantías al Banco de España por valor de unos 40 mil millones de euros, pero que sólo había recibido unos 4.000 millones de liquidez. Aplicar a las garantías descuentos del 90% parece o bien extremadamente agresivo, lo que sugeriría que el Banco de España se ensañó con el Popular, o bien reflejo de una pésima calidad de activos en el balance del banco. Según el informe pericial se trató de un caso intermedio. El Banco de España aplicó descuentos de valoración del 60%, pero el 75% de las garantías presentadas por el Popular tenían defectos de forma. Y lo más interesante es que esos defectos se habían detectado al menos dos meses antes, y no se habían subsanado. Más que a una mala calildad de activos -que también- esto apunta a una pésima gestión de las garantías por parte del Popular.
El 30 de marzo de 2017, días antes de reformular las cuentas de 2016 reconociendo pérdidas adicionales, el Popular pidió al Banco de España información sobre el procedimiento de liquidez de emergencia (ELA). Éste se aplica cuando un banco no tiene activos de calidad suficiente para acceder a liquidez del Banco Central Europeo. Según los peritos, se llevó a cabo un simulacro de ELA en el que el Popular envió al banco central información de activos con múltiples defectos que no habrían pasado los filtros de consistencia en una situación real. Muchos de estos activos eran de difícil valoración por ser créditos a pymes y empresas sin estados financieros. Y algunos defectos eran tan serios como presentar como garantía préstamos dudosos clasificados erróneamente como normales. Se hicieron dos simulacros más el 29 de mayo y el 2 de junio, cuando el Popular estaba a las puertas de la resolución.
Con todo y con eso, cuando el banco decidió pedir ELA el sábado 3 de junio (aunque formalmente no lo haría hasta la mañana del lunes 5), aún se dio la situación de que, de casi 41.000 millones de euros de activos, más de 18.000 millones aún eran créditos dudosos. En total, el 70% de las garantías presentadas por el popular eran inadmisibles, y el 20% de las admisibles tenían errores tales como duplicidades, campos vacíos, y falta de información necesaria para su valoración. Finalmente, a los menos de 10.000 millones de garantías válidas se les aplicó un recorte de valoración del 60% por su mala calidad crediticia, resultando en una liquidez de emergencia disponible de sólo 3.900 millones de euros.
No deja de ser extraordinario que, después de tres simulacros a lo largo de dos meses, aún el 75% de las garantías presentadas por el Popular fuesen créditos dudosos, activos inadmisibles, con errores de documentación, o con información insuficiente para su valoración.
Otra pregunta que se plantea es por qué el Banco Popular no tenía activos de mejor calidad disponibles para usarse como garantía de liquidez con el Banco Central Europeo. El Banco Popular tenía lo que llamaban segunda línea de liquidez, que consistía en el exceso de reservas en el Banco de España por encima del mínimo regulatorio, más los activos disponibles para obtener liquidez del Banco Central Europeo. Esta segunda línea de liquidez osciló entre algo más de 11.000 millones de euros en diciembre de 2016 y marzo de 2017, pero llegó a caer a algo más de 8.000 millones al final de febrero. En marzo de 2017, el Popular obtuvo 7.000 millones de euros de liquidez de largo plazo del banco central (en la última de las operaciones conocidas como TLTRO II). Esto explica que el banco sintiese ya entonces la necesidad de hacer un simulacro de ELA con el Banco de España. Sabían que habían inmobilizado prácticamente todos sus activos de buena calidad a cambio de efectivo ya en marzo de 2017, antes de desencadenarse sus problemas de liquidez.
Lo que el Popular llamaba segunda línea de liquidez sirve para cumplir con un requisito regulatorio, la ratio de cobertura de liquidez (LCR en inglés). Ésta asegura que un banco tiene la capacidad de hacer frente a sus pagos durante 30 días incluso en una situación de estrés. En mayo, los planes del banco pasaban por mantener la segunda línea en 4.000 millones de euros a medio plazo, claramente insuficientes para cumplir con la LCR. De hecho, el Popular incumplió la LCR continuadamente desde el 12 de mayo.
Y, a todo esto, ¿qué hacían los reguladores y supervisores? El consejo de administración del 18 de mayo discutió una carta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en la que se advertía de que la violación de la LCR podría impedir la venta del Popular y abocar a la declaración de inviabilidad (failing or likely to fail en inglés). Al menos uno de los consejeros expresó su estupor por el tono imperioso de la misiva, que parecía ir directamente a la resolución sin dar tiempo al banco a resolver sus problemas. De esta carta el MUS envió copia a la Junta Única de Resolución, que ya el día 24 de mayo y actuando de oficio se puso en contacto con el Popular para aplicar el mecanismo de resolución.
La única duda que queda es si no habría sido preferible que el supervisor hubiese declarado al Popular inviable ya el fin de semana del 3-4 de junio cuando el banco ya se había puesto en marcha para solicitar liquidez de emergencia del Banco de España. De haberse hecho así, se habrían evitado salidas de depósitos 5.000 millones de euros y el Popular habría salido de la resolución con casi 4.000 millones de liquidez de emergencia disponible.
De hecho la Junta Única de Resolución ha reaccionado al caso del Popular con dos peticiones. La primera, ya satisfecha, es legislar una herramienta de moratoria, esencialmente una suspensión de pagos temporal, que hubiese dado tiempo a resolver el Popular hasta el fin de semana siguiente, dado que falló un martes. La segunda, más difícil de satisfacer, es habilitar un mecanismo de provisión de liquidez a un banco recién salido de la resolución. La lógica de esto es que si el Santander no hubiese comprado al Popular, éste último hubiese emergido de la resolución recapitalizado y solvente, pero violando los requisitos regulatorios de liquidez y sin nada de garantías disponibles para liquidez de emergencia del Banco de España, por no decir liquidez estándar del Banco Central Europeo. Si el supervisor hubiese declarado al Popular inviable al cierre del 2 de junio, ninguna de estas dos peticiones de la JUR habrían parecido necesarias. Lo que sí es necesario, y que el BCE ha pedido a los legisladores, es que se modifique la regulación y la directiva de resolución para hacer más fácil al Mecanismo Único de Supervisión adoptar medidas de intervención temprana.
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