El debate sobre la creación de una eléctrica pública en España llega este martes al Congreso. La Cámara Baja va a abordar una proposición de ley de Unidas Podemos sobre esta materia, en la que no hay consenso con la ministra responsable de energía y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
La iniciativa se va a discutir en un contexto de precios récord de la luz desde el verano. Y en un momento de efervescencia de operaciones en el sector de las renovables, con plusvalías multimillonarias para varios fondos y grandes fortunas. En esta sucesión de transacciones, varios grupos energéticos extranjeros con participación pública se han lanzado a cerrar compras millonarias en los últimos meses para posicionarse en España.
Una de las más importantes se anunció el pasado noviembre, cuando Engie, cuyo principal accionista (con cerca del 24% del capital y el 33,55% de los derechos de voto) es el Estado francés, anunció la compra de Eolia de la mano de Crédit Agricole Assurances.
Eolia era hasta entonces propiedad de Aimco, fondo canadiense que había comprado ese grupo español en 2018 a Oaktree, uno de los fondos que aprovechó los recortes que aplicó el Gobierno del PP al sector para adquirir activos renovables a derribo.
Con esa operación, Engie (la antigua Suez-Gaz de France) va a hacerse con uno de los productores independientes de energía renovable más relevantes de España, con 899 megavatios (MW) activos y una cartera de 1,2 gigavatios (GW). La operación, a la que tiene que dar su visto bueno el Gobierno por la normativa de protección de empresas estratégicas que puso en marcha con la pandemia, fue autorizada por la Comisión Europea en enero y está valorada en unos 2.000 millones.
Con ella, el grupo francés se convertirá en el sexto operador por capacidad de generación en España, tras compañías como Iberdrola o Endesa, cuyo mayor accionista es el grupo semipúblico italiano Enel, y que en noviembre anunció unas inversiones de 30.000 millones hasta 2030.
Un mes antes de anunciar la compra de Eolia, Engie anunciaba la adquisición de otra compañía española, Sofos Energía, especializada en desarrollo, tramitación, diseño, construcción y operación de plantas de energía solar fotovoltaica, y con unos 1.000 MW en desarrollo. El grupo se ha propuesto alcanzar los 3 GW de renovables en España en los próximos años mediante crecimiento orgánico y adquisiciones.
“No descarto alguna compra más para crecer en generación”, decía hace unas semanas a El Economista la máxima responsable de Engie en España, Loreto Ordóñez, que afirmaba que, a la hora de analizar compras, la empresa está “disparando no sé si a todo pero a mucho”. “Estamos mirando varias cosas para seguir creciendo en España para ser un jugador clave en renovables”.
La apuesta de Engie es mucho más ambiciosa que la del gran coloso estatal francés, EDF. El gigante nuclear galo, que como muchos otros inversores extranjeros hace años denunció al Estado español por los recortes a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy, ha deshecho posiciones en España en este sector, aunque en 2021 su filial de servicios energéticos, EDF Fenice, anunció un “ambicioso” plan de crecimiento en España con 100 millones de inversión en autoconsumo para alcanzar los 200 MW instalados en 2025.
También ha apostado por España Statkraft, el mayor productor de energía renovable de Europa, 100% propiedad del Estado noruego. El grupo, que entró en el mercado ibérico en 2018, compró en noviembre de 2020 por 130 millones la británica Solarcentury. Esta operación le permitió hacerse con una cartera de seis gigavatios en Europa y Latinoamérica, casi la mitad en España.
Con 4.800 empleados en 18 países y más de 370 plantas eléctricas en todo el mundo, el grupo nórdico, con más de 120 empleados en España, cuenta ya con 500 MW en operación en el país y 2,5 GW en desarrollo y construcción. Su objetivo es similar al que se ha marcado Engie: alcanzar unos 3 GW instalados en España en 2025.
El gigante chino
También ha entrado con fuerza en el país la estatal China Three Gorges, que abrió una filial en España a finales de 2020, meses después de cerrar su primera operación aquí, la compra a X-Elio de 13 plantas fotovoltaicas con unos 500 MW de capacidad.
El gigante chino, líder hidroeléctrico mundial, con una potencia instalada de 75 GW, acordó en noviembre pasado adquirir a la portuguesa EDP Renováveis (EDPR), de cuya matriz es primer accionista (20,22%), una cartera de doce parques eólicos con 181 MW en España por unos 307 millones, lo que elevó sus inversiones en el país a cerca de 1.300 millones en apenas un año.
Esa operación le permitió alcanzar un total de 23 parques eólicos y 14 plantas fotovoltaicas en España que suman más de 1 GW, y se suma a la adquisición de más de 400 MW, hace un año, a un consorcio liderado por Corporación Masaveu por unos 500 millones.
También en noviembre pasado anunciaba su entrada en España la mayor eléctrica de Austria, Verbund, cuyo primer accionista es el Estado de ese país centroeuropeo (51%). Lo ha hecho mediante la compra a la alemana BayWa RE, por un importe que no se ha hecho público, de un proyecto fotovoltaico de 150 MW en Granada cuya puesta en marcha está prevista para este primer trimestre.
La propuesta de Podemos
Unidas Podemos va a proponer este martes una ley para impulsar una empresa pública de energía que bautizan como ' Producción Eléctrica Española (EPE) y que asumiría concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando y promoviendo instalaciones de energía renovable.
Desde la formación morada argumentan que, si la media en la OCDE de participación pública en las empresas energéticas es del 40%, en España se queda en el 5%, siendo el segundo mercado eléctrico más privatizado, sólo por detrás de Portugal, y que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía.
La vicepresidenta Ribera abrió la puerta a la idea de la empresa pública el pasado agosto, en plena sucesión de récords de la luz. En una reciente entrevista en El Periódico, la ministra insistía en que la posibilidad de gestionar las presas “conforme se agoten esas concesiones” es una de las opciones que analiza su departamento.
“A lo mejor hay pequeños saltos hidroeléctricos cuya concesión puede atribuirse a una comarca de municipios pequeños de alta montaña, como si fuera una especie de autoconsumo compartido. O si nos interesa mantenerlo por su capacidad de almacenamiento, puede ser gestionado por Red Eléctrica o por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. También puede ocurrir que en un determinado momento constituyamos una pequeña sociedad mercantil estatal, que nos permita jugar con estas explotaciones, como por ahora están haciendo algunas confederaciones hidrográficas”, explicó.
No obstante, Transición Ecológica tiene claro que, de asumir esas presas, se gestionarían por criterios de mercado, como marca la normativa europea. Este lunes, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, de visita en Madrid, abogaba por “acelerar” la implantación de renovables para responder a la dependencia del gas ruso. Simson también abría la puerta a explorar nuevas “soluciones” para abordar los elevados precios de la luz, tras las repetidas peticiones de España y otros países europeos para desindexar los mercados eléctricos de la cotización del gas.