En mitad de la tormenta política sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial y con la oposición en plena ofensiva contra el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez al que acusa de socavar las instituciones, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido este martes en el Congreso para señalar que es “conveniente otorgar una mayor relevancia al Parlamento en el nombramiento del gobernador, el subgobernador y los miembros no natos del Consejo de Gobierno” de la autoridad monetaria ya que redundaría en “una mayor percepción pública de independencia y legitimidad de los responsables, y repercutiría positivamente en el prestigio de la institución, la confianza que transmite a los ciudadanos y el buen desempeño de sus funciones”.
La propuesta de Hernández de Cos llama la atención especialmente cuando hay una fuerte polémica por la paralización de la renovación del Consejo de General del Poder Judicial que lleva dos años bloqueado debido a la negativa del Partido Popular a negociar los sustitutos. Solo hace unas semanas los partidos del Gobierno de coalición consiguieron que el Congreso diera el primer paso para limitar las atribuciones que tiene que tener el órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones a raíz de la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. Esa reforma, respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, pretende impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales.
Aunque ha recordado que “el Gobierno no puede dar instrucciones al Banco de España, ni este puede recabarlas o aceptarlas”, la propuesta de Hernández de Cos llama más aún la atención cuando el mismo admite “que si bien no es el modelo predominante en los principales países europeos, en algunos bancos centrales, como los de Finlandia, Eslovaquia, Letonia y Lituania, sus parlamentos desempeñan un papel notable en el procedimiento del nombramiento del gobernador. Fuera de Europa, en Estados Unidos el nombramiento del presidente de la Reserva Federal requiere la confirmación en el Senado”. Es decir, no hay referentes en los países que son referencia en la UE del modelo que pide el gobernador.
Las sospechas de imparcialidad en las actuaciones llegan hasta el ministerio de Asuntos Económicos. El gobernador pide que las sanciones que dicta el Banco de España en el ámbito supervisor “no pudieran ser recurribles en alzada ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de recurso contra ellas ante los tribunales de justicia”.
Pero además, Hernández de Cos se ha visto envuelto en varias polémicas con algunos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez como la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, o el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por las posiciones contrarias del gobernador del Banco de España en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados sobre los incrementos del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos.
Esta polémica no es baladí, ya que Hernández de Cos solicita una mayor participación de su institución en el Parlamento. Aunque el gobernador recalca que el incremento de comparecencias en la Cámara Alta -ya hay control parlamentario sobre el Presupuesto de la entidad y acude a la Comisión de Economía del Congreso para presentar el Informe Anual- obedecerían a la rendición de cuentas de la institución ante los diputados, también añade que se la necesidad de “un mayor número de comparecencias regulares del gobernador ante el Parlamento” en las que “el gobernador presentara periódicamente la visión del Banco de España sobre la situación económica, la política monetaria y el sistema financiero, y también que diera cuenta de las actuaciones y los planes del Banco de España”.
También pide que se haga una reflexión sobre la duración de los mandatos, que a su juicio se debería ampliar aun más de los seis años actuales que goza el gobernador del Banco de España. Aunque en la actualidad ya es un tiempo superior al ciclo electoral, Hernández de Cos se fija en los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo, cuya duración es de ocho años. Esta ampliación sería, a su juicio, “un elemento crucial para reforzar la independencia de las personas”. Para evitar malas interpretaciones, Hernández de Cos ha subrayado que se refería a los futuro gobernadores de la institución. También ha destacado que es positivo la no renovabilidad que tiene el sistema en la actualidad.
Propuesta del modelo de supervisión financiera
Respecto al modelo de supervisión, el gobernador ha recordado que “tras la pasada crisis financiera internacional, algunos países han modificado sus modelos supervisores hacia modelos más integrados y con un mayor papel de los bancos centrales”. En este sentido ha destacado la necesidad de desarrollar “un modelo articulado en torno a dos agencias separadas: una en torno al banco central, encargada de la supervisión prudencial y una segunda agencia para las tareas de vigilancia de la conducta de todo tipo de intermediarios y de protección de los inversores y clientes de los distintos productos y servicios financieros”.
“La separación de las responsabilidades de preservación, por un lado, de la solidez patrimonial de todas las entidades financieras con independencia de su naturaleza (bancaria, de seguros, valores, etc.) —incluida la capacidad de decidir autónomamente el uso de los instrumentos macroprudenciales— y, por otro lado, de la vigilancia de la adecuada conducta en sus relaciones con sus clientes y su asignación a autoridades diferenciadas (a Banco de España y a CNMV, respectivamente), representa, en mi opinión, un esquema institucional óptimo para gestionar los posibles conflictos entre ambas responsabilidades y para mejorar la eficiencia y la eficacia de la actividad supervisora”, ha apuntado.