El Gobierno reconoce que la nueva factura eléctrica que entrará en vigor en junio no abaratará la luz a corto plazo. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confían en una “cierta reducción” del recibo medio tras su puesta en marcha, pero advierten de que el sistema “no busca reducir el precio de la electricidad de manera inmediata”, sino dar “señales adecuadas” para lograr consumos “más eficientes” e incentivar el despliegue del autoconsumo y el coche eléctrico.
El ministerio va a lanzar una campaña “masiva” para explicar la nueva factura, que entrará en vigor el 1 de junio tras varios aplazamientos. Esta dará mayor peso a la energía consumida en el recibo final y se basará en tres periodos de facturación (punta, llano y valle) para la parte fija del recibo de los 10,7 millones de usuarios domésticos acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Esta tarifa semirregulada es la más recomendada por los expertos pese a que lleva años en declive y hay ya 16 millones de hogares acogidos a las tarifas del mercado libre, que por regla general son más caras. En este último caso, los clientes deberán analizar qué contrato tienen con su comercializadora.
La nueva estructura aplica discriminación de precios a todos los consumidores y tres periodos a todos los de menos de 15 kW (consumidores domésticos) para los usuarios con PVPC. El periodo punta, con los peajes y cargos más caros, y que irá de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas durante los días laborables; el llano, con un coste intermedio (de 8 a 10 horas; de 14 a 18 horas; y entre las 22 y 24 horas); y la tarifa valle, la más barata, que irá desde la medianoche hasta las 8 de la mañana y se aplicará todas las horas de los fines de semana y festivos.
Desde junio, los peajes de acceso al sector eléctrico pasan a ser sustituidos por dos nuevos conceptos: por un lado, los peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que cubren los costes del uso de las redes de transporte y distribución; y por otro, los cargos, establecidos por el ministerio y que sufragan el denominado régimen especial (que incluye las primas a las renovables más antiguas), el déficit de tarifa de años anteriores o la compensación del 50% del sobrecoste de generar electricidad fuera de la Península.
Con el nuevo sistema, también cambia el formato de factura para usuarios con PVPC. Esta será más corta (dos páginas) e incorporará nueva información como las potencias máximas que cada consumidor ha demandado en cada uno de los periodos horarios en el último año, para adaptarse al nuevo sistema. Se incluirá, además, un código QR para acceder al comparador de ofertas de energía de la CNMC.
“Simplicidad” y “equilibrio”
Fuentes del Gobierno señalan que con este nuevo sistema se mantiene “razonablemente la simplicidad de la factura” y se logra un “equilibrio razonable” con el anterior modelo, manteniendo cierto componente fijo para garantizar que se cumple el objetivo de recaudación para sufragar los costes fijos del sistema eléctrico.
El Ejecutivo fía la reducción del recibo no a esta nueva factura, sino al fondo que ha planteado para sacar el coste de las renovables del recibo y cargarlo al conjunto del sector energético, y a la contratación bilateral a través de mecanismos como los PPA de energías renovables. El Ejecutivo reconoce que le “preocupa” la subida experimentada por el precio mayorista de la electricidad durante abril, que hizo que, según Facua, el mes pasado se cerrase con el recibo doméstico más caro de la historia y el más alto en más de dos años.
Una situación que se explica por la subida de la cotización del gas natural y de los derechos de emisión del CO2 y ante la que el Gobierno dice tener escaso margenrecuerda que el mercado de carbono tiene dimensión europea y cualquier medida para atajar la subida de los derechos de emisión (se han duplicado en apenas unos meses, hasta los 50 euros por tonelada) tiene que adoptarse a nivel comunitario.
A través de la nueva estructura tarifaria se pretende incentivar el traslado del consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda eléctrica (horas punta) a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas (horas valle), lo que reducirá la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones en dichas infraestructuras.
“Esto redunda en menores costes para los consumidores de energía eléctrica, puesto que son ellos quienes sufragan este tipo de infraestructuras a través de la factura eléctrica, y evita los inconvenientes medioambientales de este tipo de instalaciones”, explica el ministerio.
Los usuarios que trasladen su consumo hacia las horas llanas y valle, con menos demanda, tendrán un mayor ahorro en su factura. Los perjudicados serán, probablemente, los 1,1 millones de clientes con PVPC que ya estaban acogidos a la denominada discriminación horaria, la que los nuevos periodos tarifarios les penalizarán.
Los consumidores podrán contratar dos potencias diferentes: una para los periodos punta y llano y otra para el periodo valle. Los que necesiten más potencia en periodo valle, como los usuarios con vehículo eléctrico que deseen cargarlo por la noche en su domicilio, podrán contratar una potencia superior para el periodo valle y mantener su potencia habitual en los tramos punta y llano, evitando pagar el sobrecoste de esa potencia extra durante todas las horas del día. Si el consumidor no solicita este cambio se le aplicará automáticamente la potencia actual contratada en ambos periodos.
La combinación de los nuevos peajes y cargos hará que la factura eléctrica tenga un mayor componente variable. Esto hará que su coste dependa en mayor medida de la energía consumida, lo que fomenta la eficiencia energética y promueve el autoconsumo, que reduce la demanda de energía procedente de la red, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos.
El ministerio subraya que este nuevo modelo beneficiará, además, a los consumos con componente estacional como el turismo. No obstante, el nuevo modelo mantendrá una parte fija de los cargos para lograr un equilibrio con otras prioridades de política energética. De esta forma permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, lo que fomenta, por ejemplo, el uso de bombas de calor, que podrían resultar más baratas y limpias que otras opciones basadas en combustibles fósiles, o la recarga doméstica de vehículos eléctricos.