El Gobierno vende un 4,3% de Aena a un fondo radicado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán

“Cuidando cada detalle, atendiendo a lo más pequeño, nos hemos hecho grandes”, reza la publicidad institucional con la que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) promociona estos días la oferta pública de venta (OPV) de acciones que servirá para colocar un 28% de la empresa pública en bolsa, en la mayor privatización realizada en España en los últimos 15 años.

Hay un pequeño detalle de la primera parte de esta operación, la venta de un 21% del capital de Aena entre tres “inversores de referencia”, que el Ejecutivo se ha cuidado de airear en este tortuoso proyecto, un empeño personal de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha echado a andar con tres meses de retraso sobre el calendario previsto y que ha pilotado desde la sombra el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal.

En la venta va a tener un papel muy destacado una sociedad radicada en uno de los territorios más opacos del mundo. El fondo de inversión The Children's Investment Fund (TCI), seleccionado por el Gobierno el 14 de octubre como uno de esos tres inversores con vocación de permanencia, canaliza gran parte de su participación en Aena (en total, va a tener un 6,5%) a través de una sociedad luxemburguesa cuyo único accionista es una filial radicada en las Islas Caimán, territorio británico dependiente del Reino Unido al que la Agencia Tributaria española considera un paraíso fiscal.

En el folleto de salida a bolsa publicado en la tarde del viernes pasado en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena explica que TCI vehicula su participación en Aena (9,75 millones de acciones, el citado 6,5%) a través de dos sociedades, TCI Luxembourg SARL y la irlandesa Talos Capital Limited.

La primera, que como su nombre indica su tiene sede en Luxemburgo, detenta la mayoría de esa participación (6,435 millones de acciones, un 4,29% del capital de Aena). Y, según consta en la documentación depositada en el Gran Ducado luxemburgués (otro coladero fiscal que en este caso no figura en la lista de paraísos fiscales de Hacienda), el único accionista de TCI Luxembourg es The Children's Investment Master Fund, firma que está domiciliada en George Town, la capital de Islas Caimán.

Sin comentarios

La sede de ese fondo está en Ugland House, un edificio de cinco plantas donde están registradas más de 18.000 empresas que utilizan este territorio completamente opaco como tapadera fiscal. En 2008, durante la campaña electoral en Estados Unidos, el entonces candidato Barack Obama se refirió a ese inmueble en estos términos: “O bien es el edificio más grande del mundo, o bien es la mayor estructura de evasión fiscal existente”, señaló.

El Ministerio de Fomento no ha querido hacer comentarios sobre el hecho de que el Gobierno haya vendido parte de Aena a una sociedad radicada en un paraíso fiscal, y por si esta circunstancia se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar a TCI como accionista estable. En junio pasado, cuando anunció la venta de un 21% del capital de Aena, Ana Pastor dijo que ese paquete se vendería a un “núcleo estable de accionistas que serán seleccionados, lógicamente, mediante un concurso público y con concurrencia, como no puede ser de otra manera, según las leyes de nuestro país y como tiene que ser”.

Desde la empresa pública, que ha comenzado un 'road show' para captar inversores que arrancaba este lunes con un acto en la Bolsa de Madrid, se remiten a Enaire, la sociedad pública que pilota la privatización de la compañía y que mantendrá la participación de control en la empresa cuando culmine la OPV (venderá el 49% y se quedará el 51%).

Por su parte, fuentes de Enaire dicen que no hacen ninguna valoración sobre este asunto y se limitan a señalar que el proceso de colocación previa se realizó mediante “un concurso público transparente en el que se seleccionaron unos inversores de referencia y se pedían unos requisitos”.

Las críticas de Montoro

Entre esos requisitos no figuraba ninguna prevención respecto a la actividad de los aspirantes en paraísos fiscales, unos territorios sobre los que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado en ocasiones duras críticas: “No se puede permitir que existan este tipo de países dentro de la UE y más en un momento de consolidación fiscal en el que se están pidiendo esfuerzos a los ciudadanos”, decía, en abril de 2013, respecto a Gibraltar, otro paraíso fiscal dependiente de Reino Unido. Actualmente, las Islas Caimán están en la lista de territorios con los que Hacienda negocia acuerdos de intercambio de información, junto con Bermudas, Guernsey, Islas Cook, Isla de Man, Jersey, Macao, Mónaco, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía.

TCI fue el socio financiero que eligió el Ejecutivo para formar el núcleo duro de accionistas de Aena. Para garantizar la españolidad de la operación, en el proceso se seleccionó a las españolas Alba Participaciones (8%), brazo inversor de la familia March, y Faero España (6,5%), propiedad de Ferrovial. Su factura fiscal a la hora de tributar por los dividendos que cobren en el futuro por su participación en Aena va a ser, previsiblemente, muy superior a la de TCI.

Esos tres socios deberán permanecer en el capital del gestor aeroportuario un mínimo de un año. El representante del fondo británico en el consejo de Aena desde octubre es Christopher Anthony Hohn, fundador, socio y director de gestión de carteras de TCI.

En el folleto de la OPV por la que las acciones de Aena empezarán a cotizar en bolsa el próximo 11 de febrero se advierte de que en caso de que el precio máximo que ofrecieron los tres accionistas de referencia no llegue al de la oferta para los inversores cualificados en la OPV, los socios preseleccionados perderán sus derechos. TCI ofreció un máximo de 51,60 euros por título y la banda orientativa de precios de la OPV se ha fijado entre los 43 y los 55 euros por acción.

La privatización, por la que el Estado ingresará hasta 4.000 millones de euros, ha sido calificada por el PSOE de “un gran negocio” para los amigos del Gobierno. Para IU, la operación es un “expolio” y “una de las mayores estafas y robo a lo público”.