Solo una semana después de aprobar el techo de gasto que servirá de tope a los presupuestos de 2020 (un límite que crece menos de lo que estaba previsto el año pasado en un contexto de ralentización económica), el Gobierno se dispone a iniciar los trámites necesarios para que cuanto antes estén en vigor los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras –conocidos como 'tasa google' y 'tasa Tobin' pese a no ser tasas–. Se trata de ingresos con los que quiere contar tan pronto sea posible para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público (1,8% del PIB para este año).
Por eso ha preferido no esperar a que la OCDE o el G–20 adopten estas medidas a escala internacional a la hora de poner en marcha la maquinaria legislativa para aprobar estos tributos. No obstante, fuentes gubernamentales señalan a eldiario.es que en el momento en que se aprobase esta medida en un foro multilateral, la legislación española se adaptaría a la misma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó que España va a seguir el ejemplo de Francia, es decir, dejar congelada hasta diciembre de este año la liquidación efectiva del impuesto, a la espera de un acuerdo global.
“En el caso francés se han suspendido los pagos a cuenta, para que el pago se haga a finales de año. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino de la liquidación a final de año”, declaró la vicepresidenta, informa Andrés Gil.
Francia decidió congelar hasta diciembre esta tasa por las amenazas de aranceles de EEUU. Aunque en los meses pasados sí reconocen alguna presión, ahora las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que no tienen “señales ni indicios inquietantes de EEUU”.
En un primer momento, cuando se intentaron aprobar estos impuestos, la previsión de recaudación que se manejaba era de unos 2.000 millones anuales (1.200 con el impuesto a determinados servicios digitales y 850 con el impuesto a las transacciones financieras). Una cantidad que en enero de 2019 la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebajó a una horquilla de entre 546 y 968 millones en el primer caso y de entre 420 y 850 millones en el segundo.
En esta línea, este martes, el Gobierno tiene previsto rebajar las previsiones de ingresos del impuesto a determinados servicios digitales, según han explicado las citadas fuentes gubernamentales, que ahora calculan unos ingresos de entre 900 y 1.000 millones (entre un 25% y un 16% menos de lo estimado antes).
En todo caso, la recaudación que puedan producir en este mismo ejercicio ambos impuestos será menor, ya que solo podrán entrar en vigor en unos meses (si superan el trámite parlamentario), y, por lo tanto, no generarán los ingresos de un ejercicio completo.
A quién afectan estos impuestos
Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o 'tasa Google' gravaría con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España.
Con el impuesto a las transacciones financieras o 'tasa Tobin' se pretendía gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
Las fuentes consultadas señalan que no habrá cambios en lo que se refiere a los gravámenes a aplicar.
Estos impuestos, al ser de nueva creación, no pueden ir incluidos en el proyecto de Presupuestos generales del Estado, pero están totalmente vinculados al mismo. Todo el diseño del gasto público, incluidos los compromisos sociales y con los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez debe cuadrar con un objetivo de déficit del 1,8% del PIB. Teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles, aún no cerrados, el desequilibrio de la Seguridad Social cerró 2019 en torno al 1,4% del PIB, la mayoría del déficit para este año volverá a estar destinado a atender los pagos de las pensiones.