Un fondo público para impulsar el ahorro privado de trabajadores en su empresa para su jubilación, como complemento de las pensiones públicas. El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para crear este vehículo con el que pretende incentivar que los empleados, ya sean de grandes empresas o pymes, del sector público o autónomos, puedan incrementar su pensión pública con ahorro a través del empleo. En concreto, se ha aprobado el Anteproyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo en primera lectura y se abrirá ahora a audiencia pública antes de emitir finalmente una norma que llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.
El Gobierno aspira a que la ley para la creación de este macrofondo esté en vigor antes del verano del próximo año. No se trata de una propuesta nueva, sino que era un compromiso que arrastraba el Ejecutivo desde hacía tiempo. En primer lugar, era una recomendación del Pacto de Toledo para impulsar el ahorro complementario a la pensión pública. En segundo lugar, estaba incluido en el plan de recuperación enviado a Bruselas para recibir fondos públicos. Y en tercer lugar, y lo que motivaba cierta urgencia, el Gobierno se había comprometido en los Presupuestos Generales de 2021 a tener listo en doce meses este cambio legislativo, fecha que vencía en menos de mes y medio.
Cuando se habla del sistema de pensiones existen tres pilares. El primero es el de las pensiones públicas. El segundo, el de los planes privados de empleo. El tercero, el sistema privado de pensiones individuales. Escrivá ha apostado reiteradamente por impulsar el segundo de los pilares, escasamente desarrollado en España más allá de algunas grandes compañías del país. Estos sistemas los ponen las empresas a disposición de sus trabajadores para que se adhieran si así lo desean, de manera voluntaria. Con ellos, los empleados tendrán un complemento a la pensión pública cuando se jubilen. Sus condiciones se acuerdan a través de la negociación colectiva y hay diversas fórmulas.
La idea con la creación de este fondo público, según ha expresado Escrivá, es que la opción de acudir a este modelo de ahorro privado llegue a más empresas, a autónomos y a empleados públicos. “Hay que enmarcarlo en un conjunto de medidas de refuerzo y modernización del sistema de pensiones”, ha apuntado. Aunque es una estrategia conjunta, como ha explicado Escrivá, la creación de este fondo tiene una vida legislativa y de tramitación parlamentaria independiente de la reforma de las pensiones que ultima los trámites en el Congreso y que ha incluido, entre otras medidas, la subida de las pensiones conforme al IPC o los mecanismos de equidad intergeneracional.
Escrivá ha señalado que actualmente solo uno de cada diez trabajadores españoles cuentan con un plan de pensiones privadas de este tipo. Sin embargo, ha evitado fijarse un objetivo respecto al número de partícipes que pretende alcanzar con esta medida. Si bien, ha señalado que en Euskadi, con mayor desarrollo de este mercado, son uno de cada dos y en otros países se encuentra en torno a uno de cada tres. “Es muy difícil hacer estimaciones”, ha asegurado.
La norma incluye la creación de este fondo público, aunque con algunas peculiaridades. Escrivá ha insistido en que el objetivo es que el Estado sea “promotor” de esta iniciativa, para lograr que se desarrollen estos vehículos hacia trabajadores a los que no llegaban hasta la fecha. Sin embargo, pese a ser creado por el Gobierno, el fondo tendrá gestión privada. Mediante un concurso público se seleccionará a las gestoras privadas que desarrollarán las inversiones de este fondo. Aunque Escrivá no ha entrado en detalles, en los desarrollos previos se limitaba el acceso a las gestoras más pequeñas al imponer un nivel mínimo de patrimonio bajo gestión.
El Gobierno aspira a que este nuevo fondo público cuenten con un coste bajo para atraer a más partícipes de los que existen actualmente. Para ello, la ley fija un nivel máximo de comisiones y las gestoras interesadas en ser adjudicatarias de la gestión del fondo tendrán que ofrecer porcentajes más bajos que ese baremo.
Pese a que la gestión de los activos será privada, el Gobierno pretende garantizar un control público de este fondo. Para ello, se va a crear una comisión de control para supervisar y monitorizar la gestión del dinero. Esta comisión tendrá una mayoría de representantes del Estado, así como representantes de los sindicatos y de las patronales. Esta comisión se encargará de fijar la política de inversión que tendrá que estar asemejada a “las mejores prácticas existentes, será una vigilancia y un control muy estrictos”.
Escrivá ha señalado que será el convenio colectivo sectorial el que abra la puerta a que las empresas de cada sector puedan adherirse a este fondo público, con el objetivo de que llegue a las de menor tamaño. Además, defiende, se simplificará la vía administrativa para crear fondos de pensiones de empleo.
El Ejecutivo ya había ido preparando el terreno antes de esta ley para incentivar los planes de empleo. En los Presupuestos de 2021 se redujo de 8.000 a 2.000 euros el limite de aportaciones anuales a los planes privados individuales, que además se podían posteriormente deducir en la declaración del IRPF, al tiempo que se aumentaba el límite para los fondos de empleo. En los presupuestos del año próximo se vuelve a limitar a 1.500 euros el límite para los fondos individuales. Esta medida y la creación de un nuevo competidor público en el sector han sido ampliamente criticados por aseguradoras, bancos y fondos, así como la CEOE, que llegó a hablar de competencia desleal. Entre los sindicatos también han existido recelos en aspectos relevantes como la gestión que se hace de estos fondos.