El Gobierno ha aprobado este viernes en el consejo de ministros un real decreto para ceder la competencia estatal a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de vehículos de transporte con conductor (VTC), que utilizan Uber y Cabify, con una moratoria de cuatro años para que puedan adaptarse a la exigencia de un vehículo de este tipo por cada 30 taxis, según ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado agradar tanto al sector del taxi como a las empresas de VTC, tras un conflicto entre ambos colectivos que ha durado meses. De esta manera, las comunidades autónomas y los ayuntamientos asumirán la capacidad legislativa para los servicios de Uber y Cabify y tendrán que ajustarse al marco normativo que definió el Ejecutivo por el que debe haber una licencia de VTC por cada 30 de taxis pero no podrán eliminar licencias de VTC en los próximos cuatro años. Además, aunque estas administraciones retiren la licencia urbana a estos vehículos no perderán la licencia concedida por el Gobierno central para hacer servicios interurbanos.
En la actualidad hay algo menos de 11.200 licencias de VTC operando en España, aunque la mayor parte se concentran en las ciudades de Barcelona y Madrid.
Ábalos justifico la necesidad de poner en marcha la nueva normativa en la “anormalidad” que supone que servicios como Uber y Cabify “sean los únicos transportes urbanos que no se regula con legislación municipal y autonómica”. En caso de que haya regiones o ayuntamientos que no quieran asumir la regulación de este servicio provocarán que las empresas de VTC que operaban en esos territorios pierdan la habilitación.
El ministro también ha admitido que estos servicios, que funcionan mediante plataformas digitales, tendrán una nueva tributación con el impuesto que está diseñando el ministerio de Hacienda para las empresas tecnológicas. Tanto Uber como Cabify han sido acusadas de no tributar su ingresos en España.
“Cuatro años con naturaleza indemnizatoria”
Ante la posible amenaza de Uber y Cabify de llevar a los tribunales el nuevo real decreto, Ábalos ha admitido que “obviamente habrá recursos” pero ha argumentado que “para evitar cualquier perjuicio se plantea la moratoria de cuatro años, que tienen naturaleza indemnizatoria”.
El ministro ha avisado de que si algún interesado está pensando en hacer negocio con las licencias “el decreto ha sido desarrollado por la Abogacía General del Estado para blindarlo jurídicamente, está apoyado en la doctrina del constitucional” para concluir que “una autorización cuesta 39 euros, no pueden pedir miles de euros, aunque obviamente habrá recursos porque algunos tienen expectativas”.
“Una licencia no constituye un derecho de propiedad: es una autorización que está condicionada a cada momento. En todo caso las licencias VTC verán cambiadas las condiciones de explotación, como ha ocurrido con el sector del taxi a los largo de la historia”, ha explicado.
De todas maneras, el titular de la cartera de Fomento ha puntualizado que en caso de que algún empresario consiga en los tribunales una sentencia para incrementar la indemnización se podría aumentar la moratoria como fórmula para financiar la indemnización si tener que dedicar recursos públicos.