El Ministerio para la Transición Ecológica considera ilegal la prórroga que el Gobierno de Mariano Rajoy, entonces en funciones, otorgó el 20 de enero de 2016 a la fábrica de la papelera Ence en Pontevedra para permitirle operar por otros 60 años, hasta 2073, lo que supuso indultar al complejo de un cierre que hasta entonces estaba previsto para julio de 2018.
Ence ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “ha recibido notificación de que la Administración General del Estado ha presentado el pasado 8 de marzo escrito de allanamiento en los tres procedimientos que actualmente se siguen en la Audiencia Nacional y pretenden que se declare la nulidad de la resolución” del entonces Ministerio de Agricultura por la que se autorizó la prórroga de esa fábrica de pasta de celulosa.
El escrito de allanamiento presentado por la Abogacía del Estado entraña un reconocimiento por una de las partes demandadas (la Administración) de las pretensiones de los demandantes, el Ayuntamiento de Pontevedra y las organizaciones ecologistas Greenpeace España y Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra.
El escrito se basa en la opinión de la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, según fuentes de este departamento, al apreciar, según fuentes de Greenpeace, “usos incompatibles con el dominio público terrestre”. Ence y el propio ministerio (que asumió el año pasado la cartera de Medio Ambiente) son la parte demandada en este procedimiento.
Ence, que tras anunciar la decisión del Gobierno lidera las caídas en el Ibex con un retroceso cercano al 2,5% pasadas las 13 horas, “considera que la mencionada actuación de la Administración General del Estado es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento”.
La empresa, que en diciembre pasado regresó el Ibex tras más de 20 años fuera del selectivo, añade que “continuará defendiendo la legalidad de la resolución por la que se otorgó la prórroga citada, y realizará cuantas actuaciones sean necesarias para la defensa de sus intereses, de sus accionistas, de sus trabajadores y proveedores”.
En una nota publicada en su web, Ence ha dicho que la “sorprendente” decisión solo puede entenderse “en clave electoral”, “supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural” y producirá una “fuerte destrucción de empleo”. “El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de Ence”, subraya.
Tras el visto bueno a la polémica prórroga, que llevo al consistorio pontevedrés a declarar “persona non grata” al entonces presidente del Gobierno, Ence se comprometió a destinar 71 millones al complejo, de los que, según Expansión, ya ha desembolsado 40 millones y tiene comprometidos otros 10 millones.
En 2018, la papelera amplió en 30.000 toneladas la capacidad de esa fábrica, que produce 465.000 toneladas de celulosa al año y emplea a unas 400 personas. Esta instalación supone, junto a la de Navia (Asturias), uno de los pilares de su negocio papelero, que a su vez supone en torno al 50% de la actividad del grupo.
Ence, que el año pasado ya renovó a su consejero independiente Carlos del Álamo, responsable de medio ambiente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga hasta la crisis del Prestige, prevé renovar hasta 2022 en la junta que celebrará a finales de mes a la exministra de Medio Ambiente del PP Isabel Tocino, consejera del grupo desde 2013.