El Gobierno en funciones autoriza que una fábrica de papel permanezca 60 años más en la ría de Pontevedra

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la actualidad en funciones, acaba de otorgarle a ENCE una prórroga de 60 años en la concesión que desde 1957, en pleno franquismo le permite ocupar los terrenos de Lourizán, a orillas de la ría Pontevedra. La prórroga, que comienza a contar en noviembre de 2013, momento de la solicitud, permitirá que la factoría se mantenga en su actual localización hasta el año 2073.

En un comunicado, la empresa destaca que la concesión (que ha superado el mínimo de 50 años, previsto también para estos casos) es fruto de un “fuerte compromiso de inversión” en la planta, a la que se destinarán 61 millones de euros, que buscarán una “mejora de la eficiencia” y también la “mejoras medioambientales”. ENCE baraja además instalar una planta de biomasa de 40 megavatios, contemplada en el Plan Estratégico de la empresa y en la solicitud de prórroga.

Aunque la decisión correspondía en exclusiva al Gobierno central, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por delegación de la ministra Isabel García Tejerina -las direcciones generales no están en funciones pero la ministra, sí-, la Xunta remitió en noviembre un informe favorable sobre el cumplimiento de la legalidad ambiental por parte de la planta. El Gobierno gallego quedaba se quedaba de este modo en la defensa de la continuidad de ENCE en el interior de la ría, emplazamiento que el propio Alberto Núñez Feijóo llegó a prometer durante años.

Al ya habitual rechazo de entidades sociales y de ayuntamientos (comenzando por el de la ciudad de Pontevedra), en los últimso meses se ha unido el de la Diputación de Pontevedra, que tras la llegada al gobierno de PSdeG y BNG ha aprobado una declaración favorable al traslado de la factoría a una nueva localización.

Finalmente, la movilización social pontevedresa en contra de la continuidad de ENCE no ha dado resultado. Resulta igualmente significativo que el Gobierno central haya adoptado esta importante decisión con el Ejecutivo en funciones, sobre todo toda vez que no estaba obligado a decidir sobre la prórroga hasta el final de la actual concesión, en 2018. En este sentido, el alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, ha venido reclamando a Mariano Rajoy que paralice el proceso hasta, al menos, la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.

A este respecto, en la presentación de la campaña Ence fóra para sempre, el presidente de la Federación vecinal Castelao, José Loureiro, se preguntó: ¿Por qué tanta prisa si la concesión vence en el 2018? ¿Por qué un Gobierno casi en funciones quiere hipotecar la ría otros 50 años más?“.

Acusaciones de vínculos con el PP

El Libro Blanco sobre ENCE, publicado hace unos meses, señalaba que “la operación de regalar la permanencia de Ence en Lourizán puede reportarles a los propietarios unos 2.000 millones de euros entre lo que ahorran quedándose aquí, y lo que dejarían de ganar si tuvieran que entregar los terrenos”. “Es un claro caso de rapiña empresarial ligada al sector público, en el que se estima que tiene mucho que ver que destacados cargos de los gobiernos del PP ocupen varios asientos en el Consejo de Administración”, añadía.

En su comunicado, ENCE destaca que “la prórroga permite el mantenimiento de 800 empleos en Pontevedra y 5.000 en toda Galicia” y “abre la puerta a la creación de un importante número de empleos adicionales en la zona”. Estas cifras suelen ser respondidas por los colectivos críticos a la pastera, que reducen mucho el número real de empleos que crea ENCE en la comarca y destaca, en oposición, el perjuicio que la presencia de la fábrica provoca a la salud de la ría y a su potencial marisquero y turístico.

ENCE afirma también que “la renovación de la concesión ha sido posible porque la fábrica de Lourizán cumple holgadamente la exigente normativa medioambiental europea”, que “ENCE no defraudará a los vecinos de Pontevedra y Comarca” y que se “compromete a trabajar con la mayor responsabilidad por la calidad de vida de los ciudadanos y para ganar el apoyo a su actividad y permanencia por parte de todos los pontevedreses”.