El Gobierno contempla que las pensiones suban en 2018 por quinto año consecutivo el mínimo establecido por la ley, que es del 0,25 %, según consta en el plan presupuestario remitido ayer a Bruselas.
El Gobierno recoge esta proyección en un escenario de “política constante” -sin nuevas medidas y sin tener presentados los Presupuestos de 2018- en el que también trabaja con el supuesto de congelación de los salarios de los funcionarios.
Desde que la reforma de 2013 desligó la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social.
En porcentaje del PIB, estas proyecciones se reflejan en un menor peso del gasto que pasa del 41,2 % en 2017 al 40,6 % en 2018.
Al detalle, la remuneración de empleados (con ese supuesto de congelación) pasa de suponer el 10,6 % del PIB en 2017 al 10,2 % en 2018; mientras que las transferencias sociales, donde se incluye el gasto en pensiones, pasan de suponer el 17,8 % del PIB al 17,5 %.
En este último capítulo, el descenso se debe al menor gasto en prestaciones por desempleo “por la mejora del mercado laboral”.
Asimismo, el Gobierno contempla un aumento de la ratio de ingresos del 38,1 % del PIB en 2017 al 38,3 % en 2018, gracias a la mejora de la economía.
Con estas proyecciones, España prevé que el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas pase del 3,1 % en 2017 al 2,3 % en 2018.
El Gobierno ha enmarcado estas cifras en una previsión de crecimiento del PIB del 2,3 % para 2018, tres décimas por debajo de lo previsto inicialmente por la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña, la moderación del ciclo económico y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.