El Gobierno sigue sin mover ficha sobre cómo va a dotar de soporte legal al despliegue de la denominada transición energética hacia una economía baja en carbono, pese a las crecientes peticiones de varias de las mayores empresas españolas para poner en marcha un proceso que en países como Reino Unido, Francia, Finlandia, Alemania o Perú tiene ya una hoja de ruta definida.
La transición energética supondrá, según gigantes del Ibex 35 como Telefónica, Iberdrola, BBVA o Endesa, “una revolución a escala global que va a generar enormes oportunidades” y en materia de empleo, un informe presentado esta semana por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que generará 18 millones de puestos de trabajo netos en todo el mundo de aquí a 2030.
Pero en este asunto, como en otros, el Ejecutivo en minoría parlamentaria de Mariano Rajoy tiene sus propios ritmos.
El pasado 11 de abril, días después de conocerse las conclusiones del grupo de expertos sobre la transición energética designado por el Gobierno para recabar opiniones sobre cómo afrontar la descarbonización de la economía, 32 empresas (entre ellas, 11 del Ibex 35 entre las que están las ya citadas y otras como Acciona, Bankia, Ferrovial o Mapfre) difundieron un manifiesto que reclama a los poderes públicos “una Ley de Cambio Climático y Transición Energética estable, ambiciosa y eficaz, y que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo”.
Un mensaje luego reiterado por los primeros ejecutivos de dos de las empresas firmantes de ese documento, Iberdrola y BBVA. Sus máximos responsables, Ignacio Sánchez Galán y Francisco González, urgieron la semana pasada al Gobierno a aprobar esa ley y cumplir las promesas del propio Rajoy.
El Ejecutivo sigue sin clarificar los plazos de tramitación de una norma que el Congreso de los Diputados le reclama desde 2011. La Ley de Cambio Climático fue anunciada por primera vez por el presidente del Gobierno en precampaña electoral (noviembre de 2015) tras el Acuerdo de París en el que España se comprometió, junto a sus socios de la UE, a reducir un 40% las emisiones en 2030 con respecto a las de 1990 y contar con al menos un 27% de energías renovables en su consumo de energía total, porcentaje que el Parlamento Europeo propuso en enero elevar hasta el 35%.
El Acuerdo de París ratificado por España desde hace más de un año y, casi tres años después de ese primer anuncio de Rajoy, reiterado por el presidente en diciembre pasado, no se conoce ni un primer esbozo de ese texto, que debe detallar por escrito la estrategia de España para luchar contra el cambio climático y cuantificar objetivos por sectores de reducción de emisiones.
Los últimos datos son poco halagüeños, con las emisiones de CO2 creciendo por encima del 7% en 2017, según Eurostat (España fue el cuarto país de la UE que más las incrementó), las importaciones de petróleo en máximos históricos para alimentar las refinerías españolas y el petróleo rondando ahora los 80 dólares por barril, un nivel de precios que superó el jueves por primera vez desde 2014 y que “no es buena noticia”, como reconocía el miércoles el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avanzó en enero, sin ponerle fecha, un “primer borrador” de anteproyecto de ley, pero en el Gobierno parece haberse impuesto la tesis del de Nadal, partidario de esperar hasta que Bruselas no apruebe (en principio, este otoño) el denominado paquete de invierno en materia energética, cuyos objetivos en ningún caso serán menos ambiciosos que los fijados en el acuerdo de París.
Contra el cierre de carbón y nucleares
El ejemplo más reciente de las trabas del Ejecutivo a la transición energética es la Proposición de Ley que presentó el Grupo Popular en el Congreso el pasado 27 de abril para permitir a Energía vetar el cierre de centrales eléctricas (como las de carbón, las más contaminantes) en un contexto de sobrecapacidad en el parque de generación. Es el segundo intento de Nadal para poner coto al anunciado interés de Iberdrola de finiquitar el carbón y, si no hay cambios regulatorios que mejoren su retribución, la nuclear.
Aunque el texto introduce algunas novedades, como sanciones de hasta 60 millones de euros a las eléctricas por no solicitar la renovación de sus nucleares, reproduce en lo esencial el borrador de Real Decreto que el ministro tuvo que retirar tras recibir en enero un inusual varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le acusó de atentar contra la “libertad de empresa” y cuestionó su encaje con la normativa europea.
Al haber recurrido a la proposición de ley (mecanismo que el PP ha utilizado una veintena de ocasiones en esta legislatura), Nadal se ha ahorrado el engorroso trámite de audiencia ante la CNMC y la elaboración de la correspondiente memoria económica. De paso, puede aprovechar posibles grietas en la posición de formaciones como PSOE y Podemos ante la sensibilidad que el cierre del carbón genera en las cuencas mineras. No obstante, los principales partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ya han avanzado su rechazo a la propuesta.
Mientras, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha recordado recientemente a los Estados miembros de la UE que “no conviene poner barreras injustificadas a la entrada y salida de empresas de generación de electricidad”. Otro aviso para Nadal.