El Gobierno elige a la ex número dos de Barreda en Castilla-La Mancha para presidir el supervisor de la contratación pública

María Luisa Araújo, exvicepresidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y exconsejera de Economía y Hacienda con los socialistas José Bono y José María Barreda, es la elegida por el Gobierno para presidir la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el supervisor de los contratos públicos.

El nombramiento de esta alta funcionaria, aprobado en el último Consejo de Ministros y que hasta este viernes estaba pendiente de publicarse en el BOE, se ha cubierto mediante el procedimiento de libre designación tras una convocatoria publicada semanas después de la dimisión de la primera presidenta de la OIReScon, María José Santiago. Esta última dejó el cargo en junio tras lamentarse sobre la falta de medios e independencia de esta entidad y después de publicar un duro informe sobre las contrataciones de emergencia de las distintas Administraciones durante el estado de alarma.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la UNED, la nueva presidenta de la OIReScon, nacida en Talavera de la Reina (Toledo) en 1965, es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla-La Mancha desde 1990. Tal y como recoge la referencia del Consejo de Ministros, “trabajó durante diez años en la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ocupó diferentes destinos hasta llegar a ser Interventora General entre 1997 y 2000”. Asimismo, “fue Consejera de Economía y Hacienda en Castilla-La Mancha y desempeñó puestos directivos en diversas empresas públicas y órganos de la administración regional”. 

En concreto, Araújo fue nombrada consejera de Economía y Hacienda en el año 2000, bajo del Gobierno de Bono. Ocupó ese cargo hasta 2011 y con José María Barreda fue además vicepresidenta desde 2007 y hasta 2011. Tras la llegada, ese año, de la popular María Dolores de Cospedal al gobierno manchego, fue nombrada secretaria general del Instituto de Turismo de España (Turespaña), en el Ministerio de Industria. Araújo, que en 2014 se casó con otro exconsejero de Barreda (Julián Sánchez Pingarrón, ex titular de Fomento), fue tras su paso por Turespaña coordinadora en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia y desde 2018, asesora ejecutiva en la Dirección General de la Policía, en el Ministerio del Interior. 

La nota del Consejo de Ministros recoge que “ha participado en diferentes órganos colegiados de la Administración del Estado, siendo representante del Ministerio de Justicia en la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional de Drogas y en la Junta de Inversiones Exteriores”, y ha sido ponente en varias ediciones del curso de “Administración Electrónica: novedades. Leyes 39 y 40 de 2015”, organizado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el INAP. 

Con varias publicaciones académicas (aunque ninguna sobre contratación pública), Araújo llega a la presidencia de OIReScon en un momento en el que la contratacion pública puede jugar un papel importante para la reactivación económica tras la catástrofe de la pandemia gracias a los fondos europeos. Su cargo también conlleva la presidencia de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que debería encargarse de analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas, y que se mantiene inactiva por falta de recursos.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha prometido dotar de más medios al supervisor de los contratos públicos, como una página web propia y herramientas de tratamiento masivo de datos, pero la entidad, que se puso en marcha a principios de 2019 por exigencia de una directiva europea, seguirá sin independencia presupuestaria y funcional. El Ministerio de Hacienda, al que está adscrita, ni siquiera detalla las partidas que recibirá la OIReScon, cuyo objetivo es velar por la correcta aplicación de la legislación de contratación pública y detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos en todo el sector público.