Las empleadas del hogar y de cuidados no tienen acceso a la prestación por desempleo en España. “Trabajamos en una casa 18 años y no tenemos derecho al paro; hemos entregado toda una vida y no nos queda nada”, lamenta Margarita Martínez, empleada doméstica y miembro del colectivo Territorio Doméstico. La reforma legal de este tipo de empleo, aprobada en noviembre de 2011, ordenó crear un grupo de expertos en el plazo de un mes desde su entrada en vigor para estudiar la viabilidad de la protección por desempleo para estas empleadas. Seis años y medio después, el Gobierno no ha constituido esa comisión.
“En la ley decían que iban a crear un grupo de expertos, pero que nunca se ha cumplido. Nosotras en 2016 hicimos un Congreso de hogar y cuidados y hemos tratado estos temas, hemos traído a expertos, políticas, para intentar sacar el compromiso. Estamos haciendo incidencia”, explica Belén Navarro, portavoz del Grupo Turín, que engloba a varias organizaciones y personas que buscan “la dignificación” del trabajo doméstico.
Sus esfuerzos todavía no han logrado sus frutos, pese a que afecta a un gran número de personas. A 637.700 trabajadores, según la última EPA, de los que el 88% son mujeres. El número de las que están dadas de alta en la Seguridad Social es mucho menor: 420.288, pese a ser obligatoria su alta desde la primera hora trabajada. Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, una de cada tres empleadas domésticas carece de protección social en España.
Un grupo de expertos, un informe y las medidas
Desde el Ministerio de Empleo justifican que el periodo de formación del grupo que marcaba la ley era muy ajustado. “Para cuando se cumplió ese plazo no había Gobierno siquiera”, explican fuentes del gabinete de Fátima Báñez. La ley de 2011 fue aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero unos días antes de las elecciones. Entró en vigor el 18 de noviembre de 2011 y el plazo del mes para la constitución del grupo de expertos concluía tres días antes de la toma de posesión de Mariano Rajoy en el cargo.
Aunque ese periodo era muy ajustado, el texto recoge otros plazos más asequibles que tampoco se cumplieron: ordenaba que el grupo de especialistas redactara un informe “con anterioridad al 31 de diciembre de 2012” sobre la viabilidad de la protección de desempleo y otras cuestiones (como revisar la figura del despido por desistimiento) y que el Gobierno adoptara medidas al respecto antes del “31 de diciembre de 2013 y previa consulta y negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas”.
Después, en estos años, las organizaciones sociales y los sindicatos han pedido sin éxito que se reúna este grupo para analizar el tema. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, recuerda que “se dijo que se crearía una comisión de expertos y no se han reunido con los agentes sociales sobre ello”. Antoñanzas apunta que, pese a estar pendientes muchas cuestiones laborales que afectan a este colectivo (que también se encuentra excluido de la Ley de Riesgos Laborales), “en la mesa de calidad del empleo el Gobierno tampoco habla nada en absoluto de las empleadas del hogar”.
La reclamación por excelencia de las trabajadoras domésticas, la ratificación del convenio 189 de la OIT, también sigue sin atenderse. Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de un proyecto de investigación europeo sobre empleo doméstico, explica que tiene una relación importante con la falta de protección por desempleo. “El convenio habla de la equiparación de la protección social de las empleadas domésticas con el resto de trabajadores”.
El paro de empleadas domésticas llega al Congreso
La desprotección de las trabajadoras del hogar se ha abordado esta semana en el Congreso de los Diputados a través de la proposición de ley sobre desempleo de Unidos Podemos. El grupo confederal plantea en su texto extender este derecho a este colectivo sin que sea necesario esperar a un estudio de un grupo de expertos. Desde Ciudadanos, el diputado Sergio del Campo reiteró la necesidad de crear esa comisión porque “el empleo del hogar tiene muchísimas peculiaridades” y emplazó a formar el grupo tras “el claro incumplimiento del PP que no lo puso en marcha”.
Y, si hace unas semanas el acceso al paro para las trabajadoras domésticas parecía lejano, después del primer visto bueno del Congreso a los Presupuestos se antoja casi inalcanzable en el medio plazo para los sindicatos. El PP consiguió colar en una enmienda un cambio legal que aleja la integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen General, prevista para 2019. La enmienda lo retrasa hasta 2024 y afecta a las bases de cotización, pero también mantiene la exclusión de las empleadas del hogar de un mecanismo para aliviar las lagunas de cotización de cara a la pensión de jubilación.
En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, desde el grupo socialista preguntaban a la ministra de Empleo por este cambio normativo. Fátima Báñez ha anunciado que el Ejecutivo va a encargar “un informe al Consejo Económico y Social” para estudiar el impacto de la implantación en el Régimen General de estas trabajadoras, con el objetivo de que “redunde en mejoras de las personas”, explican en su gabinete. Según sus cálculos, si se aplicara ahora, “el 62% de las empleadas del hogar vería reducida su cotización”.