El Gobierno ha tomado la decisión de relevar a Fernando Abril-Martorell como presidente ejecutivo de la tecnológica Indra, de la que el Estado es el primer accionista con una participación del 18,7% canalizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La decisión ha sido avanzada por El Confidencial y confirmada por Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“En el marco del proceso preparatorio de la convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad, el principal accionista ha trasladado a la Compañía su voluntad de promover un relevo en la presidencia, ostentada por D. Fernando Abril-Martorell Hernández, cuyo mandato finaliza este año, así como de su deseo de dar inicio a una nueva etapa en la presidencia de la Compañía. El Consejo no ha adoptado todavía ninguna decisión sobre ese posible relevo”, explica en una nota remitida al regulador.
Tras trascender la decisión del Gobierno de fulminar al ejecutivo, la cotización de Indra se ha desplomado en Bolsa y ha cerrado con una caída cercana al 8%, la mayor del Ibex 35, donde cotiza.
La decisión se produce tras el reciente anuncio de sendos expedientes de regulación de empleo (ERE) que la empresa justificó por la pandemia, uno de los cuales, el del área de Defensa, fue finalmente sustituido por un plan de bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas.
El directivo fue nombrado máximo ejecutivo de Indra en enero de 2015, en época de Mariano Rajoy. Llegó a Indra año y medio después de la entrada del Estado en el accionariado del grupo, tras la compra de la participación del 20% que hasta entonces tenía Bankia por parte de la SEPI.
Hijo del directivo empresarial y político de mismo nombre que llegó a vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suarez, Abril-Martorell, ex consejero delegado de Telefónica, Prisa y de Credit Suisse en la Península Ibérica, fue la persona elegida por el Gobierno del PP para reemplazar al factótum de Indra y a la postre presidente no ejecutivo de la editora de El País, Javier Monzón, tras la caída de este en desgracia como consecuencia de la mala marcha del grupo y su implicación en escándalos como el de la trama Púnica. En este caso, el grupo acabaría siendo desimputado en marzo pasado contra el criterio de la Fiscalía.
En estos más de seis años, Abril-Martorell sometió al grupo a un proceso de reestructuración y saneamiento que se tradujo en un ERE para 1.750 trabajadores aprobado poco después de su llegada, en 2015, ejercicio en el que el grupo se anotó unas pérdidas de más de 600 millones de euros. La vuelta a la rentabilidad se truncó en 2020, cuando como consecuencia de la pandemia Indra registró unos números rojos de 65 millones, frente al beneficio de 121 millones registrado un año antes.
En el primer trimestre de este año, el grupo tecnológico y de defensa ganó 22 millones, el triple que un año antes, y registró un récord histórico en su cartera de pedidos con 5.322 millones y un crecimiento interanual del 10,9%, mientras que sus ingresos ascendieron a 751 millones.
La compañía será, junto a gigantes europeos como Airbus y Dassault, una de las empresas que participará en la nueva fase de desarrollo del nuevo sistema de combate aéreo del futuro (SCAF) que preparan Francia, España y Alemania, con una inversión de 3.500 millones dividida a partes iguales entre los países durante el periodo 2021-24 para el desarrollo de un demostrador del avión de combate europeo de nueva generación, que deberá poder volar en 2027.