El Gobierno español ha pedido en la UE que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilite avales financieros a los contratos a largo plazo de suministro de energía renovable a precio fijo, conocidos como PPAs (del inglés Power Purchase Agreements).
España, que en los últimos dos años se ha consolidado como líder europeo en este tipo de acuerdos, busca así impulsar a escala continental esta herramienta para facilitar la descarbonización y apoyar a la industria, en un momento crítico por los estratosféricos precios de la electricidad a causa de la crisis rusa y su efecto en la cotización del gas. Los grandes consumidores industriales españoles ven con buenos ojos el aval europeo a esta herramienta, pero reclaman otras medidas de carácter urgente.
España ha propuesto que el BEI ofrezca coberturas para impulsar los contratos bilaterales de suministro de energía verde a escala europea, una posibilidad que a escala local ya ofrece la empresa semipública Cesce para los PPAs de la industria electrointensiva. El Gobierno también reclama que el BEI desarrolle instrumentos de ámbito europeo para facilitar que la banca privada financie soluciones renovables a escala local, según fuentes gubernamentales.
La idea fue planteada en el Consejo Europeo del pasado diciembre en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó “que Europa sea capaz de dar una respuesta a la creciente volatilidad de los precios de la energía” desvinculando los precios de la luz y el gas, idea que de momento no ha calado en la UE. La propuesta de que el BEI avale esos contratos ha sido impulsada por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Asuntos Económicos.
Del departamento de Nadia Calviño depende la representación española en el BEI. Esta entidad, propiedad de los Estados miembros de la UE y con presencia en unos 160 países, es ya el mayor prestamista multilateral del mundo para proyectos de acción climática. El pasado ejercicio el BEI firmó 111 operaciones en España por un valor de 12.771 millones de euros, un 51% más con respecto a 2020 y un 13,5% de su actividad en 2021. “España ha sido un año más uno de los tres países con mayor volumen de financiación, que supuso cerca del 1% del PIB del país”, indicó el lunes el organismo.
El objetivo de canalizar esos avales a través del BEI es utilizar el músculo de la institución de financiación a largo plazo de la UE para dar garantías a esos contratos de suministro a medio y largo plazo con un precio fijo. Los PPAs permiten a grandes consumidores aprovechar los menores precios que ofrecen las renovables. Estas, por su parte, logran visibilidad para los ingresos de sus parques eólicos o fotovoltaicos.
En 2021, a pesar de la crisis energética, España volvió a liderar el mercado de PPAs. Concentró más del 61% de la potencia firmada en Europa el pasado año, con casi 4 de los cerca de 6,5 gigavatios contratados a través de esta modalidad, según estimaciones difundidas este miércoles por la consultora suiza Pexapark.
Esta firma advierte de que la volatilidad de precios de la luz en Europa en el último trimestre ha encarecido los PPA firmados y ha acortado su duración. Pexapark calcula que estos contratos marcaron un récord de 141 acuerdos firmados en Europa en 2021, frente a 90 en 2020. Y sitúa a las españolas Greenalia, Opdenergy y Solaria entre los diez operadores más activos el año pasado en la firma de este tipo de contratos, con más de 2 GW de PPAs contratados entre las tres durante el ejercicio.
Complemento a Cesce
El apoyo del BEI sería un complemento a los mecanismos de cobertura de PPAs mediante seguros y garantías que ya ofrece el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei) que gestiona la Compañía Española de Crédito a la Exportación (Cesce).
Para cubrir el riesgo de insolvencia de consumidores electrointensivos, Cesce ofrece un sistema de mecanismos de cobertura por cuenta del Estado para contratos de energía renovable con una duración de entre 5 y 20 años. El primer paquete se puso en marcha en noviembre y las pólizas permiten cubrir el riesgo de impago que pueda surgir en el marco de los PPAs firmados entre grandes consumidores industriales y productores o comercializadores de renovables, ofreciendo a los electrointensivos una garantía para las obligaciones de pago que se les exigen para firmar estos contratos.
Sin embargo, hasta ahora no se ha cerrado ningún contrato con el Fergei: “Hasta el momento se han mantenido numerosas conversaciones y reuniones con diversos interesados en las coberturas, tanto potenciales beneficiarios de las mismas como empresas electrointensivas, pero no se ha firmado ninguna cobertura”, confirman fuentes de Cesce.
Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), asegura que los electrointensivos están “muy interesados” en firmar esos acuerdos, puesto que son un requisito del estatuto para recibir esas ayudas y les permiten cubrir riesgos y abastecer parte de su consumo con renovables. Y ve positivo que se lance este instrumento de avales ligado al BEI: es bueno contar con un apoyo “fuerte”, independientemente de que “esté el Estado o sea Europa quien esté detrás de las garantías” a estos contratos.
Para Soto, la garantía del Fergei es “de lo mejor que tiene el estatuto de electrointensivos”, pero estos contratos pueden tardar hasta 2023 en hacerse efectivos, una vez se construyan los parques. Y a corto plazo “no van a ayudar mucho” a “pasar el sarampión que tenemos ahora con los altos precios eléctricos actuales”, con el gas “contaminando todo” por el sistema marginalista de formación de precios de la luz.
El directivo de AEGE apunta que para que los PPAs cristalicen es necesario que ofrezcan precios “atractivos”, algo que la actual coyuntura no permite: hay “mucha incertidumbre” y algún acuerdo se ha caído porque las condiciones, afirma, cambiaban a peor de un día para otro por lo altísimos precios del gas y, por ende, la luz.
Soto reclama que el Gobierno ponga ya en marcha las subastas de energía nuclear e hidroeléctrica que contemplaba un real decreto-ley aprobado en septiembre y que todavía no se han llevado a cabo. Esas subastas, que Transición Ecológica promete lanzar este año, obligarían a las grandes eléctricas a ofrecer unos 16 TWh a industriales y pequeñas comercializadoras. “Se nos dijo que las eléctricas nos iban a ofertar contratos con precios previos a esta crisis, y de eso no ha habido nada de nada, salvo algunas excepciones”, lamenta.
“Medidas urgentes”
Una petición, poner en marcha esas subastas, que hacían suya este miércoles las grandes empresas industriales agrupadas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reclama al Gobierno “medidas urgentes” para hacer frente a los altos precios de la luz y el gas, que “triplican los habituales”, y ante la previsión de que sigan así todo este año.
En un comunicado, la alianza de la que forman parte patronales como Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) considera insuficientes las medidas ya tomadas ante una situación, “agravada por la ausencia de ofertas de suministro eléctrico a plazo, a precio fijo y razonable, pese a las medidas adoptadas para su fomento por la Administración”.
La entidad subraya que el diferencial de precios medios de los grandes consumidores “no deja de crecer y pone en riesgo no sólo la reindustrialización, sino el mantenimiento de la actividad”. Pide “reabrir el debate” en torno al futuro de la generación eléctrica a partir de energía nuclear. Y reclama aplazar el fondo para sacar de la tarifa de la luz el coste de las primas a las renovables más antiguas cargándolo a todo el sector energético.