El Gobierno abre la puerta a repartir el almacén temporal de residuos nucleares en siete emplazamientos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico plantea la puesta en marcha de un único almacén temporal centralizado (ATC) para almacenar los residuos nucleares de alta actividad o, como alternativa, construir siete almacenes temporales descentralizados (ATD) diseminados en los emplazamientos de las centrales nucleares: Almaraz (Cáceres), Ascó y Vandellós II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Santa María de Garoña (Burgos), José Cabrera y Trillo (Guadalajara).

Son las dos alternativas que se recogen en la propuesta del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos que acaba de sacar a consulta el Ministerio para la Transición Ecológica. Esas soluciones serían el paso previo al almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un almacén geológico profundo (AGP) a partir de 2073. El proceso de selección de ese almacén subterráneo definitivo no comenzaría hasta 2029, según la propuesta publicada este lunes.

El departamento de Teresa Ribera ha iniciado el procedimiento de información pública del documento, cuya primera versión publicó la empresa pública Enresa en marzo de 2020, nada más decretarse el confinamiento.

Este plan tiene que sustituir al plan de residuos aprobado en 2006, que lleva caducado desde 2010. En 2018, tras llegar al gobierno, Ribera se comprometió a tenerlo listo en el año 2019. Lo hizo poco después de decretar la paralización del polémico ATC que el ejecutivo del PP decidió construir en Villar de Cañas (Cuenca), ante las dudas sobre los terrenos del emplazamiento elegido.

El documento publicado este lunes plantea la puesta en marcha de esos almacenes temporales o ATD, que, recalca el ministerio, deberán contar con una instalación complementaria para operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado, a diferencia de los almacenes temporales individuales (ATI) que ha habido que construir junto a los reactores, tras suspenderse el proyecto conquense y ante la falta de espacio para guardar los residuos en las piscinas de los reactores.

Esos siete almacenes repartidos en cinco provincias españolas serían una solución más costosa que el ATC, aunque tendrían a su favor la menor resistencia de las poblaciones locales a este tipo de instalaciones. Su coste previsto para el periodo 2023-2100 sería de 19.234 millones de euros, frente a los 17.109 millones que, según el documento, costaría la alternativa del ATC.

El ministerio recalca que “la decisión que finalmente se adopte requiere necesariamente de un alto grado de consenso social, político e institucional, además de una buena valoración técnica y un marco de participación pública”. Como señala el documento que ha salido a consulta, “la aceptación social de una instalación de estas características condiciona todo el proceso y, por tanto, aporta una incertidumbre alta”.

Apagón gradual

La versión inicial del 7º PGRR contempla un escenario de referencia que incluye el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y las eléctricas, y que contempla que Almaraz I cerraría en 2027, Almaraz II un año después, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo dejarían de operar en 2035.

El documento contempla el inicio del desmantelamiento de las nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030, así como la continuidad para ampliar la capacidad de los actuales ATI para el combustible gastado en las centrales, que permitan su explotación y su desmantelamiento.

Una vez concluido el periodo de información pública y analizados los informes y las alegaciones presentadas, el ministerio elaborará la versión definitiva del plan, que será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y oídas las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Del Plan aprobado se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.