El Gobierno prepara un plan contra la pobreza infantil con una inversión histórica de más de 527 millones

Una oportunidad histórica para una de nuestras realidades más vergonzosas. Casi uno de cada tres menores en España vive en riesgo de pobreza. Hogares que no pueden renovar sus gafas o donde pasan frío en invierno. La cuarta economía del euro es tercera en el podio de la pobreza infantil en la UE. Bruselas ha puesto en marcha una inédita medida, la Garantía Infantil Europea, por la que España deberá invertir contra este problema “al menos 527 millones de euros” del dinero que perciba del fondo Social Europeo Plus hasta 2027, adelantan a este medio desde el Ministerio de Derechos Sociales. El Gobierno se enfrenta ahora al reto de diseñar un Plan de Acción Nacional en la materia, para el que trabajará con las administraciones regionales.

La Garantía Infantil Europea lleva muchos años fraguándose, pero ahora ha llegado el momento de su despliegue y puesta en práctica. Bruselas elevó con esta medida la importancia de la lucha contra la pobreza en los países de la UE, por la que obliga a que los Estados miembros con tasas de pobreza más elevadas de la media europea dediquen al menos el 5% de lo que reciban del Fondo Social Europeo Plus a combatir este problema que lastra el futuro de millones de menores. España, medalla de bronce en pobreza infantil de la UE, es uno de estos países.

Ese 5% en España alcanza los 527 millones de euros en el periodo 2021–2027, explican en el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, a este medio. Esta cuantía mínima puede incrementarse, tanto desde el propio Fondo Social Europeo Plus, si España quisiera destinar más dinero a combatir este problema, como desde otros fondos y partidas presupuestarias. “Como se está pensando hacer”, explican también a este medio en el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, creado por el presidente Pedro Sánchez, que también está involucrado en el desarrollo de este programa en España.

La puesta en marcha de la Garantía Infantil Europea no podía ser más oportuna, tras la crisis desatada por la pandemia. Aunque todavía no contamos con datos oficiales que muestren con rigor el impacto del coronavirus en la pobreza, ya hay algunas cifras que revelan su aumento. Las ONG especializadas en infancia, como Unicef y Save the Children, y entidades como Cáritas insisten en que se trata de la punta del iceberg y han disparado todas las alarmas sobre el empeoramiento del día a día de las personas con menos recursos. Sobre todo, de las más pobres, en un país que ya contaba antes de la pandemia con muchas personas en riesgo de pobreza y una gran 'bolsa' de precarios.

La estrategia española debe estar lista en marzo

El Ministerio de Derechos Sociales es el que ostenta la coordinación del desarrollo de la Garantía Infantil Europea en España. La tarea la desempeña en concreto Violeta Assiego, directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que coordina la preparación de ese Plan Nacional de Acción desde la recién creada Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En ella están presentes el Alto Comisionado, los Ministerios con competencias en infancia y el resto de administraciones regionales. El plazo que Bruselas ha dado a los países para entregar sus estrategias es marzo de 2022.

“En la Conferencia Sectorial vamos a empezar a trabajar acuerdos sobre qué políticas concretas, qué medidas se pueden desplegar. Las comunidades tienen que elaborar sus programas operativos. Ellas tienen muchas competencias en materia de infancia, como Educación, y lo que queremos es poder caminar en la misma dirección con el Plan Nacional”, explica Assiego a elDiario.es.

La directora general subraya la importancia de que la infancia cuente con esta nueva Conferencia Sectorial, fruto de la Ley de Protección a la Infancia, que permitirá discutir de manera trasversal, tanto en temáticas como en administraciones competentes, un Plan Nacional coherente y con objetivos comunes. En el Alto Comisionado también señalan la relevancia de incorporar al despliegue de esta estrategia a la Administración Local, a través de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), ya que las entidades locales también tienen competencias en asuntos relacionados con la infancia vulnerable.

Primero: un análisis de partida

La próxima semana, la Garantía Infantil ya sumará un importante hito. El miércoles, Unicef presenta junto al Ministerio de Derechos Sociales y el Alto Comisionado un informe de estado de situación inicial que le encargó la Comisión Europea, como trabajo previo de base para que España prepare el Plan Nacional. La evaluación de Unicef, cuyos autores son especialistas de la Universidad de Alcalá y el CSIC, no es vinculante, pero sí será una referencia indispensable para elaborar la estrategia española, apunta Assiego.

A raíz de este informe, la Conferencia sectorial de Infancia iniciará sus trabajos para detectar qué colectivos vulnerables se van a proteger con el Plan de Garantía Infantil, con qué medidas y qué indicadores se medirán para comprobar la efectividad de las políticas y para cumplir con el seguimiento que exige Europa. “España propondrá sus indicadores con otros coordinadores nacionales de otros países y se decidirá cómo hacer el seguimiento de la Garantía, que la Comisión quiere evaluar con el horizonte de 2030 para ver si se están cumpliendo las recomendaciones”, explica Albert F. Arcarons, subdirector del Alto Comisionado.

Todos los actores implicados insisten en la oportunidad única que Europa ha brindado a España para abordar un problema enquistado durante años, incluso en aquellos de bonanza económica, y que lastra el desarrollo de las generaciones del futuro. Ahora, ha llegado el momento de diseñar el plan y de garantizar una ejecución eficaz, destacaba en esta entrevista Carmen Molina, de Unicef. “Aunque cada comunidad tenga sus competencias y pueda desplegar las políticas que vea más oportunas, vamos a trabajar por conseguir un paraguas común de estrategias”, sostiene Assiego.