El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para actuar sobre el exceso de retribución de la energía hidráulica y nuclear que, según estimaciones del Gobierno, se traducirá en un ahorro de hasta el 5% para los consumidores domésticos.
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha estimado una reducción total de la factura del 15% sumando a esta medida el futuro fondo para financiar las primas a las renovables. Pero este no estará plenamente operativo hasta dentro de cinco años.
Coincidiendo con la entrada en vigor de la polémica nueva factura eléctrica, el Ejecutivo ha iniciado la tramitación del anteproyecto que pone coto, en palabras de Ribera, a “los beneficios que hoy van directamente a las cuentas de resultados de las empresas” actuando sobre la retribución excesiva que la escalada del CO2 ha propiciado para la energía hidroeléctrica y la nuclear.
La medida tendrá un impacto de 1.000 millones sobre las compañías, ha confirmado Ribera, que ha señalado que el recorte se ha abordado “con la máxima solvencia” y “cuidado” ante previsibles recursos judiciales, al tener una medida similar aval de la justicia europea en 2013.
La vicepresidenta ha defendido la nueva factura como mecanismo para incentivar el consumo en las horas con menor saturación, una propuesta “bastante equilibrada” que afecta al 30% de la factura final; que tiene “tramos muy razonables” en las horas valle, con un coste intermedio, y horas “mucho más baratas” que antes en fines de semana, festivos y noches de los días laborables.
El anuncio del recorte a hidráulica y nuclear ha provocado importantes caídas en Bolsa de Endesa e Iberdrola, que en dos días se han dejado más de 4.100 millones de valor bursátil, y el sector ya ha dicho que si se aplica podría adelantar el cierre de las nucleares. Algo que Ribera ha cuestionado pues se trata de plantas ya amortizadas con una rentabilidad “elevadísima” incluso descontado el precio del CO2.
La vicepresidenta, que ha recordado que el cierre lo tendría que autorizar el operador del sistema, Red Eléctrica, ha señalado que le “extrañaría” ese cierre teniendo en cuenta que cuando se pactó el precio del CO2 cotizaba a 20 euros (hoy supera los 50) y el megavatio hora en el mercado mayorista rondaba los 50, cuando hoy está por encima de los 80, cota “difícilmente asumible” por las familias.
El anteproyecto establece que a las eléctricas no se les va a detraer el 100% del dividendo (el sobreprecio que reciben gracias al CO2), sino un porcentaje que inicialmente es del 90%. Con ello, se permite a las centrales que se sigan quedando una parte para seguir expuestas al mercado de derechos de CO2, teniendo así incentivos para mejorar sus instalaciones.
De los más de 1.000 millones que se detraerán a las empresas por instalaciones anteriores a 2005, cuando entró en vigor el sistema europeo de comercio de emisiones, el 95%, según la estimación del Gobierno, procederá de la hidroeléctrica y la nuclear. El resto, de algunas eólicas antiguas que ya no cobran prima. En total, afectará a unas 320 instalaciones, con excepción de las centrales hidráulicas o eólicas más pequeñas, de menos de 10 MW de potencia.
Ayudas a los vulnerables
Los ingresos se van a devolver a los consumidores por dos vías: el 90% de lo recaudado, como un ingreso nuevo regulado más que se traducirá en una reducción de los cargos por el RECORE, el régimen especial de las renovables más antiguas y la cogeneración, que el Ministerio aplicaría con una revisión a la baja en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley.
El restante 10% se destinará a paliar la pobreza energética: se entregará a las Administraciones Públicas que tienen las competencias en materia social para financiar los pagos del recibo de los consumidores acogidos al bono social y que sean vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Actualmente, hay 612.000 vulnerables severos con un descuento en el bono social del 40%, pero apenas 7.298 son considerados vulnerables severos en riesgo de exclusión: aquellos a los que una Administración (autonómica o local) paga al menos el 50% de sus suministros, mientras que la comercializadora costea otro 40%.
El anteproyecto, que señala que el encarecimiento del pool “frena la transición energética”, en un momento en el que la descarbonización “pasa inexorablemente por electrificar los usos finales, lo que puede retrasar decisiones de consumo e inversión”, y “genera incomprensión y rechazo en la sociedad”, plantea transferir esos fondos en función del número de vulnerables severos en cada territorio.
El Gobierno estima que, con 100 millones, se podría convertir al 60% de los actuales vulnerables severos, unos 367.000 hogares, en vulnerables severos con riesgo de exclusión social. A estos clientes no se les podría interrumpir el suministro. La memoria que acompaña el anteproyecto estima que el coste del bono social para las comercializadoras, que actualmente se sitúa en 140 millones, se incrementaría en un máximo del 16%: unos 23 millones al año.
Dividendo de CO2
Las eléctricas ingresarán cada trimestre los fondos, conocidos como “dividendo de CO2”, en una cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Al ir destinada la mayor parte a financiar el RECORE que los consumidores sufragan a través de los cargos, los hogares van a ser los principales beneficiados de la medida, porque proporcionalmente aportan más que el resto. Para ellos la memoria económica del proyecto estima un abaratamiento de la factura final del 4,8%. Para los grandes consumidores industriales, el recorte se quedaría en el 1,5%; para las pymes, del 4,6%; y para la industria, en el 3,9%.
Además de este anteproyecto, el Consejo de Ministros ha aprobado enviar al Congreso el proyecto de ley que recoge la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para sacar de la tarifa paulatinamente, a lo largo de 5 años, el coste de las primas a las renovables más antiguas y repartirlo al conjunto de las comercializadoras de energía, petroleras y gasistas incluidas.
Pero esa medida será de aplicación gradual, a diferencia del anteproyecto para drenar los ingresos de hidráulica y nuclear, que entraría en vigor de forma inmediata una vez lo aprobase el Congreso. En el mejor de los casos, y según las estimaciones del Ejecutivo, antes de que acabe el año. Se va a tramitar por vía urgente y se remitirá a las Cortes tras el proceso de audiencia pública y los preceptivos informes del Consejo de Estado y la CNMC.