El Gobierno prevé subastar un mínimo de 19.440 MW de energía renovable hasta 2025, de los que al menos 3.100 megavatios (MW) renovables se lanzarán este año, según la orden ministerial que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado este viernes a información pública para poner en marcha el calendario de las subastas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes para impulsar la instalación masiva de estas fuentes de generación eléctrica.
El texto que se va a remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su informe preceptivo establece un calendario indicativo para la asignación mediante esas subastas del nuevo Régimen Económico de Energías Renovable (REER), indicando los volúmenes mínimos de potencia acumulada para cada tecnología en el periodo 2020-2025. Para diciembre de este año se prevé una primera subasta para adjudicar ese mínimo de 3.100 MW. Al menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica, otros 1.000 MW a fotovoltaica y 80 MW a biomasa. El resto queda en principio sin restricción tecnológica.
El calendario prevé que la potencia acumulada se sitúe en 2021 en 5.560 MW, de los que 2.800 MW serán fotovoltaicos, 2.500 MW, eólicos y 140 MW, biomasa; además, habrá reservados 100 MW para solar termoeléctrica y 20 MW para otras tecnologías como biogás, hidráulica o maremotriz. La cifra acumulada subastada que se estima se situará en 9.020 MW en 2022, 12.500 MW en 2023, 15.960 MW en 2024 y 19.440 MW en 2025. La tecnología estrella será la fotovoltaica, que ya se ha consolidado como la más barata, con un total de 10.000 MW en el periodo 2020-2025, seguida de la eólica (8.500 MW), solar termoeléctrica (500 MW), biomasa (380 MW) y otras (60 MW).
Se trata de un calendario indicativo, revisable año a año y cuya consecución dependerá, entre otros factores, de los resultados de cada subasta y del cumplimiento de la hoja de ruta energética del Ejecutivo plasmada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Estos volúmenes asociados a subastas, que suponen en torno al 70-80% de los objetivos del PNIEC para cada tecnología, “se complementarán, en su caso, con los que se deriven de otros instrumentos de apoyo a las renovables que puedan establecerse empleando otros esquemas de financiación, justificados por las disponibilidades presupuestarias, la madurez tecnológica, la estructura de costes o cualquier otra característica específica de las tecnologías”, indica Transición Ecológica.
Las subastas, que las grandes eléctricas cuestionan, buscan facilitar el despliegue masivo de estas tecnologías ofreciendo a los inversores (especialmente aquellos con menor músculo financiero) una visibilidad de ingresos que les permita reducir el coste de financiación de estos proyectos. Las subastas son complementarias a otros instrumentos de impulso, como las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, o los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPAs) que puedan firmar los promotores con grandes consumidores. Además, podrá haber instalaciones que puedan ir directamente al mercado. Y otras que se instalen mediante sistemas de autoconsumo.
La resolución por la que se convoque cada subasta podrá establecer requisitos y condiciones adicionales exigibles relativos a los compromisos adquiridos por el proyecto con el territorio, la estimación de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil.
Con el objetivo de “optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica”, se puede establecer que el precio resultado de la subasta sea corregido con incentivos de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de las instalaciones al precio del mercado eléctrico. La orden establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías más maduras con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.
Como en anteriores subastas, se establece un sistema de avales para vincular a los adjudicatarios a la puesta en marcha del proyecto. La garantía será de 60.000 euros por MW adjudicado, adicionales a los 40.000 euros que todo proyecto debe depositar para garantizarse el acceso a la red. De esos 60 euros por kilovatio, 12 euros estarán vinculados a que se identifique la instalación en un plazo de seis meses tras la adjudicación. 18 euros, a la autorización administrativa de construcción en doce meses por parte de la autoridad autonómica o estatal, en función de las características de la planta. Y los restantes 30 euros, a la inscripción en el registro de instalaciones.
La orden permitirá convocar subastas para instalaciones renovables formadas por una o varias tecnologías (hibridación) permitiendo el almacenamiento siempre que éste se destine a gestionar la energía producida por la propia instalación. Tras su aprobación, cada convocatoria se concretará mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía, que se publicará en el BOE y detallará las reglas de aplicación en cada subasta.
El producto a subastar será la potencia instalada y los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación. Los mecanismos de apoyo podrán incluir varios productos diferenciados dirigidos a distintas tecnologías o conjuntos de tecnologías distinguibles por sus especificidades. Dentro de cada producto podrán establecerse reservas mínimas de producto a adjudicar a una o varias tecnologías.
Marco estable
La aprobación de esta orden y la posterior puesta en marcha de los mecanismos de apoyo al despliegue de las energías renovables persiguen “ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías”, según el ministerio.
Transición Ecológica señala que el nuevo REER es indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos han sido planificados en el PNIEC 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que prevé el desarrollo de este tipo de subastas. El objetivo es permitir el despliegue masivo de estas fuentes aprovechando su potencial en la reactivación económica y trasladar a todos los consumidores los ahorros que ya permiten gracias al espectacular descenso de costes de tecnologías como la fotovoltaica, aprovechando la experiencia con las subastas de otros países europeos como Portugal o Alemania.