El Gobierno guarda cautela sobre los detalles de los nuevos impuestos anunciados por el presidente, Pedro Sánchez, para la banca y las energéticas durante el debate del Estado de la Nación. Si bien, ya ha señalado el ejemplo que les guía para diseñar la tributación con la que pretenden recaudar de los beneficios extraordinarios de las compañías de electricidad, gas y petróleo por la subida de precios. Los conocidos como beneficios caídos del cielo se han convertido en el objetivo de los distintos gobiernos europeos para cubrir los costes de los planes de ayuda frente a la inflación. El socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, lo reclamaba también desde hace varios meses.
El impuesto empezará a aplicarse, según la previsión del Gobierno, al beneficio de 2022. Si bien, la subida de precios se remonta a 2021, meses antes de la guerra en Ucrania, y las compañías eléctricas ya cosecharon importantes resultados el pasado ejercicio. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres principales compañías del sector, se anotaron en 2021 un beneficio conjunto de 6.533 millones de euros, el más elevado desde el ejercicio 2014. Fue un 40% más que las ganancias de 2020, cuando una de esas tres empresas, Naturgy, registró pérdidas de más de 300 millones por un ajuste contable del valor de sus activos. Repsol, otra de las empresas que se vería afectada por el impuesto anunciado por Sánchez, ganó 2.400 millones solo el pasado año, tres veces más que en 2020 y un 20% más que en 2019, antes de la pandemia.
El 'modelo Draghi', anunciado en marzo, va camino de convertirse en el camino a seguir por el Ejecutivo español. Así lo confirmó este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. “El impuesto que ha diseñado Draghi es interesante como inspiración”, defendió en una entrevista en Onda Cero, aunque guardó cautela sobre los detalles concretos. Sánchez había avanzado que el objetivo es que este tributo aporte 2.000 millones de euros anuales durante los dos ejercicios en los que estaría vigente.
¿En qué consiste el 'modelo Draghi'? El impuesto italiano para las compañías eléctricas fue anunciado en el mes de marzo como una vía para financiar los planes de apoyo a familias y empresas para compensar la subida de precios. La idea del ejecutivo fue crear un impuesto temporal que gravara los beneficios extraordinarios que habían tenido las empresas energéticas del país por la subida de precios desde octubre del año pasado. El Gobierno transalpino prevé hacer una diferencia entre el beneficio obtenido en ese periodo frente al que tuvieron esas mismas empresas un año antes. Sobre esa diferencia le aplicó un 10%. Posteriormente, anunció un añadido del 15%. Es decir, un 25% de esa ganancia extra se revertirá en las arcas públicas gracias al impuesto.
Italia uno de los primeros países en aplicar esta medida y, por eso, ha servido a otros como referencia. Según estimó el Gobierno italiano, los ingresos para el Estado rondarán allí los 11.000 millones de euros. La idea ya había sido defendida por organismos como la OCDE, que justificaron la existencia de impuestos extraordinarios para estos beneficios, o por la Comisión Europea, que los señalaba como medida para mitigar los precios de la energía: “La Comisión también confirma que los Estados miembros pueden considerar medidas fiscales temporales sobre los beneficios inesperados y, excepcionalmente, decidir captar una parte de estos rendimientos para redistribuirlos entre los consumidores”. Draghi, nada sospechoso de pertenecer a la familia de la izquierda europea, daba con este paso pie a que otros Gobiernos justificaran sus decisiones encaminadas a gravar a las empresas energéticas.
El Gobierno ha señalado un segundo ejemplo en las últimas horas para respaldar su anuncio: Bélgica. Sánchez se ha escudado en el anuncio que ha realizado esta semana el gobierno belga, liderado por los liberales flamencos, para mostrar que un impuesto a las energéticas no es ni mucho menos una excepción en el continente. El presidente del Gobierno acudió este miércoles a este ejemplo en varias ocasiones para solicitar el apoyo de Ciudadanos a esta ley, algo que Inés Arrimadas ha descartado.
El Gobierno belga primero solicitó el aval de los reguladores para poder imponer este impuesto. Tras recibirlo, la ministra de Energía del país, Tinne Van der Straeten, defendió este mismo martes la creación de un impuesto que grave el 25% del exceso de beneficios caídos del cielo. Al igual que en España, el impuesto afectará a la electricidad, el gas y las petroleras. De momento, se prevé para este año y se analizarán los resultados trimestralmente. La idea es que el impuesto se aplique sobre la diferencia de los márgenes brutos de la compañía del año pasado frente a este. Para calcularlo, se tomará como referencia las declaraciones del IVA presentadas por las compañías. Se activará el impuesto si el margen de beneficio se hubiera aumentado en más de 100.000 euros y en más del 10% en un solo periodo.
Un impuesto similar también ha sido aprobado en los últimos días en Reino Unido. En este caso, los legisladores han aprobado una norma, que deberá ser refrendada definitivamente por las cámaras, por la cual se aplicará un impuesto del 25% sobre los beneficios extraordinarios para los productores de petróleo y gas en el Mar del Norte. Con esta medida, se estima que se podrían recaudar unos 5.900 millones de euros. Fue el Gobierno conservador de Boris Johnson el que puso esta medida sobre la mesa el pasado mes de mayo y ahora ha cumplido un trámite parlamentario más, a falta de los lores.
Los detalles que se conocen respecto al impuesto español todavía son escasos. Ribera explicó este miércoles que se trata de gravar la diferencia de beneficios con un mismo nivel de rentas. Es decir, cuánto han aumentado las ganancias con un consumo similar. “Es donde se nos muestran los beneficios extraordinarios”, apuntó. Ribera ha señalado que es el Ministerio de Hacienda quien está perfilando los detalles de este tributo y que lo presentará “en las próximas semanas”.
Sí se conoce la estimación de ingresos, que avanzó Sánchez que serán 2.000 millones anuales. Estará vigente dos años, este y el próximo. El presidente del Gobierno ya anunció este tributo, una exigencia de sus socios de Gobierno, el pasado mes de junio cuando expuso el segundo real decreto de medidas contra la crisis de inflación. Esta norma se aprobará esta semana en el Congreso, pero el nuevo tributo tendrá una tramitación independiente, al igual que el anunciado para la banca. La vía será la de la proposición de ley en el Congreso presentada por los grupos parlamentarios que componen el Ejecutivo. De este modo se prevé que puedan tener un respaldo legal que evite los recursos de las eléctricas y que llegue a tiempo para gravar ya los beneficios que se obtengan este ejercicio.
Pese a que la estimación existe, el Gobierno todavía no ha avanzado exactamente cómo se calculará la base imponible y cuál será el tipo que se aplique. “Se está trabajando en el formato y las líneas generales”, apuntó este miércoles Ribera. La vicepresidenta defendió que las eléctricas tienen que tener una aportación mayor en este contexto. “No es razonable consentir que se incrementen exponencialmente los beneficios de algunas compañías sin que ello esté representando un incremento de costes y que seamos los ciudadanos quienes contribuyamos a esos beneficios”, ha defendido. La vicepresidenta ha descartado que este impuesto vaya a afectar a la reinversión que las empresas energéticas deban hacer en sus sistemas e infraestructuras. “Lo tenemos que diseñar para que esto no ocurra”, apuntó. “Más que incrementar beneficios y dividendos deberían trabajar en contención de precios. Sus clientes lo están pasando mal”, enfatizó.
Tanto banca como energéticas han rechazado la creación de los nuevos tributos en España, pese a que en el caso de la energía ya existen otros impuestos similares en Europa. El exconcejal socialista en Madrid y actual vicepresidente de Iberdrola España, Antonio Miguel Carmona, declaró este miércoles que considera que este impuesto se circunscribirá únicamente a gasistas y petroleras, pese a que Sánchez también incluyó a las eléctricas en su discurso. “Entendemos que este impuesto es a las petroleras y a las gasistas que representan el 75% de la energía. Nosotros, muy al contrario, tenemos un recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y al tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo”, aseguró.
También las petroleras se han revuelto ante este impuesto y han negado la existencia de beneficios extraordinarios. Fuentes de la patronal, la AOP, señalaron este miércoles a Europa Press que “no se puede hablar de beneficios extraordinarios” y que “los márgenes son cíclicos y en 2020 se produjeron pérdidas de miles de millones”. La realidad es que la propia Agencia Internacional de la Energía detectó “enormes 'beneficios caídos del cielo' para las eléctricas por el gas”: “Las actuales condiciones del mercado podrían llevar a un exceso de beneficios de más de 200.000 millones de euros en la UE”, señaló el organismo.
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