Retroactividad e inseguridad jurídica. Porque el nuevo sistema de retribución invalida el que se estaba empleando hasta ahora, sancionado por el BOE. Y lo hace a peor: la bautizada “rentabilidad razonable” por el Gobierno en su Ley del Sector Eléctrico se traduce en el 7,4%, en un recorte de 1.750 millones. Dentro de esa media, están los que se quedan a cero: las instalaciones eólicas montadas en 2004 o antes. Ni un euro.
La patronal del sector eólico, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), asegura que es la más perjudicada por la reforma: “Cerca del 67% de lo que espera ahorrarse el Gobierno este año como consecuencia de la recaudación retroactiva de los incentivos al régimen especial recaerá sobre la eólica, que tan sólo percibe el 25% de las primas”.
La energía eólica, según la propia memoria de la orden ministerial enviada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), representa un 50% “de la energía generada por las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos.
En los 1.538 folios remitidos por el departamento de José Manuel Soria, se encuentran los 32 de la Memoria Justificativa y Económica, los 233 de los Parámetros y Estándares y los 1.273 de anexo con las fichas de la retribución para cada instalación renovable en función de los centenares de parámetros definidos: 576 para las plantas fotovoltaicas, 806 para la cogeneración, 23 para la eólica y 18 para la termosolar. En total: 1.423.
“Los recortes son muy heterogéneos. Un traje a medida. Las certificaciones a posteriori siempre son nefastas”, según Jorge Morales, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. “Infumable”, según José Vicente Barcia, de Ecooo: “Quieren erradicar las renovables, cuando el futuro pasa por ahí. Buscan que los pequeños productores acaben expropiados y que vendan sus instalaciones a precio de saldo a las empresas del oligopolio. Si en realidad hubiera un mercado libre, la solar sería rentable, no necesitaría primas”.
Morales explica algunos detalles: “En el caso de las fotovoltaicas, el texto dice que 'para la potencia pico del generador fotovoltaico se considera un incremento del 15% respecto a la potencia tipo'. Pero, claro, la potencia pico depende del sistema, del diseño, las condiciones geográficas y meteorológicas. Es un café para todos y a posteriori, por lo que al final todos perdemos”.
“Algunas plantas se quedan casi igual que estaban en 2010, otras alcanzan un 40% de recorte en 2014 –especifica–. A priori, las más perjudicadas son las que más producen. Esto es, las más eficientes. Bien por estar más al sur, por tener más paneles por kilovatio nominal, por tener seguimiento... Es injusto y arbitrario. ¿Cómo se puede retribuir de la misma manera una instalación fotovoltaica de Galicia y de Canarias? La media hará que la gallega gane más, pero la canaria ingresará mucho menos que hasta ahora”.
A juicio de la AEE, “es un error político histórico regular en contra de la primera fuente de electricidad del país, recortando de golpe el valor de las empresas del sector al condenarlas a una inevitable depreciación de sus activos, a problemas de caja para hacer frente a los créditos y a dificultades incluso para refinanciar los proyectos. Se trata de una normativa retroactiva, la más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país en contra del sector eólico, considerado un sector de futuro en todo el mundo”.
Los números no cuadran
En su documentación, el Gobierno afirma haber aportado 50.000 millones a las renovables entre 2003 y 2013, de los cuales 9.000 corresponderían al último año, “financiado por los consumidores eléctricos”. Sin embargo, sus papeles dicen otra cosa.
Si se suman los conceptos que indica, las cogeneraciones han recibido 1.961 millones; las centrales de energías residuales, 2,17; las instalaciones solares fotovoltaicas, 2.600; las instalaciones solares termoeléctricas, 925; las instalaciones eólicas, 2.000; el área hidroeléctrica, 200; las instalaciones de biomasa, 240; las de biogás, 49; y las de generación con residuos, 146. En total: 8.123,17. Es decir, 876,83 millones menos de los “aproximadamente 9.000 millones” que, según el Gobierno, se aportó en 2013.