El Gobierno retrasa sin fecha la reforma de la tarifa regulada de la luz que le exigió Bruselas a cambio de autorizar la excepción ibérica, un cambio cuya oportunidad y efectos acaba de cuestionar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador cree que el nuevo sistema de cálculo va a encarecer los precios y pide esperar para aplicarlo.
El Ejecutivo todavía no ha enviado al Consejo de Estado el texto que recoge la reforma de esa tarifa, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Su modificación fue una exigencia de la UE a cambio de aprobar la solución ibérica. El Gobierno confirmó este lunes que va a pedir a la Comisión Europea prolongar la vigencia de ese tope al gas.
En principio esta intervención excepcional expira en mayo, pero el Gobierno quiere extenderla hasta que esté en vigor la prometida reforma del mercado eléctrico en la UE. El objetivo es evitar que los precios del gas contaminen los de la electricidad, tras los buenos resultados de ese tope al gas.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que este martes va a presentar en el Consejo de Ministros la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo que España va a plantear a la Unión Europea, prometió tener lista para este mes de enero la reforma del PVPC. Expirado ese plazo, fuentes del Gobierno indican que el borrador todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado.
La propuesta ha tenido una tibia acogida por parte de la CNMC. El `súperregulador’ ha pedido que no se valore la “necesidad” de implantar esa reforma mientras esté en vigor la excepción ibérica. Y, según confirman fuentes del Ejecutivo, el borrador no se ha enviado aún a ese órgano consultivo. “Se está trabajando sobre las propuestas de la CNMC antes de remitirlo” al Consejo de Estado, explican esas fuentes.
El Real Decreto-Ley que aprobó en mayo la excepción ibérica para permitir esa intervención extraordinaria del mercado eléctrico reconocía que “una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea era la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor”.
Y ese texto emplazaba a poner en marcha “antes del 1 de octubre de 2022” las modificaciones reglamentarias necesarias para hacer menos volátil el PVPC, al que hay acogidos 8,8 millones de consumidores domésticos y pymes, según los últimos datos de la CNMC (de julio).
En octubre, con algo de retraso sobre ese calendario, Transición Ecológica sacó a consulta ese proyecto de Real Decreto. La nueva norma planteaba que solo puedan acogerse al PVPC las micropymes, lo que dejaría fuera de la tarifa regulada a decenas de miles de empresas, y también a cientos de ayuntamientos y otros organismos públicos.
En ese borrador se señalaba que la nueva fórmula de cálculo del PVPC estaría en vigor “el 1 de enero de 2023”, plazo que ya se ha incumplido. Posteriormente el Gobierno defendió en el Congreso que el mercado mayorista de electricidad, pese a la mayor crisis energética en décadas, está en una situación “idónea” para abordar esa reforma.
Pero han pasado las semanas, y en un contexto de precios de la energía más bajos de lo esperado en Europa, con un invierno que no ha acabado de llegar y con los almacenes de gas en la UE sin vaciarse desde hace tres semanas, de momento no hay fecha para que entre en vigor la nueva fórmula de cálculo del PVPC.
El informe del pleno de la CNMC, cuyas observaciones ahora podrían introducirse en el texto que se remita al Consejo de Estado, se aprobó el pasado 16 de diciembre, aunque no ha trascendido hasta ahora. Una vez recibido, el supremo órgano consultivo del Gobierno tendrá hasta dos meses para emitir su dictamen no vinculante.
La propuesta inicial del Ejecutivo pasa por dar más peso a las denominadas señales a plazo: los precios anuales, trimestrales y mensuales, para reducir la volatilidad de esta tarifa. Transición Ecológica planteó en octubre que el PVPC se fije mediante una cesta de productos en la que el precio diario de la luz en el conocido como pool pesará un 45%, y el de los mercados a plazo, el 55%, con una aplicación progresiva hasta 2025. Ese 55% se repartiría entre los futuros anuales (un 54%), los trimestrales (36%) y los mensuales (el 10% restante).
Según Competencia, esto va a suponer un sobrecoste con respecto al actual diseño del PVPC. La propuesta, avisa, “permite reducir en cierta manera la volatilidad de las facturas del consumidor”, pero incorpora “una serie de costes que le pueden suponer un incremento del precio frente a la metodología actual”.
“Con la metodología propuesta se incrementa el coste del suministro de las comercializadoras de referencia al incorporar un componente de riesgo de volumen” y “se añade un término adicional de apuntamiento de los precios para reforzar la señal de precios de mercado de contado”.
Esto “incrementa en determinados escenarios el coste para el consumidor con respecto a lo que representaría una cesta de productos de mercado de contado y de mercado a plazo”, advierte el organismo que preside Cani Fernández.
La CNMC también aconseja esperar a que deje de estar en vigor la excepción ibérica, en principio, en mayo, para analizar si finalmente se implanta este nuevo sistema. “Sería conveniente realizar un análisis de la metodología propuesta del PVPC una vez finalice la aplicación del mecanismo de ajuste” para “valorar la necesidad y proporcionalidad de esta reforma en la metodología del PVPC”, avisa el informe.
El organismo también ha pedido que, entre otras cosas, se revise la retribución de las comercializadoras de referencia, las únicas que pueden suministrar el PVPC, cuyos costes en los últimos años “podrían haberse visto reducidos, por ejemplo, por la implantación de la digitalización en la actividad de la comercialización”.
También recomienda que se desvincule el bono social de esta tarifa (es obligatorio tenerla para disfrutar de esos descuentos para vulnerables) y se vincule a las subastas de renovables.
El PVPC, la tarifa “de los tontos”, en desafortunada expresión del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es la tarifa regulada a la que pueden acogerse los pequeños consumidores domésticos con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios.
Está directamente vinculada a la cotización horaria del mercado mayorista. El Gobierno del PP la implantó en 2014 en respuesta a la especulación con el anterior sistema de subastas trimestrales, conocido como Cesur. Hasta la actual crisis energética, fue siempre más barata que las ofertas del mercado libre, tal y como constató en sucesivos informes la propia CNMC.
Como señal de precio al consumidor, el PVPC es imbatible y siempre fue la opción más recomendable, pese a llevar años en retroceso frente a los ofertas del mercado libre. Pero el descontrol que vivió el pool tras la invasión rusa de Ucrania convirtió su diseño en perverso, al estar indexada a la cotización que marca cada hora el mercado mayorista de electricidad.
La reforma del PVPC era una exigencia de Bruselas que las eléctricas llevaban años reclamando. El Gobierno abrió una consulta pública para reformarla a finales de 2021 pero aparcó la idea ante la falta de consenso. Finalmente se plegó en mayo, a cambio del visto bueno de la Comisión Europea a la solución ibérica.
Una intervención del mercado que las eléctricas trataron de tumbar en Bruselas y que, tras los buenos resultados cosechados, ahora el Ejecutivo busca extender al menos hasta fin de año, o mientras no se reforme el mercado eléctrico a nivel europeo.
España, que ha sido clave en la adopción de medidas como la fijación de un tope al precio del gas a escala europea o las compras conjuntas de combustible, lleva desde el otoño de 2021 reclamando esa reforma en profundidad del mercado de la electricidad en la UE.
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