Pese a las peores previsiones económicas para 2019, la asunción de un crecimiento menor de la economía española y un contexto de incertidumbre política, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este viernes unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año claramente expansivos con un incremento del gasto social de 12.600 millones, un 6,4% más que el año anterior hasta sumar 209.510 millones, aunque se mantiene el objetivo de déficit del 1,3% aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y se prevé un descenso de la deuda pública al 95,8% del PIB. La receta para solventar la imposición del déficit por parte de PP y Ciudadanos, que el Gobierno socialista no ha podido salvar debido a su minoría parlamentaria, tiene sus ingredientes en el incremento de ingresos a través del aumento de impuestos, que supondrán una subida del 8,3% respecto al Presupuesto de 2018: 227.356 millones de euros.
La ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, ha definido las cuentas públicas para 2019 como “preparados para cambiar en busca del futuro y huir del pasado en blanco y negro del que algunos están teniendo nostalgia”, en referencia al avance del partido ultraderechista Vox y “sociales, que buscan equilibrio, convivencia y unión. Redistribuir para crecer y crecer para redistribuir”.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, admitió este jueves una rebaja de una décima en la previsión de crecimiento económico para este año, hasta el 2,2%, una cifra que se alinea con el pronóstico de organismos como el FMI o la OCDE, que vaticinaron una reducción del PIB español para 2019 el pasado noviembre. Con este planteamiento Calviño ha definido en la rueda de prensa el diseño de las cuentas públicas bajo “la idea del principio de prudencia”.
En el cuadro macroeconómico de este año, la ministra de Economía ha destacado el “dinamismo de la inversión, la contribución ligeramente negativa del sector exterior y la reducción de la tasa de paro, que pasa del 15,5% al 14% en 2019”. En el caso del desempleo, las previsiones del anterior cuadro económico establecían una tasa de paro para 2019 del 13,8%. También ha apuntado la caída de la demanda interna, que pierde siete décimas hasta el 2,2%.
Esta ralentización de la economía no evita que el Gobierno muestre su optimismo en los ingresos vía impuestos, especialmente gracias al IVA, que pese a la previsible caída del consumo, se va a incrementar en un 9,4% (78.307 millones) y a Sociedades, con la aprobación de la tributación mínima del 15% del Impuesto, que según el Gobierno va a suponer 1.776 millones más, para que la recaudación se incremente hasta los 27.579 millones, una subida del 13,7% respecto a los PGE de 2018.
A estas figuras impositivas hay que sumar otras nuevas como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que van a suponer 2.050 millones más de ingresos. A lo que hay que sumar la fiscalidad verde (670 millones más) con la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares, así como la subida del IRPF a los contribuyentes que ganen más de 130.000 euros al año y a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros (328 millones) o el incremento del 1% del Impuesto del Patrimonio cuando excedan de los 10 millones de euros.
Otras medidas más etéreas son la prevención y lucha contra el fraude, la prohibición de amnistías fiscales, reforzar la lista de morosos y limitar los pagos en efectivo, que el ministerio de Hacienda ha traducido en un impacto positivo de 828 millones.
Con la suma de estos ingresos (5.654 millones), el Gobierno de Sánchez busca solventar “la renuncia a los 6.200 millones de euros para inversiones y Estado de Bienestar” debido a la negativa de PP y Ciudadanos a aprobar una senda de déficit del 1,8%, que según la ministra Calviño había sido acordado con las autoridades comunitarias.
Este incremento de ingresos permite al presidente Pedro Sánchez cumplir con sus compromisos sociales. La ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá ha apuntado que con estas cuentas públicas se pretende “rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno”. Desde aumentar la partida a la dependencia en un 58,3%, hasta los 2.232 millones, según el Ejecutivo, a aumentar en 321 millones las partidas para luchar contra la pobreza, incrementar las becas en 1.610 millones o que la lucha contra la violencia de género cuente con 220 millones de euros de presupuesto, además de mantener las medidas acordadas por el Gobierno anterior: una subida de las pensiones de un 1,6% y aumentar el sueldo de los funcionarios cerca de un 2,5%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas cuentas “marcan un punto de inflexión en la política económica y presupuestaria de los últimos años, dado que se hace compatible la consolidación fiscal con el crecimiento del gasto público, redistribuyendo la riqueza y apostando por un modelo económico más inclusivo y sostenible”.
De esta manera las grandes cifras de gasto social, el 57% de las cuentas públicas según el Gobierno, se reparten con los 153.864 millones dedicados a pensiones, 18.402 millones destinadas a las prestaciones del paro y 5.895 millones al fomento del empleo, los los 2.232 millones dedicados a dependencia, otros 1.413 millones para Servicios Sociales y Promoción social, 2.272 millones para Educación, y una partida para Sanidad que el Ejecutivo ha dividido en 2.037 millones para Sanidad sin incluir Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativos y 2.255 millones para la Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.
El Gobierno también apunta que la financiación territorial aumenta en 7.859 millones, de manera que las Comunidades autónomas recibirán 110.570 millones, un 6,2% más, a lo que hay que sumar 2.496 millones más por el desfase del IVA. Las entidades locales tienen asignados 19.329 millones, lo que supone una subida del 7,6%.
Montero llevará el próximo lunes al Congreso el proyecto de Presupuestos, que previsiblemente se enfrentarán a su primera votación el día 13 de febrero. Teniendo en cuenta de que los días 22 y 23 de enero ya están ocupados en la celebración de un Pleno extraordinario para convalidar ocho decretos ley del Gobierno, habrá un plazo para que los grupos que lo deseen presenten sus enmiendas a la totalidad, con las que buscarán tumbar el proyecto y devolver las cuentas al Gobierno.
Concretamente, tendrán hasta el viernes 8 de febrero al mediodía para registrar esas enmiendas, que se debatirán previsiblemente en sesión plenaria la semana siguiente, los días 12 y 13 de febrero.