El Gobierno retrasa la fecha para alcanzar el superávit de las cuentas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que los nuevos objetivos de déficit que se han acordado con la Comisión Europea marcan una nueva senda de estabilidad por la que el objetivo del déficit en 2019 pasa del 1,3% al 1,8%, cambia del ,0,5% al 1,1% en 2020 y del anunciado superávit en 2021 se cerrará ese año con un déficit del 0,4%.
El Gobierno terminó por admitir lo que era una realidad contable: no se iba a cumplir con el objetivo de déficit del 2,2% en 2018. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció este jueves que el Gobierno elevará el objetivo de déficit público al 2,7% del PIB este año y al 1,8% en 2019 , frente a las previsiones del 2,2% y del 1,3% que estimaba el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy y que habían sido pactadas con la Comisión Europea.
En la rueda de prensa tras el consejo de ministros, Montero ha asegurado que el Gobierno anterior diseñó unos Presupuestos “sin respetar reglas de estabilidad presupuestaria, como había advertido la Comisión Europea y otras instituciones”. La ministra ha asegurado que si se hubieran mantenido los anteriores objetivos de déficit se había tenido que hacer “un ajuste adicional de 11.000 millones de euros, lo que hubiera limitado la acción del Ejecutivo y hubiera tenido un impacto de medio punto del PIB en el crecimiento económico y, por la tanto, una pérdida de empleo”.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del Gobierno de Mariano Rajoy anunció el pasado abril que el conjunto de las administraciones públicas lograrían un superávit del 0,1 % del PIB en 2021, que será el primer ejercicio sin déficit público desde 2007. Tanto la Comisión Europea con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRieF) descartaron la posibilidad que el Gobierno cumpliera con estos objetivos teniendo en cuenta con los compromisos de gasto en pensiones, subida de sueldo de funcionarios y otros que se asumieron en los Presupuestos de 2018.
A juicio de la titular de la cartera de Hacienda, “la flexibilización por parte de de la Comisión Europea de los objetivos de déficit es una magnifica noticia para conjugar estabilidad presupuestaria, crecimiento sostenible y empuje social. Los margenes son estrechos pero el ciclo económico permite que la reducción del déficit se pueda acompasar con crecimiento económico y políticas sociales, que no se ahogue por la inflexibilidad de un compromiso imposible de cumplir”.
Empresas que facturen más de ocho millones
Respecto a los nuevos impuestos que está preparando el Gobierno, la ministra de Hacienda ha apuntado que aunque se aprueben en las próximas semanas no entrarán en vigor hasta el próximo año. Montero ha explicado que el impuesto a las empresas tecnológicas se centrará en en “su actividad publicitaria y sobre las aplicaciones de intermediación en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea; el impuesto a la banca se fijará ”sobre las transacciones“ mientras que la ”revisión del impuesto de sociedades, que irá incluida en la Ley presupuestaria de 2019, se busca que el tipo real se acerque al tipo teórica y se simplifiquen las deducciones“.
Sobre esta última figura impositiva, la ministra ha añadido que solo afectará a “grandes grupos consolidados, de manera que se excluyen a las pymes, se trata de compañías que tengan un volumen de facturación por encima de 8 millones de euros”.
En cuanto a la equiparación de las tasas a la gasolina y el diésel, Montero ha puntualizado que el incremento del impuesto al gasóleo será de manera progresiva y ha ratificado que quedará excluidos de la subida transportistas profesionales y a autónomos.
“Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico (de los vehículos diésel más contaminantes)”, ha subrayado.