Mayoría política sobre pensiones. Además, muy amplia. La gran parte de los grupos parlamentarios han avalado este martes las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo para el futuro del sistema público de pensiones en esta comisión parlamentaria, creada en 1995 para sacar de la pugna política el sustento de millones de personas. Aunque el informe del Pacto de Toledo será sometido al Pleno del Congreso en las próximas semanas, los partidos han levantado este martes sus cartas con un gran apoyo al trabajo de la comisión: han votado sí, además de los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Junts Per Catalunya y Coalición Canaria. Dos partidos independentistas, EH Bildu y ERC, han optado finalmente por la abstención por sus diferencias con el resultado final, aunque han reconocido muchos avances en el texto. Por último, la extrema de derecha de Vox ha sido la única que se ha decantado por el 'no' a las recomendaciones y que ha puesto en duda la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El balance final ha sido de “30 votos a favor, cinco recomendaciones y dos abstenciones”, ha resumido la actual presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la exministra de Trabajo con el anterior Ejecutivo del PSOE. Tras ello, un sonoro aplauso de los parlamentarios de la comisión ha puesto punto y final a casi cinco años de trabajo en el seno del Pacto de Toledo hasta lograr un acuerdo sobre el futuro de las pensiones públicas, que servirá de base para la reforma que pretende aprobar el Gobierno de coalición y que ahora está en manos del ministro José Luis Escrivá.
El responsable de la Seguridad Social ha iniciado ya el diálogo social con los sindicatos y la patronal para acometer estos cambios en el sistema de pensiones, que incluyen la revalorización anual “en base al IPC real” para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, así como el fomento de que la edad de retiro se acerque a la legal de jubilación, para lo que el ministro Escrivá propone fomentar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación y desincentivar las jubilación anticipadas voluntarias.
Los agradecimientos y reconocimientos al trabajo desempeñado en el Pacto de Toledo han protagonizado la tónica general de la comisión celebrada esta mañana. Muchos de ellos dirigidos a la actual presidenta, Magdalena Valerio, por su labor para facilitar el acuerdo y rebajar las tensiones entre los diferentes partidos, pero también a todos los diputados que han formado parte de la comisión en estos últimos años, como la expresidenta Celia Villalobos, y en especial a parlamentarios con un importante papel en el Pacto de Toledo, como Carles Campuzano, de PDeCAT. Además, todos los grupos han destacado con insistencia el papel del letrado del Pacto de Toledo Ignacio Gutiérrez Cassillas, por su “paciencia” y su trabajo a favor del acuerdo.
Una apuesta por el acuerdo, salvo en Vox
Las palabras “acuerdo”, “consenso” y también “cesiones” han sido una constante en los discursos de los portavoces de los grupos parlamentarios. En las formaciones que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, las diputadas Mercè Perea del grupo socialista y Aina Vidal y Meri Pita por parte del grupo confederal han calificado el acuerdo alcanzado este martes como una “muy buena noticia” por el mensaje que se envía al conjunto de la ciudadanía: la confianza y la solvencia del sistema público de pensiones. “Seguramente no hemos llegado a la satisfacción total, pero sí a la certeza y certidumbre”, ha subrayado Perea. Aina Vidal, que se reincorporaba a la comisión después de estar de baja por un cáncer, ha destacado que el acuerdo “blinda el carácter público de nuestras pensiones, las pensiones de hoy y del mañana están garantizadas”.
Esa garantía y la solvencia del sistema público de pensiones han estado presentes también en el discurso del resto de portavoces de los grupos de la oposición, excepto de Vox, que se ha desmarcado del acuerdo con el voto el contra de sus diputados y un discurso en el que niega la mayor: su portavoz, Pablo Sáez, ha defendido la existencia de unas “cuentas públicas insostenibles”, en las que incluye la Seguridad Social junto al conjunto del Estado. La consigna del partido de extrema derecha, que ya ha defendido en rueda de prensa Ivan Espinosa de los Monteros, se centra en el mensaje de que “Vox no va a engañar a los españoles” e insisten en la idea de la insostenibilidad del sistema por el aumento de la deuda y el déficit público en España, que se incrementará coyunturalmente por la pandemia.
Ese mensaje de “incertidumbre” que pone en duda las pensiones públicas ha contado precisamente con el rechazo de todos los partidos, incluidos ERC y EH Bildu (que se han abstenido en la votación por otros motivos). Todos los grupos parlamentarios, excepto el liderado por Abascal, han reafirmado su compromiso este martes en la garantía de las pensiones públicas, tanto el que sostiene hoy a diez millones de pensiones, como el que se encontrarán en un futuro los jóvenes de hoy.
El principal partido de la oposición, PP, ha votado a favor de las recomendaciones con un discurso de su portavoz, Tomás Cabezón, que ha marcado diferencias con la formación de extrema derecha. “Pactar y llegar a acuerdos requiere de mucha empatía, hacer renuncias, no dar nada por sentado, no presuponer. Requiere de alianzas, de trabajo y también que el que está al otro lado de la mesa asuma ese compromiso”, ha argumentado el diputado del PP. “Todo ello va en el ADN del Partido Popular, por eso es alternativa de Gobierno frente a otros grupos que no entran a los acuerdos. El PP nunca se esconde”, ha insistido Tomás Cabezón con un mensaje directo a Vox.
En Ciudadanos, su portavoz Pablo Cambronero, ha explicado el respaldo del partido a las recomendaciones, a las que no obstante emitirán varios votos particulares en el plazo establecido, hast el próximo 4 de noviembre. Estos votos versarán sobre el refuerzo del carácter contributivo del sistema, la apuesta también por el tercer pilar de las pensiones (los planes privados individuales) y un impulso claro de la jubilación activa, mediante la que se permita compatibilizar el salario con el cobro de la pensión.
El portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran, ha destacado la importancia de “dar confianza a los destinatarios del sistema” con este acuerdo por amplia mayoría y, como han hecho varios partidos, ha celebrado el ejemplo del Pacto de Toledo para que “la sociedad sea consciente de que es posible alcanzar un acuerdo en el Parlamento”. Ese espíritu del acuerdo en estos momentos críticos por la pandemia de coronavirus ha sido también ensalzado por Ciudadanos y los partidos del Gobierno, entre otros.
Las abstenciones
ERC y EH Bildu se han abstenido de las recomendaciones, aunque los portavoces de ambos grupos parlamentarios han señalado los avances en el texto del Pacto en esta legislatura respecto al que existía en la pasada. Jordi Salvador ha destacado que en otras ocasiones el partido catalán se decantó por el 'no' y en este caso ha avanzado a una abstención.
El portavoz de ERC ha justificado su voto por algunas recomendaciones que considera insuficientes, como la que aborda la separación de fuentes y reconoce que la Seguridad Social ha asumido durante muchos años “gastos impropios”, es decir, partidas no contributivas que se han pagado con cargo a las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores y las empresas. Jordi Salvador ha insistido en que este “saqueo” debería estar reconocido expresamente en las recomendaciones. Además, en ERC consideran que debe quedar claro que la Seguridad Social no debe financiarse a través de préstamos, que endeudan sus cuentas, sino a través de transferencias directas de los Presupuestos Generales de Estado, entre otras cuestiones.
Por parte de EH Bildu, su portavoz Iñaki Ruiz de Pinedo, ha insistido en que su grupo no renuncia “a llegar a un consenso” en los cambios legislativos de la Ley de la Seguridad Social, pero por el momento se abstiene del texto y va a presentar varios votos particulares en el Pleno de la Cámara. El diputado vasco ha insistido en “escuchar al movimiento de pensionistas” y ha enumerado varias cuestiones que su grupo considera fundamentales y que les han distanciado del voto a favor, entre las que figuran que las pensiones mínimas superen “el umbral de la pobreza” y se sitúen en el mismo nivel del SMI, que camina hacia el 60% del salario medio, según establece la Carta Social Europea.