La Agencia Tributaria logró recaudar 15.700 millones de euros en 2019, según los datos provisionales aportados este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Se trata de una cantidad 4,1% mayor a la del 2018 y que supera por la mínima la de 2015, un año en que se recaudaron 15.664 millones por una serie de expedientes extraordinarios.
La ministra ha recordado algunas de las pautas que se seguirán en el próximo plan contra el fraude fiscal, que incluirá la reducción a 1.000 euros los pagos en efectivo y a 600.000 euros la deuda tributaria necesaria para estar incluido en las listas de morosos (en la actualidad es de un millón de euros). También ha reiterado la intención de prohibir por ley las amnistías fiscales.
Montero ha indicado que se va a seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que “algunos contribuyentes no declaran por desconocimiento o porque no tienen los datos”. Para ello, se ampliará el borrador del IVA con información de carácter censal y se enviarán datos fiscales en el Impuesto de Sociedades en un borrador similar al del IRPF.
PGE antes de verano, financiación autonómica en noviembre
Por otro lado, Montero se ha comprometido a acelerar la tramitación de dos de los proyectos legislativos más importantes que tiene pendientes: por un lado tratarán de aprobar los Presupuestos Generales del Estado antes del verano y por otro esperan contar con un borrador de reforma de la financiación autonómica y local en noviembre.
La ministra también ha destacado que su departamento avanzará en la autonomía financiera de las comunidades autónomas con una “hoja de ruta clara” para que salgan progresivamente a los mercados para financiarse y ha señalado que trabaja en la puesta en marcha de un valor de referencia que será la base imponible de los impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones, informa Efe.
En materia presupuestaria, las cuentas de 2020 contarán por primera vez con tres ejes transversales, relativos a desarrollo sostenible, impacto de género y políticas de infancia, juventud y familia con el objetivo de “monitorizar los avances” en estas políticas prioritarias.
También se mejorará la transparencia de las cuentas, de manera que la ciudadanía pueda conocer de forma sencilla el destino de sus impuestos o los gastos más relevantes del Estado.
Asimismo, se incorporará la evaluación de las políticas presupuestarias “como manera de ganar legitimidad social” y eficiencia, al tiempo que se incorporarán los resultados de la evaluación del gasto público que desarrolla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la reforma fiscal que se impulsará en 2021.
Junto a ello, se flexibilizará la regla de gasto para adaptarla al ciclo económico a través de un informe en el que participarán regiones y corporaciones locales y que estará listo este año.