Fin a la huelga de árbitras: claves para entender un conflicto laboral basado en la discriminación

Este miércoles por la noche se ha desbloqueado la huelga de las árbitras después de una semana tensa, con la Liga femenina y la Copa de la Reina paralizadas. El acuerdo entre las partes -las árbitras, apoyadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y la Liga F- permitirá reanudar las competiciones. Aunque estaba prevista una reunión formal para la mañana de este jueves, finalmente el anuncio del fin de la huelga llegó en forma de comunicado conjunto al filo de la medianoche. El pacto supone la profesionalización de la figura de las colegiadas, hasta ahora el único estamento del fútbol femenino que trabajaba sin contrato.

A lo largo de esta última semana se han producido varias reuniones y conversaciones cruzadas que, hasta ahora, no habían dado resultados. De un lado, las árbitras, apoyadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reclamando sus derechos laborales. Del otro, La Liga F, entidad organizadora de la competición, que rechazaba de entrada sus demandas. Por último, el Consejo Superior de Deportes, que depende del Gobierno, y que ha mediado en las últimas horas para enfriar el conflicto.

En el comunicado hecho público por la RFEF se pone en valor el acuerdo y se destaca el papel del ente público: “A lo largo de la jornada de hoy se han producido una sucesión de conversaciones entre el Consejo Superior de Deportes y la RFEF que han fructificado en un acuerdo histórico para la profesionalización del estamento arbitral en el fútbol”. El desenlace llega, según el comunicado, “a través de la consolidación de unas partidas presupuestarias por las que el CSD aportará durante las tres primeras temporadas una cantidad de 350.000 euros extras por año”. Por su parte, la Liga F se ha pronunciado a través de otro comunicado en el que carga contra la RFEF y celebra que la competición vaya a reanudarse “tras el vergonzante episodio de la Jornada 1 que jamás debió haberse permitido”.

Las últimas en alcanzar la profesionalización

Hasta ahora, las árbitras de fútbol no eran consideradas profesionales. Son muchas las que, después de años trabajando, no han cotizado ni un solo día. Sin contrato no tenían derecho a bajas remuneradas, a paro o a vacaciones. Estaban al margen del sistema laboral con todo lo que eso conlleva en cuanto a derechos, y también en cuanto a salarios.

Tras años de reivindicaciones, por primera vez esta temporada la Liga F –la primera división de fútbol femenino– iba a ser profesional, pero solo para las jugadoras. Las árbitras, figura fundamental para la celebración de los partidos, se quedaban al margen del avance en derechos. Ante esta situación, y después de intentar negociar varias veces a lo largo del verano, decidieron convocar una huelga coincidiendo con el inicio de la competición.

Sus demandas se basan en la profesionalización de su figura: exigían un contrato laboral con un salario mínimo. Así lo resumía la árbitra Marta Frías, una de las portavoces del colectivo, en una rueda de prensa el pasado lunes: “Llevo 21 años en el arbitraje y no he cotizado ni un día. Estuve siete meses parada por una lesión de espalda, me pagué el fisioterapeuta, me tuve que pagar seguro privado y encima no cobré. Si no pitamos, no cobramos. No reivindicamos algo económico, sino un contrato”, explicó la colegiada. En esa misma comparecencia, su compañera Marta Huerta de Aza, árbitra internacional, contó cómo tras su reciente maternidad no recibió ningún tipo de apoyo.

Uno de los puntos calientes de la negociación estaba en el apartado económico, como es habitual en este tipo de conflictos. Y aquí las cifras difieren en función de quién las cuente. Las árbitras pedían en principio trabajar con contrato y reducir la brecha salarial con respecto a sus compañeros árbitros. Hasta ahora, la árbitra principal de un partido cobraba en torno a 300 euros. Todo el conjunto arbitral recibía 3.300 euros por cada encuentro, a repartir entre ellas –árbitra principal, asistentes y cuarta árbitra–, y de donde había que descontar gastos de desplazamientos, dietas y material.

La demanda inicial del colectivo era acordar unos ingresos de 21.000 euros anuales al principio, para llegar a alcanzar los 50.000 de manera progresiva. La Liga les ofrecía rebajarlo a la mitad, y finalmente el acuerdo eleva su salario hasta los 34.000 euros anuales, según la Cadena Ser. En el comunicado de la Liga F se habla de otras cantidades: “La árbitra principal pasa de 300 a 1.666 euros por partido; las asistentes, de 166 a 1.066; y la cuarta árbitra de 84 a 250”, aseguran.

En cualquier caso, la brecha salarial sigue abierta. La comparación con sus compañeros hombres, los árbitros profesionales de las competiciones masculinas, sigue siendo desigual. Los colegiados de la Liga Santander cobran en torno a 12.500 mensuales, 150.000 al año. Teniendo en cuenta solamente ese salario base, el acuerdo alcanzado por las árbitras supone un salario de menos de la cuarta parte del de sus compañeros hombres. Pero en el caso de ellos, a esa base hay que sumarle varios extras, como 4.000 euros por cada partido dirigido, 7.000 si son de Champions.

En cuanto a las jugadoras de primera división, a partir de esta temporada, la profesionalización ha hecho que tengan que cobrar al menos un salario mínimo de 16.000 euros, según la propia Liga F. Pero las deportistas estrella de clubes con más presupuesto pueden llegar a superar los 100.000 euros anuales. Años luz de las cifras astronómicas que manejan los jugadores de primera división.