¿Es el IBI un impuesto progresivo? El palacio en el que vive Esperanza Aguirre no tiene que pagarlo
Esperanza Aguirre se lamentaba en su biografía publicada en 2006 de que los altos techos del palacio en el que vive son muy difíciles de calentar y se gasta mucho en calefacción. Para aliviar a quejumbrosos propietarios de palacios, como es el caso de la candidata popular a la alcaldía de Madrid, la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tiene a bien dispensarlos de su pago.
Como estas, otras muchas exenciones trufan este impuesto que se delimita por la Ley de Haciendas locales pero que cada ayuntamiento moldea dentro de unos límites. El primero es elegir entre una horquilla de tipos impositivos, que van desde el 0,4% hasta el 1,1% del valor catastral, pero luego tienen capacidad también para aplicar reducciones, subvenciones y bonificaciones con los límites que marca la ley.
En el caso de Madrid, el impuesto está fijado en el tramo bajo del baremo (0,54%), pero la subida del valor del catastro en la última revisión (2012) ha aumentado mucho la factura que pagan los madrileños por este impuesto a la propiedad que sirve para sostener los servicios públicos locales. El de Barcelona, sin embargo, se encuentra en uno de los más altos de España, por encima del 0,75%.
Pero lo cierto es que por las especiales características de la Villa de Madrid se calcula que al menos 11.000 inmuebles han estado en los últimos años exentos de pagar este tributo. No pagan embajadas ni sedes ministeriales, ambas con mucho peso en el conjunto urbano de la Villa y tampoco colegios concertados. Pero, además, la Ley de Haciendas locales permite eximir del pago de este impuesto a los Bienes de Interés Cultural con características que fije el Ayuntamiento. Pero se da el caso de que en Madrid también están exentos del pago de este impuesto todos los que estén incluidos dentro del Conjunto Histórico del Recinto Villa de Madrid (en parte delimitado en la imagen que abre esta noticia por una línea azul) y cumplan varios requisitos: tener más de 50 años y estar incluidos en el Catálogo de Edificios protegidos con el nivel 1 de protección.
Esto hace que un buen puñado de palacios, palacetes y viviendas de alta alcurnia de la capital estén eximidos del pago del impuesto, un beneficio que es rogado, es decir, se tiene que solicitar. Según el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, la casa de Esperanza Aguirre cumpliría los requisitos necesarios para sortear el pago de este impuesto, siempre y cuando lo haya solicitado. (En la imagen, es uno de los edificios de Nivel 1 protección Integral que por protección de datos no situamos en el mapa, los de rojo oscuro y rojo claro estarían dentro de los que podrían solicitar la exención del impuesto).
Hasta 2013, además, no importaba que estos inmuebles se destinaran a explotación económica. Es decir, que pese a que sus dueños se lucraban con la explotación del edificio, no tenían obligación de tributar por la propiedad. Podría ser el caso del Palacio de Liria (que se puede visitar), pero también de los locales de algunos bancos, como la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya en el 16 de la calle Alcalá, el Banco Santander por la sede que tenía en Plaza de Canalejas 1, el Hotel Palace, o el selecto Casino de Madrid, entre otros muchos.
En ese ejercicio se introdujo una modificación en la ley que ponía como requisito el no tener afección económica para poder acogerse a la exención de este impuesto. Sin embargo, y ante la queja de muchos comerciantes de la zona centro, se introdujo una bonificación del 80% de la cuota resultante del impuesto, para estos inmuebles históricos pero lucrativos.
Lo que iba a ser transitorio se ha convertido en permanente, y aunque puede, Madrid sigue sin cobrar apenas por estos inmuebles, tengan o no actividad económica implicada. Desde el Ayuntamiento explican que “aunque se trata de una bonificación rogada, en el año 2013 (primer año de vigencia) se aplicó de oficio a todos aquellos inmuebles que ya venían disfrutando de la exención pero estaban afectos a explotaciones económicas y, desde dicho año, se sigue aplicando de oficio a todos los que vienen disfrutando de la citada bonificación y no han variado las condiciones. Para las nuevas solicitudes con efectos para el año 2015, el plazo de solicitud finalizó el 1 de marzo. Las presentadas con posterioridad durante 2015, si cumplen los requisitos, surtirán efectos en 2016 en el supuesto de prórroga de dicha bonificación, sin necesidad de presentar nueva solicitud”. Es decir, que siguen sin pagar.
Lo cierto es que, tal y como se ve en la imagen -que corresponde al madrileño barrio de Malasaña- hay cientos de inmuebles que se pueden acoger si lo solicitan a esta exención (se pueden ver todos aquí). Desde humildes corralas hasta palacios como el de Altamira, Gamazo, Longoria (sede de la SGAE), Miraflores o Marqués de Salamanca (sede de la Fundación BBVA).
Por este tipo de exenciones y otras conocidas y generalizadas en todos los ayuntamientos por obligación de la ley estatal (como las iglesias, autopistas aunque sean concesiones de pago, colegios, etc...) el impuesto es considerado por algunos expertos como regresivo en su diseño actual.
¿Es de izquierdas bajar el IBI?
El IBI es una tasa que grava la propiedad según la valoración catastral de la misma. Como es lógico, a más valor, mayor es el impuesto. Pero a este sinfín de agujeros en el diseño del impuesto se suma que las valoraciones catastrales, que dependen del Ministerio de Hacienda, a veces tampoco se ajustan a la realidad del barrio.
Eso aseguran desde la candidatura de Antonio Carmona, candidato a la alcaldía del PSOE en Madrid, que lleva en su programa bajar la tasa a los ciudadanos de la Villa. Ransés Pérez Boga, inspector de Hacienda, número tres de su lista y uno de los mentores de la medida, asegura que en Madrid los ciudadanos pagan demasiado por el impuesto, y que “es casi una obligación de la izquierda” el bajar el gravamen. En primer lugar, propone reducir el tipo impositivo hasta el mínimo que permite la ley (0,4%) y esperar hasta que se pueda instar una nueva revisión catastral (que no se puede realizar en Madrid hasta 2017) para corregir lo que considera sobrevaloraciones en algunos barrios en los que el valor del suelo ha caído en picado a raíz de la crisis.
Pérez Boga propone una política de subvenciones para familias sin recursos que alivie de la carga fiscal en algunos casos y también premie a los que colaboren con la Administración (una potestad que les permite la ley) incorporándose, por ejemplo, al sistema de notificación electrónica que ahorra costes al municipio.
En el programa de Ciudadanos se recogen medidas muy similares (bajada del tipo al 0,4% y especial tratamiento a los de menos recursos) y desde Ahora Madrid se mueven en el terreno de la tibieza, aunque sí son partidarios de que se ajusten las valoraciones catastrales en algunos barrios concretos. Por supuesto, Esperanza Aguirre también propone bajar la tasa hasta el límite del 0,4% y llevar “el valor catastral a valores antes de la crisis” algo que compete al ministerio de Hacienda.
Lo que sí proponen de nuevo la mayoría de las formaciones es en recargar el IBI de los inmuebles vacíos, en especial (según propone PSOE, IU y Podemos) los que tienen en su poder entidades de crédito. La recaudación media de España por este impuesto (32,6% sobre PIB) es menor que en la media de los países de la OCDE (34%) y está muy por debajo de los países vecinos como Francia (45%) o los nórdicos.
Alain Cuenca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, cree que el impuesto es “justo” en tanto en cuanto paga más el que más tiene y sirve para sostener las finanzas locales. “En general, se paga menos de IBI que de comunidad de vecinos”, recuerda el experto, que se muestra muy en contra de la propuesta de reducirlo. También discrepa Cuenca con los privilegios fiscales que tienen los ricos en estas viviendas consideradas patrimonio histórico.
Desde el Consejo General de Economistas creen que estos privilegios tienen su sentido por el alto mantenimiento que suelen tener estas vetustas propiedades. Un gasto que bien puede ser pagar la calefacción.