Industria confía en sacar adelante el PERTE del vehículo eléctrico este mes

El Ministro de Industria, Héctor Gómez, ha asegurado este lunes que confía en sacar adelante el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, conocido como PERTE VEC II, durante este mes de junio, a pesar del adelanto electoral. “Somos optimistas”, ha defendido Gómez, el primero en participar en las III Jornadas de Fondos Europeos organizadas por elDiario.es.

Gómez ha defendido que el Ministerio es “optimista” y que, en cualquier caso, este programa de apoyo a una transición hacia la movilidad sostenible saldrá “sí o sí” antes del 23 de julio, fecha para la que están convocadas las elecciones generales.

El vehículo eléctrico es uno de los instrumentos clave para la captación de fondos europeos en la industria de la automoción. Gómez ha asegurado que el PERTE está dividido en dos planos, uno dedicado al desarrollo de las baterías y uno segundo enfocado en la fabricación de automóviles. El programa saldrá adelante tras tener ya aprobado por parte de la Comisión Europea el desembolso de 830 millones, pendiente de otra convocatoria que el Gobierno confía en que llegará “pronto”.

El ministro de Industria ha apuntado que el objetivo de este programa está en la mejora del uso del vehículo en un contexto de transición hacia una movilidad sostenible. Entre otros aspectos, se contempla la mejora de los puntos de recarga o los incentivos fiscales y económicos para la adquisición de vehículos eléctricos.

“Son líneas de ayudas directas a empresas para que puedan desarrollar sus proyectos”, ha asegurado Gómez durante su intervención en las jornadas. El lanzamiento de este PERTE coincidirá además con la presidencia española de la Unión Europea que arranca el próximo mes.

El ministro ha asegurado que el foco de esta presidencia, en lo que corresponde a su área, debe de estar centrado en “cumplir el pacto verde”. Si bien, ha subrayado que es necesario afrontar esta transición “de la manera menos traumática posible”. “Tenemos que adaptarnos a la realidad y evitar que una normativa mal implementada pueda ocasionar sobrecostes”, ha zanjado.