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Industria se esconde ante la dimensión nacional del escándalo de Volkswagen

José Manuel Soria, en una imagen de archivo. EFE

Antonio M. Vélez

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha optado por un perfil discreto, casi subterráneo, ante el escándalo de falseamiento de emisiones de los motores diésel de Volkswagen, que ya tiene dimensión europea y española y amenaza con alcanzar dimensiones sistémicas, dada la importancia de la industria automovilística para la economía española. Esta actividad concentra el 16% de las exportaciones, aporta un 10% del PIB y emplea directa o indirectamente a un 9% de la población activa de España. 

El Gobierno alemán ya ha reconocido que de entre los 11 millones de vehículos que equipan los propulsores trucados hay coches que circulan en Europa; y la filial española de la compañía alemana, Seat, ya ha admitido que ha montado esos propulsores en un número de unidades aún por determinar, mientras crece el nerviosismo entre los trabajadores de la planta de Volkswagen en Landaben (Navarra) y Seat en Martorell ante la convulsa situación de la empresa.

Pero Industria, que no oculta su preocupación por el futuro de las cuantiosas inversiones (4.400 millones) anunciadas por el grupo para el próximo lustro en España, ha despachado el asunto hasta ahora con una nota de prensa, un par de declaraciones y una carta y una llamada telefónica del ministro pidiendo explicaciones al vicepresidente de Volkswagen.

Soria ha pedido públicamente que “sea cual sea la causa” del caso Volkswagen, “no afecte a las importantes inversiones” que el grupo había planificado en España. Este jueves, el presidente de Seat, Jürgen Stackmann, aseguraba a Europa Press que la inversión de 3.300 millones de euros prevista para los próximos cinco años en la automovilística española no está en riesgo. La versión, replicada minutos después por el propio Soria en declaraciones a la prensa, difiere de la que la dirección de la filial española ha trasladado a los sindicatos.

En una reunión con los portavoces de CCOO, UGT y CGT de Seat en la planta de Martorell, la dirección del grupo trasladaba en la tarde del jueves que la filial quiere “llevar adelante” esas inversiones, pero no garantizó que no se vayan a ver afectadas, según fuentes presentes en el encuentro. Los motores sospechosos, según ha trasladado la marca a los representantes de los trabajadores, fueron montados entre 2010 y 2013. Y la cifra de vehículos “para nada” corresponde con el medio millón unidades que se baraja. Es, según Seat, “muy inferior”, explican esas fuentes. 

Mientras llega la respuesta de Wolfsburgo (sede de Volkswagen en Alemania) a las peticiones de información de Soria, que llevará este viernes al Consejo de Ministros su polémica regulación del autoconsumo eléctrico (aunque no es seguro que se apruebe), en el Gobierno no hay planes, de momento, para crear una comisión interministerial que analice la situación de Volkswagen y coordine la respuesta, según fuentes de Industria y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El departamento de Isabel García Tejerina deja el asunto en manos de Soria, que a su vez espera a que Volkswagen mueva ficha: “Lo primero, como es lógico, es que aclaren toda la información que ha solicitado y una vez que se obtenga, tomar la decisión que corresponda”, dicen en Agricultura.

Ausencia en el Congreso

El asunto ya ha movilizado a algunos grupos ecologistas y a parte de la oposición. El PSOE está analizando, según su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, la “posibilidad” de preguntar a Soria en la Cámara Baja por este fraude, aunque no podrá ser en la sesión de control del próximo miércoles, primera desde julio pasado, dada la ausencia del ministro (que estará de viaje oficial en su Gran Canaria natal), por lo que habría que esperar hasta mediados de octubre. Mientras, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) anunciaba este jueves que pedirá la comparecencia del ministro ante la comisión parlamentaria del ramo para que informe sobre qué está haciendo el Gobierno ante este fraude masivo y cómo protegerá a los trabajadores de la multinacional en España.

“Queremos que, de la forma más rápida posible, el Parlamento tenga conocimiento de lo que está haciendo el Gobierno español ante una situación de imprevisibles consecuencias. Sería muy grave que el Gobierno español no hubiera hecho nada hasta este momento”, señalaba este jueves el portavoz de la coalición en la Cámara Baja, José Luis Centella, que criticaba que el Ministerio se está mostrando “poco activo” en comparación con otros ejecutivos europeos que “ya se han puesto en marcha”. Centella pidió que “finalmente no sean los trabajadores los que paguen las consecuencias de esta gran metedura de pata” y que los empleados de Volkswagen “no sufran despidos por algo de lo que no tienen ninguna culpa”.

Ecologistas en Acción y la Plataforma por la Calidad del Aire de Catalunya exigían este jueves la acción inmediata de Soria y de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que el grupo alemán repare los daños ocasionados y se depuren las posibles responsabilidades penales y políticas que se deriven. “Mientras Alemania y Francia han iniciado investigaciones para esclarecer la situación, el Gobierno español ha permanecido callado”, critican.

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